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Sistema Nacional de Inteligencia de Piñera: una reforma que llora inteligencia

por 20 abril, 2018

Sistema Nacional de Inteligencia de Piñera: una reforma que llora inteligencia
Tomar de manera desaprensiva o liviana la llamada reforma del Sistema de Inteligencia del Estado, con la inclusión de organismos como la UAF, el SII o Aduanas, merece una revisión y aclaración de políticas, pues aún el cuadro directivo no está completo.  Con la ANI en la portada, nada se ha aclarado, pues la designación de Luis Masferrer –un abogado litigante con poca o nula experiencia en el tema– no aclara nada sobre el dato rotundo de que las competencias de coordinación ya existen y deben empezar a ejercerse, en este caso si el nuevo director efectivamente tiene el apoyo presidencial o es un acto de Subsecretaría.
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Hace poco más de una semana, el Presidente de la República Sebastián Piñera se refirió a la agenda de la comisión de seguridad que convocó, señalando cuatro temas prioritarios. Entre ellos destaca la necesidad de crear “un nuevo Sistema de Inteligencia Nacional, porque al terrorismo, al narcotráfico, a la delincuencia, se les combate con la fuerza del músculo, pero también con la inteligencia de la cabeza”.

En la minuta que el Gobierno entregó a los asistentes –según consigna el diario La Tercera del sábado 7 de abril–  se plantea “crear un organismo de coordinación dotado de atribuciones y responsabilidades eficaces”, al que deberían pertenecer el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio de Aduanas, además de todas las Inteligencias policiales y de las Fuerzas Armadas que forman el llamado Sistema de Inteligencia Nacional.

Este enfoque resulta preocupante por varias razones. La primera es que en todas partes, especialmente en los países que forman parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y de EGMON, destinado a coordinación y capacitación de instituciones, la inteligencia financiera está radicada en organismos especializados de carácter civil, generalmente de los Ministerios de Hacienda o del Tesoro Público. Ellos operan bajo estrictas reglas de profesionalidad, reserva o secreto, soberanía judicial de otro Poder del Estado, y sin subordinación o participación directa en el sistema de inteligencia política y/o estratégica del Estado. La mayoría, si no todas las economías de mercado libre como Chile, donde la sensibilidad e intangibilidad de la información financiera es un componente estructural del funcionamiento de su sistema económico, cuidan de manera estricta este funcionamiento.

En segundo lugar, porque la información que producen es de alta sensibilidad para los negocios particulares de las personas, y solo de manera excepcional se ve expuesta a la crítica penal en procesos de alta sensibilidad pública.

Y por último, esa separación está en directa relación con el clima de libertad económica y solo las autocracias o dictaduras buscan manera de vulnerar, a propósito, esa regla.

Se especula mucho acerca de la gran cantidad de  información de excedente que producen y almacenan esos servicios, la que no estaría siendo aprovechada adecuadamente en la investigación o prevención de delitos de alta complejidad, narcotráfico, financiación del terrorismo o lavado de dinero producto de la corrupción. Eso es efectivo. Pero el problema no es la falta de coordinación sino la existencia de unidades de investigación autónomas y especializadas –radicadas en los propios servicios– que puedan actuar en investigaciones a impulso propio, sin perjuicio de la soberanía judicial que deban experimentar, posiblemente del Ministerio Público y jueces de garantía, en materia procedimental. La UAF prácticamente opera bajo denuncia, y el SII se mueve siempre incómodo entre la recolección de dineros y su obligación sancionatoria.

De ahí que llame la atención que, sin mayor justificación o claridad de propósitos, el Gobierno de Sebastián Piñera haga una alusión ambigua y casi inadvertida a la inclusión de los servicios señalados (SII, UAF y Aduanas) a la llamada reforma del Sistema Nacional de Inteligencia, sobre la cual nadie conoce ni siquiera sus trazos más gruesos.

La alusión del Mandatario a la creación de un organismo de coordinación con “atribuciones y responsabilidades eficaces” llama doblemente la atención porque legalmente ese organismo ya existe: es la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Ella está dotada expresamente en su ley orgánica de facultades de coordinación de todo el sistema, las que se deben ejercer como coordinación en la segunda línea de su estructura, el Consejo Consultivo de Inteligencia, donde participan los servicios de las tres ramas de las FF.AA., además de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y a ese nivel, que no funciona pero que, si lo hiciera, podría perfectamente obtener información de los tres servicios, el Presidente desea agregar el SII, la UAF y Aduanas.

La falta de eficiencia o eficacia de la ANI hasta hoy, no es por falta de atribuciones sino de competencia profesional de su dirección y poco o nulo empoderamiento político del Presidente de la República de turno. Ello ha permitido que ni los servicios castrenses de inteligencia ni los de las policías se dejen coordinar y reconozcan la tutoría en materia de orientación estratégica de inteligencia por parte de la ANI. Más aún, los siniestros de seguridad experimentados por esos servicios en materia de corrupción, ampliamente documentados en los últimos años, como el de Carabineros, los inhabilitan para interactuar en ámbitos de reserva o secreto con servicios como Impuestos Internos o la UAF, sin más garantía que la voluntad gubernamental.

Al revés, sin un plan estratégico claro, agregarle SII, UAF y Aduanas a un sistema inoperante sin explicitar los beneficios y tipos de procedimientos, es un nuevo golpe a la seguridad del país, ahora en el ámbito económico y financiero, que puede reforzar la percepción o realidad de un sistema bajo presión y discrecionalidad política.

Se especula mucho acerca de la gran cantidad de  información de excedente que producen y almacenan esos servicios, la que no estaría siendo aprovechada adecuadamente en la investigación o prevención de delitos de alta complejidad, narcotráfico, financiación del terrorismo o lavado de dinero producto de la corrupción. Eso es efectivo. Pero el problema no es la falta de coordinación sino la existencia de unidades de investigación autónomas y especializadas –radicadas en los propios servicios– que puedan actuar en investigaciones a impulso propio, sin perjuicio de la soberanía judicial que deban experimentar, posiblemente del Ministerio Público y jueces de garantía, en materia procedimental. La UAF prácticamente opera bajo denuncia, y el SII se mueve siempre incómodo entre la recolección de dineros y su obligación sancionatoria.

Si se ponen sin precaución estas instituciones en el nivel de la inteligencia política o de seguridad del Estado, lo más probable es que la inteligencia policial y la de las FF.AA. penetren o accedan a información que no les corresponde, que quede solo sujeta a su secreto o la discrecionalidad del Gobierno de turno. O que se abra un túnel paralelo de información económica que pueda ser utilizado a discreción. El Comité Consultivo de Inteligencia que contempla la Ley de la ANI nunca ha funcionado bien, y como la agencia depende directamente del Presidente de la República, toda la información financiera y tributaria sensible de los ciudadanos, podría terminar a discreción en el despacho presidencial o de algún asesor de segundo piso.

Es evidente que un país que busca confianza requiere, más que nunca, un resguardo institucional de los nervios de su economía. Requiere un funcionamiento sano de los mercados, eficiente, equilibrado y probo de sus sistemas financieros, y la seguridad de la no intrusión de modos o mecanismos distorsionantes de la competencia y la transparencia.

La discusión de la Ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero el año 2002, produjo un centrado debate sobre estos aspectos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Al exponer ante ella, el entonces ministro del Interior José Miguel Insulza señalaba que la idea central del proyecto consistía en controlar el correcto uso del sistema financiero nacional, pero siempre bajo tuición del Ministerio Público cuando se detectare la comisión de un delito.

A su vez, el presidente de dicha Comisión, senador Andrés Chadwick, hoy ministro del Interior, consideraba como un elemento insoslayable la fiabilidad “en la Dirección de este organismo, toda vez que la amplitud de las atribuciones de que dispondrá para (…) indagar y recibir documentación, en un ámbito especialmente sensible, como es el financiero (…)  se asemeja bastante a la del Ministerio Público” y  apoyó el nombramiento por el Presidente con aprobación del Senado.

Y el senador Alberto Espina, coincidiendo con esta apreciación, expresó que debe preverse lo que ocurriría si esa persona detectase operaciones sospechosas en las que aparezcan involucradas altas autoridades de Gobierno o el propio Presidente de la República, o en las cuales los intereses que existen desde el punto de vista económico estén en pugna con el interés de descubrir actos terroristas, de narcotráfico o constitutivos de algunos de los otros delitos a que se alude en el proyecto de ley. Obviamente, la capacidad de resolución, independientemente de quien ocupa un cargo de esta envergadura, queda debilitada si su permanencia en él depende de la voluntad exclusiva del Presidente de la República.

Es decir, tal era la importancia de la institucionalidad que se creaba, que se la dejó como servicio público autónomo, dependiente del Presidente de la República con aprobación del Senado porque, en términos claros y directos, ni el Presidente de la República quedaba excusado de ser investigado por delitos relacionados con la ley y la operatoria de ese servicio.

Por lo mismo, tomar de manera desaprensiva o liviana la llamada reforma del Sistema de Inteligencia del Estado, con la inclusión de organismos como la UAF, el SII o Aduanas, merece una revisión y aclaración de políticas, pues aún el cuadro directivo no está completo. Con la ANI en la portada, nada se ha aclarado, pues la designación de Luis Masferrer –un abogado litigante con poca o nula experiencia en el tema– no aclara nada sobre el dato rotundo de que las competencias de coordinación ya existen y deben empezar a ejercerse, en este caso si el nuevo director efectivamente tiene el apoyo presidencial o es un acto de Subsecretaría. Con todo, como dato adicional, el organismo tiene ahora un subdirector militar (r) (de la Armada) cargo que no existe en el organigrama según la ley respectiva, y no se sabe bien de qué se hará cargo.

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