Opinión
Es importante establecer parámetros que permitan fijar los salarios de todos los “servidores públicos” de acuerdo a criterios que consideren la equidad respecto del resto de los trabajadores. Para el caso de los parlamentarios, el estándar que se utiliza en la Comunidad Europea es definir una remuneración proporcional al promedio de los sueldos del país. Estoy convencido de que esto es muy adecuado para Chile. En el caso de Italia es 5 veces la media; en España, de 1.5; y hoy, en nuestro país, de 17 veces el salario anual promedio. Ojalá que el populismo no se tome esta discusión.
Todos los años, cientos de proyectos de iniciativa parlamentaria se presentan en el Congreso. La mayoría de ellos quedan archivados, sin que nadie –ni sus autores– hagan nada para darles vida. La razón es simple: no tienen viabilidad alguna, pero cumplen con un objetivo preciso y puntual. Los diputados o senadores que los impulsan buscan ocupar espacios en medios y redes, así como tener pruebas frente a sus electores a la hora de la reelección. Ponga atención en los folletos o webs de muchos candidatos en la próxima campaña y podrá verificarlo: “El diputado presentó 10 proyectos de ley en el período legislativo”, y los describen uno a uno. Nada dicen de que jamás pasaron ni el primer trámite. Publicidad engañosa, por decir lo menos.
Como muestra un botón. Al revisar las mociones parlamentarias sin destino, encontramos que un número importante corresponde a la intención de declarar feriados nacionales o regionales para conmemorar las cosas más curiosas, extrañas y, la verdad, inútiles. Si todos esos proyectos se hubieran convertido en ley, no tendríamos más de una semana al año de trabajo. Bueno, no es tan mala idea después de todo.
Este preámbulo es para graficar dos iniciativas que suenan bastante bien, despiertan simpatía en la gente, pero que tienen escasas posibilidades de concretarse. No estoy negando la buena intención y el objetivo buscado por Boric, Jackson y Mirosevic cuando, en 2014, presentaron la indicación para rebajar el salario de los diputados de los actuales 9 millones brutos a 5 millones. Los diputados del FA argumentan que hoy reciben 34 veces el sueldo mínimo y esperan llegar a una proporción de 20 veces ese ingreso.
El proyecto estuvo detenido por años y, curiosamente, en estas últimas semanas se reactivó, aprobándose la idea de dar urgencia a la iniciativa. A favor votó gran parte de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio; en contra, la derecha en bloque, con la excepción de un par de parlamentarios de RN, como Marcela Sabat, diputada que a estas alturas se está convirtiendo en una díscola incómoda para el ex partido del Presidente.
Hasta aquí, se daba la lógica que ha tenido siempre esta discusión, es decir, los diputados de Chile Vamos férreos defensores de mantener las cosas como están y boicoteando el proyecto desde que se presentó. Sin embargo, de pronto, un actor inesperado tomó un protagonismo que descolocó a oficialismo y oposición.
El Presidente Sebastián Piñera no solo se refirió a la discusión en la Cámara, sino que también la amplió a todo el sector público. Un golpe duro a su propio sector –reaccionaron con molestia a las palabras del Mandatario– y un aliciente para el Frente Amplio, ya que no descartó ponerle urgencia al proyecto.
Pero vayamos a lo de fondo. Lo importante de la iniciativa de Jackson & Asociados es que instaló un tema que se eludió por años. Sin embargo, estaba acotado solo a los diputados. Esta es una reflexión que involucra a los tres poderes del Estado, incluidas las empresas públicas. Y va más allá de una medida simple como rebajar los salarios –en España, en 2011, en plena crisis económica, se recortaron en 5% los ingresos de todos los funcionarios–. Entre las variables a analizar están los criterios de cuán atractivo es el Estado para atraer profesionales de alto nivel, la brecha de desigualdad con el resto de los trabajadores del país, la equivalencia de ingresos de acuerdo a la responsabilidad del cargo, de qué manera la sociedad se protege del virus del cohecho o la corrupción y, por supuesto, cuál es el organismo que define una política salarial estatal.
[cita tipo=»destaque»]Lo importante de la iniciativa de Jackson & Asociados es que instaló un tema que se eludió por años. Sin embargo, estaba acotado solo a los diputados. Esta es una reflexión que involucra a los tres poderes del Estado, incluidas las empresas públicas. Y va más allá de una medida simple como rebajar los salarios –en España, en 2011, en plena crisis económica, se recortaron en 5% los ingresos de todos los funcionarios–. Entre las variables a analizar están los criterios de cuán atractivo es el Estado para atraer profesionales de alto nivel, la brecha de desigualdad con el resto de los trabajadores del país, la equivalencia de ingresos de acuerdo a la responsabilidad del cargo, de qué manera la sociedad se protege del virus del cohecho o la corrupción y, por supuesto, cuál es el organismo que define una política salarial estatal.[/cita]
De seguro no se avanzará mucho en este proyecto durante estos cuatro años. Incluso, entre quienes votaron a favor del mismo, las conversaciones de pasillo indican que hay escasa voluntad de poner el acelerador al tema, de hecho, varios han sostenido que la iniciativa de los diputados del FA no es más que un arrebato juvenil. Sin embargo, el Presidente Piñera logró visualizar una oportunidad que puede ser aplaudida por los ciudadanos. Claro que el riesgo que no ha advertido es que pronto surgirán voces que dirán que la rebaja de sueldos solo incentivará a los ricos a dedicarse al “servicio público” –esa manoseada frase– y los dardos podrían centrarse en su propia figura. La jugada maestra de Piñera sería seguir los pasos de Trump y fijar su salario en $1 al año.
Pero, de la mano de esta discusión, La Moneda ha anunciado que el próximo mes presentará el proyecto que rebaja a 120 los diputados y a 40 los senadores. Aunque estaba en el programa de Gobierno, esta iniciativa es francamente inconsistente y, más que ser interpretada por los chilenos como una buena noticia –el ahorro–, se percibirá como una nueva chambonada de la clase política. ¿Cómo es posible que a tres meses del debut del nuevo Parlamento se plantee echar pie atrás?
La lectura que se puede hacer es que todos esos años de discusión para crear nuevas circunscripciones y distritos, así como la modificación del sistema binominal, que implicó una mayor representación de las minorías y el aumento a 155 diputados y 50 senadores, fue inútil. ¿No sería lógico que el nuevo Congreso tuviera, al menos, unos dos a tres períodos para evaluar la necesidad de ajustes? Espero que la señal que quiere dar el Ejecutivo no sea que este sistema electoral no favorece a las grandes coaliciones y de ahí la necesidad del cambio. De seguro, la mayoría de las fuerzas políticas, y especialmente los partidos y grupos más pequeños que hoy están en el Parlamento, se opondrán con fuerza al proyecto de La Moneda.
Definitivamente, ambas iniciativas tienen muy poca posibilidad de llegar a puerto, al menos en el corto y el mediano plazos. Pero son políticamente correctas y bienvenidas para la ciudadanía. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que la plantilla del Congreso sea inferior o que los “señores políticos” ganen menos, considerando la percepción negativa que tienen de ellos? Y más aún cuando las cifras comparadas nos muestran a unos servidores públicos que reciben ingresos como un gerente de una gran empresa. Hoy un diputado chileno gana más que todos sus colegas de la OCDE –dónde están los países más ricos del mundo–, o sea, US$252 mil al año versus los US$174 mil de uno de los Estados Unidos. También recibe ingresos similares a los brasileños –cerca de US$10.200 al mes–, pese a que un par en Bolivia cobra apenas US$2.600, equivalentes a $1.600.000.
Pero es importante que ambas discusiones estén exentas de populismo. Los ciudadanos están cansados de ello y por eso no confían en el mundo político. Lo primero es evaluar el impacto y aporte para las regiones y grupos minoritarios de un Congreso con mayor diversidad antes de anunciar la vuelta atrás. Y también es importante establecer parámetros que permitan fijar los salarios de todos los “servidores públicos” de acuerdo a criterios que consideren la equidad respecto del resto de los trabajadores. Para el caso de los parlamentarios, el estándar que se utiliza en la Comunidad Europea es definir una remuneración proporcional al promedio de los sueldos del país. Estoy convencido de que esto es muy adecuado para Chile. En el caso de Italia es 5 veces la media; en España, de 1.5; y hoy, en nuestro país, de 17 veces el salario anual promedio. Ojalá que el populismo no se tome esta discusión.
