Opinión
Los hermanos Ponce Lerou construyeron su hegemonía en dictadura y controlaron la política duopólica que imperó en el país durante tres décadas por medio del financiamiento ilegal de campañas políticas al momento de defender sus intereses corporativos. SQM se transformó en una especie de “partido del orden del mundo privado”, generando una bancada transversal, desde la UDI al PS, partidos íconos de nuestra inmaculada transición. Tanto así que fue el propio Bitran el que reconoció, hace pocas horas, que había recibido presiones de “distinguidos políticos” de la Nueva Mayoría en medio de las tratativas.
Cuando se pensaba que la apertura de la arista que vincula a la constructora brasileña OAS con la ex Nueva Mayoría tendría cierta preeminencia en la agenda, facilitando por supuesto las posiciones de Gobierno, se instala nuevamente en los medios el nombre de SQM.
Esta vez, su aparición mediática se debe a un hecho particular: la contratación de los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou como “asesores estratégicos” de la minera no metálica. Esta simple operación, permitió a los hermanos Ponce Lerou “baipasear” el “espíritu” de la conciliación que hace cinco meses había puesto fin al arbitraje entre SQM y la estatal Corfo.
El trato era más o menos así: Corfo ampliaría la extensión de los contratos de arrendamiento del Salar de Atacama hasta el 2030 si es que Julio Ponce Lerou, además de sus familiares más cercanos, quedaban inhabilitados para integrar el directorio de la empresa: ¿Quién podría alegar que, hasta ahora, las obligaciones no han sido cumplidas?
Las constricciones que impone el Estado de Chile al delito de “cuello y corbata” se parecen más a la caída del pétalo de una rosa que a la efectividad de una sanción económica o condena punitiva. Vivimos ese curioso tiempo en el que el “marco de lo legal” y sus innumerables prácticas cotidianas –nada más “racional” para un agente del mercado que encontrar aquellos resquicios que le permitan “eludir” los marcos normativos– se vuelven, a los ojos de la ciudadanía, prácticas profundamente ilegítimas, burdas.
[cita tipo=»destaque»]Las condiciones para asumir la avanzada en el frenteamplismo son inmejorables, sobre todo, después de conocer la indolente respuesta que han tenido el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el de Economía, José Ramón Valente. Para estas sendas cabezas ministeriales, estamos simplemente ante un “problema de privados”. Con las horas, el titular de la cartera de Hacienda, Felipe Larraín, ha guardado un poco más la compostura, advirtiendo la “complejidad” de la situación y ubicándose más al lado de las “cachetadas de payaso” dadas por las principales representantes del mundo empresarial, que han reparado en lo delicado de la situación.[/cita]
Muchos analistas y no pocos políticos verán al ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, como el más ingenuo de los negociadores. No cederemos a la tentación. El problema es mucho más estructural y, por lo tanto, va mucho más allá de las capacidades negociadoras que pueda tener un actor gubernamental que opera sobre la base y los límites impuestos por un Estado subsidiario construido a imagen y semejanza del gran empresariado.
El fantasma del incestuoso maridaje entre el dinero y la política vuelve a merodear como un espectro en la opinión pública. El nuevo episodio SQM ha desencadenado una ola de reacciones en la totalidad de las fuerzas políticas y económicas organizadas, agudizando el malestar de la población, la cual no siempre reaccionará con hastío e indiferencia frente a la cultura del abuso reproducida por las elites económicas, políticas y religiosas de este país. Algo de esto hemos aprendido durante estas últimas semanas.
Instalar a SQM en el centro del debate, permite visibilizar la forma en que opera una de las vigas maestras del modelo instaurado en dictadura y consolidado en democracia. Abrir la compuerta SQM, significa toparnos de lleno con lo que el reconocido geógrafo británico, David Harvey, ha significado como el despliegue de un patrón de “acumulación por desposesión”, situación característica de la modalidad capitalista-neoliberal.
Si no quiere caer en el terreno de las “odiosas abstracciones teóricas” para comprender las lógicas reproducidas por empresas como SQM, bien vale explorar la segunda parte del libro de María Olivia Mönckeberg, La máquina para defraudar, publicado en 2015: “Es evidente –establece la Premio Nacional de Periodismo– que Julio Ponce Lerou se enriqueció con rapidez al amparo de Pinochet. Logró hacerse dueño de sus fundos, ganados y bosques, mediante contactos y convenientes deudas que no terminó de pagar. Y su botín más preciado fue Soquimich, la empresa no metálica del Estado de Chile que encierra en su suelo y su subsuelo grandes reservas básicas, cuyo control logró en 1987”.
La verdad es que en más de 30 años la historia de privilegios para SQM no ha cambiado un ápice. Tan solo unos días antes de que apareciera la información sobre la incorporación de los hermanos Ponce Lerou como asesores estratégicos de SQM, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger el requerimiento de Julio Ponce Lerou en contra de la multa de 1.700.000 UF (unos US$ 75,6 millones) que le impuso en septiembre de 2014 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por su participación en el denominado “esquema” del caso Cascadas, la cual descendería a una cifra cercana a los 75.000 UF (unos US$ 3,3 millones). Negocio redondo, dirá más de un apologista del mercado.
Es evidente que la plena concreción del incestuoso maridaje entre el dinero y la política se encuentra en SQM y lo que representan la figura de Julio Ponce Lerou y su familia.
¿No se transforma todo esto en una oportunidad inmejorable para que el Frente Amplio (FA) demuestre que puede constituirse en la principal fuerza opositora, no solo al Gobierno de Sebastián Piñera, sino también al modelo de sociedad que el mismo Gobierno intenta restaurar y, por supuesto, defender?
El FA, tal como es capaz de expresar un gran nivel de sintonía con la ‘ola feminista’ –situación ejemplificada en la “cercanía natural” de la primera candidata presidencial feminista de este país, Beatriz Sánchez, con el movimiento– debería expresar la misma intensidad interpelando políticamente a una empresa como SQM, a pesar de que este tema no esté dentro del marco de exigencias o demandas prioritarias de la población.
El Frente Amplio debe hacer notar que el principal actor de la obra, Julio Ponce Lerou, se ha enriquecido por décadas a costa de recursos económico-ambientales que tienen una importancia estratégica para el país.
Los hermanos Ponce Lerou construyeron su hegemonía en dictadura y controlaron la política duopólica que imperó en el país durante tres décadas por medio del financiamiento ilegal de campañas políticas al momento de defender sus intereses corporativos. SQM se transformó es una especie de “partido del orden del mundo privado”, generando una bancada transversal, desde la UDI al PS; partidos íconos de nuestra inmaculada transición. Tanto así que fue el propio Bitran el que reconoció, hace pocas horas, que había recibido presiones de “distinguidos políticos” de la Nueva Mayoría en medio de las tratativas.
Como sabemos, el FA proviene del “exomundo” de la política transicional, y ese solo hecho constituye hoy una virtud.
El Frente Amplio es la única coalición política excluida de las trenzas de corrupción que tejió el duopolio con el gran empresariado, agentes claves de nuestra paradigmática “vía chilena al neoliberalismo”. Por lo mismo, su impugnación y fiscalización debe ser radical. Las palabras de algunos parlamentarios frenteamplistas en la Cámara de Diputados parecieran ir en la dirección correcta.
Las condiciones para asumir la avanzada en el frenteamplismo son inmejorables, sobre todo, después de conocer la indolente respuesta que han tenido el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el de Economía, José Ramón Valente. Para estas sendas cabezas ministeriales, estamos simplemente ante un “problema de privados”. Con las horas, el titular de la cartera de Hacienda, Felipe Larraín, ha guardado un poco más la compostura, advirtiendo la “complejidad” de la situación y ubicándose más al lado de las “cachetadas de payaso” dadas por las principales representantes del mundo empresarial, que han reparado en lo delicado de la situación.
¿Se pondrá el Frente Amplio “pintura de guerra” para enfrentar la historia de SQM e intentar tumbar, de una vez por todas, el imperio de Julio Ponce Lerou?
