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Reformulando la Agencia y el Sistema de Inteligencia Nacional

por 17 julio, 2018

Reformulando la Agencia y el Sistema de Inteligencia Nacional
Las situaciones cambian y hoy el país exige más a su Sistema de Inteligencia, regido por una ley que prioriza evitar excesos por sobre su funcionalidad y eficacia. El país demanda un SIN que se adelante a los fenómenos que afectan negativamente a la seguridad pública y a nuestra soberanía, permitiendo así al Estado identificar a tiempo amenazas y oportunidades, para prevenir unas y explotar las otras.
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En la última cuenta pública, el Presidente de la República anunció una reforma al Sistema de Inteligencia Nacional. Lo anterior, acorde con lo formulado en el mismo sentido en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se destacó la necesidad de “crear un nuevo Sistema de Inteligencia Nacional”, lo que a su vez responde a algunas críticas y desaciertos del mencionado sstema.

Pese a la promulgación de la Ley de Inteligencia -en el año 1994- es preciso reconocer una brecha en este ámbito.Por la naturaleza sigilosa propia de la actividad, el rol del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) a menudo es incomprendido y ahí se origina parte de las críticas. Además, muchos servicios de inteligencia latinoamericanos llevan la carga de haber sido empleados antaño como órganos de inteligencia política y de represión. De ahí que, aunque promulgar una ley fuese un avance valiosísimo, esta ley comprensiblemente limitó las atribuciones de los organismos dedicados a la inteligencia en Chile.

Sin embargo, las situaciones cambian y hoy el país exige más a su Sistema de Inteligencia, regido por una ley que prioriza evitar excesos por sobre su funcionalidad y eficacia. El país demanda un SIN que se adelante a los fenómenos que afectan negativamente a la seguridad pública y a nuestra soberanía, permitiendo así al Estado identificar a tiempo amenazas y oportunidades para prevenir unas y, explotar las otras.

En particular, la Agencia Nacional de Inteligencia (A.N.I) y el SIN, han sido objeto de críticas por una supuesta incapacidad de proveer informaciones relevantes y oportunas para la toma de decisiones y -últimamente- por el papel de la inteligencia en la denominada “Operación Huracán”. Cabe destacar que el desconocimiento de la actividad lleva a menudo a confundir la Inteligencia con la función de investigación de delitos, pese a que la primera es de esencia fundamentalmente predictiva. No se debe pedir a la Inteligencia la solución del caso Luschinger -por ejemplo- aunque debió habérsele exigido la emisión de una alerta respecto de un posible incremento en la frecuencia o en la intensidad de los atentados ligados a reivindicaciones mapuche en la zona afectada, previo al verano de los hechos.

Otro factor de confusión reside en la incomprensión de los niveles de la actividad de inteligencia: existe en el ámbito táctico propia de un hecho o de una localidad en particular; de nivel operativo, asociada a un área geográfica o a un fenómeno específico como el narcotráfico; también hay de nivel estratégico, entendiendo como tal a las informaciones asociadas a hechos que nos afectan como país, pero dentro de un ámbito particular. Por último, existe la Inteligencia del más alto nivel, aquella que es útil para los grandes tomadores de decisiones, como el Presidente de la República. Esta última, denominada Inteligencia de Estado y que proviene de la fusión de informaciones de distintas fuentes y de diversa naturaleza, es la que corresponde a la A.N.I. La Agencia, estaría así situada en el más alto nivel, no correspondiéndole vaticinar hechos puntuales, lo que es propio de otras organizaciones, aunque sí debiese adelantarse a la ocurrencia de tendencias y amenazas de impacto nacional, tan variados como un incremento descontrolado en la inmigración, la eventual aparición de nuevos grupos antisistémicos violentos, el desarrollo de problemas vecinales, el incremento del cibercrimen.

Lamentablemente, últimamente la inteligencia ha ocupado primeras planas por la denominada “Operación Huracán”. Primero, es preciso mencionar que el empleo de organismos de inteligencia para investigaciones policiales no es adecuado, ya que al hacerlo se está privando a estos organismos de la libertad de acción que requieren para obtener información predictiva y, peor aún, se los obliga a delatar a sus operadores, agentes, técnicas e informantes, en pos de conseguir la prueba con los requisitos que nuestro sistema procesal demanda. La inteligencia debe proveer solamente la información de contexto, que permita que los fiscales y los organismos policiales investigativos orienten su quehacer en el esclarecimiento de un hecho delictivo específico.

Para lo anterior, la A.N.I se debe nutrir de las informaciones que le brindan los otros componentes del sistema, fusionándolas, integrándolas, produciendo y difundiendo Inteligencia de Estado. La naturaleza multidimensional e interconectada de las amenazas modernas, exige que las agencias que la nutren no se limiten solamente a los organismos de inteligencia militares y policiales, sino que además deben incorporarse otras variables, como la diplomática, la financiera, la cibernética y la académica, entre otras. Adicionalmente, la A.N.I debiera tener contacto con organizaciones afines a nivel internacional, para obtener alertas de amenazas transnacionales, como el crimen organizado y el terrorismo internacional. Sólo así el análisis de la Agencia gozará de la profundidad, riqueza y complejidad que demanda el tomador de decisiones y que da cuenta de amenazas tan variadas como la delincuencia informática, el ecoterrorismo, el terrorismo islámico y otros.

En este ámbito, quizá la tarea prioritaria para modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional sea la de asegurar la existencia de un flujo continuo, seguro y efectivo de informaciones hacia la A.N.I y entre las organizaciones de inteligencia ya existentes en nuestro país, construyendo los canales procedimentales, informáticos y físicos necesarios para asegurar tal intercambio, hoy prácticamente inexistentes en nuestro marco legal y reglamentario.

Lo anterior implica reforzar cualitativa y cuantitativamente las actuales capacidades de la agencia, convirtiéndola en un ente técnico de atención permanente y especializada, dotado de las herramientas de análisis de información que el estado del arte permita para enfrentar amenazas que emplean tecnología de punta.

Lamentablemente, últimamente la inteligencia ha ocupado primeras planas por la denominada “Operación Huracán”. Primero, es preciso mencionar que el empleo de organismos de inteligencia para investigaciones policiales no es adecuado, ya que al hacerlo se está privando a estos organismos de la libertad de acción que requieren para obtener información predictiva y, peor aún, se los obliga a delatar a sus operadores, agentes, técnicas e informantes, en pos de conseguir la prueba con los requisitos que nuestro sistema procesal demanda. La inteligencia debe proveer solamente la información de contexto, que permita que los fiscales y los organismos policiales investigativos orienten su quehacer en el esclarecimiento de un hecho delictivo específico.

En segundo lugar, hay que decir que la Inteligencia no debiera ocupar primeras planas, ni por aciertos ni por errores: y es que la publicidad es siempre nociva respecto de la eficacia de los organismos de inteligencia, aunque paradojalmente esta necesaria reserva atente contra la comprensión del rol y las limitaciones del SIN. Sintomáticamente, la misma existencia mediática de la “Operación Huracán”, evidenció desde un comienzo -antes aún del desastroso final- que algo no funciona bien en nuestra inteligencia nacional.

Respecto de las mejorías al Sistema de Inteligencia Nacional, cabe mencionar que no existe una solución única y definitiva para la cuestión de los atributos y controles de los organismos de inteligencia. Cada país, en base a su situación y necesidades, otorga mayores o menores facultades a sus organizaciones de inteligencia. Lo que sí es clave es la existencia de un sistema democrático de control de los organismos de inteligencia, en los ámbitos de la licitud de los objetivos investigados, del correcto empleo de los recursos disponibles y del respecto de las garantías constitucionales de las personas. Dicho control debiera ser de carácter obligatorio y secreto, tanto para los fiscalizadores como para los organismos de inteligencia, de manera de asegurar su funcionamiento. Otro aspecto relevante lo constituye la selección de los miembros de la agencia, que quizás con la excepción de su director, deben otorgar seguridades de profesionalismo y de neutralidad política en su actuar, para evitar el recelo público y alentar la cooperación de los otros servicios de inteligencia.

Hay por otra parte, dos factores relevantes a considerar: primero, la A.N.I no debe convertirse en un organismo paralelo de investigación de casos judiciales, pero empleando técnicas propias de la inteligencia, como las contrataciones más recientes ocurridas en la agencia parecen indicarlo. Para eso están las fiscalías y las policías. Segundo, que por ley a la A.N.I se le conceden atribuciones en el campo de la seguridad informática del Estado. Inexplicablemente y salvo por un intento postrero en la anterior administración del Presidente Piñera, parece haber abdicado de esta responsabilidad, lo que ha dado cabida a aspiraciones de otros actores estatales en el ámbito de la ciberseguridad, llegando incluso a aspirar a participar activamente en la ciberseguridad privada, lo que no deja de tener un peligroso tinte orweliano.

El desafío para la actual administración, que correctamente reconoció la brecha existente respecto del SIN, es de identificar y sociabilizar los cambios requeridos para que Chile cuente con una organización que provea Inteligencia de Estado y sacar adelante un proyecto que podría requerir la reforma de la Ley de Inteligencia. Esto, dando garantías al Congreso que el producto resultante beneficiará a todos los chilenos, incrementando su nivel de seguridad individual y colectivo, sin ser empleado con fines distintos que aquellos que nos afectan transversalmente como país, para lo que los conceptos clave son profesionalismo y prescindencia política. Esto no es poco e incluso -a veces- parece demasiado pedir.

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