Señor Director:
El 2021 pasará a la historia como el año en que mayor número de papeletas habremos ingresado a las urnas, diez en total, dependiendo de la región. Once si contamos la inminente segunda vuelta presidencial. Esto aplica para personas que nos encontramos en libertad, sin condenas ni medidas cautelares, desde fuera de la potestad punitiva, en una situación de privilegio, pues además, nuestra ciudadanía se encuentra intacta.
Este no es el caso de las personas privadas de libertad, objetos de una marginación política injustificada. Con fundamentos moralistas la Constitución actual regula presupuestos de pérdida de la ciudadanía o del derecho a sufragio. Entre ellas se encuentra ser condenado por penas superiores a pena aflictiva (3 años y un día), o ser acusado de algún delito que merezca dicha pena. Considerando que cerca del 29% de la población recluida puede votar debido a que no han perdido su ciudadanía ni se le ha suspendido su derecho a sufragio, ¿qué razón han argumentado los organismos públicos para oponerse al cumplimiento de la Constitución? No se justifica la inexistencia de una norma legal que disponga un mecanismo especial de votación.
La Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados presentó un conjunto de iniciativas para solucionar el problema: voto postal, voto anticipado y voto en recintos privativos de libertad. La sorpresa es mayor cuando constatamos que aún respecto de dichas propuestas no se quiere avanzar. Este es un derecho político que se viola una y otra vez en cada elección. Se vulneró el pasado domingo en las primarias presidenciales. La pregunta es si se volverá a vulnerar en noviembre, cuando acudamos una vez más para decidir quién gobernará los próximos años y también en las venideras elecciones, con énfasis en el plebiscito de salida de la Nueva Constitución en que el voto es obligatorio. Asimismo, ¿volverán las autoridades a infringir la ley si se promulga la ley sobre voto obligatorio?
Como organizaciones de la sociedad civil abogamos para que el Estado de Chile deje de vulnerar los derechos civiles y políticos de los que son titulares las personas, entre ellas, los presos de la revuelta social. Pero vamos más allá, nos preocupan todos los presos. Creemos que una auténtica democracia no se acaba con una sentencia condenatoria. Perseveraremos para que la nueva Constitución incorpore como parte de la ciudadanía a todas las personas sin exclusiones. Por una democracia sin muros ni rejas, queremos voto para todas las personas privadas de libertad.
Antonella Oberti, Red de Acción Carcelaria
Macarena Martínez, Fundación Kalén
Marcela Jofré Escobar, LEASUR
Margarita Maira, Ahora Nos Toca Participar
Rodrigo Villegas, Fundación Proyecto Reinserción
Vicente Canales de Proyecto Reinserción
