Señor director:
Existe una profunda crisis en el sistema de educación superior chileno. Desde el cierre de instituciones de manera voluntaria y no voluntaria, pasando por una ola de despidos en diversas universidades, problemas financieros que han llevado a reconocidas instituciones a desarrollar planes de recuperación, hasta la sospecha de financiamiento ilegal de la política a través de instituciones privadas. Ante este panorama, podemos ver que los proyectos insignes ligados a la gratuidad y financiamiento comienzan a mostrar signos de insuficiencia en el control del uso de los recursos públicos. Su utilización, en instituciones privadas, carece de la transparencia requerida que permita generar un seguimiento de los fines para lo que fueron destinados y con ello beneficiar a las y los estudiantes en particular y a la sociedad en su conjunto. Si bien las instituciones reciben dineros en formatos diversos y específicos tanto a través de la matrícula de primer año como por investigación, fondos concursables y planes de fortalecimiento, esta diversificación impide la proyección del trabajo institucional a largo plazo. Por ejemplo, la política de gratuidad determina que, ante la interrupción de los estudios por parte de estudiantes, las universidades deben devolver los fondos recibidos por este ítem, generando presiones para establecer políticas forzadas de retención.
Hoy vemos la propuesta de ley sobre el CAE en medio de un contexto convulsionado por los factores económicos nacionales, internacionales y políticos internos. No obstante, la discusión sigue desarrollándose sin considerar la realidad social del país y sin una mirada que sitúe a la universidad como un motor de desarrollo y con funciones claras dentro de la sociedad del conocimiento. Nuevamente, falta una mirada estratégica del sistema y las definiciones claves sobre lo que queremos -y lo que no- que las universidades sean. El enfoque sobre las regulaciones al financiamiento no puede continuar centrado exclusivamente en la matrícula, debido a los problemas ya evidenciados a corto y mediano plazo. A largo plazo, y en coherencia con las necesidades del país, el contexto demográfico, el contexto global y los desafíos productivos del futuro, se hace necesario profundizar en un financiamiento estable para las universidades estatales más allá de los fondos de investigación. En ellas, que pertenecen a todas y todos, pueden desarrollarse las respuestas que el país necesita.
Cuando sabemos los problemas de gestión que esto implicada al corto y mediano plazo, mientras que las proyecciones que tenemos al largo plazo, donde el cambio demográfico, las necesidades país, el contexto mundial, los desafíos productivos, entre otros, marcan la tendencia sobre las necesidades de mayor investigación y sistemas más eficientes de educación, incluyendo que las Universidades sigan siendo cajas pagadoras a costa del desarrollo del país.
Natalia Vargas P.
Académica U. Católica del Maule- FACSE
Dra. En Políticas Públicas
Alex Durán Riquelme
Candidato a Doctor en Educación U.
