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La fragilidad de la memoria

por 18 agosto, 2018

La fragilidad de la memoria
El Gobierno intenta salir de la crisis en que lo colocó Rojas a través de la renuncia del mismo. La Cámara de Diputados buscará hacer efectiva la responsabilidad de la sala penal de la Corte Suprema iniciando la tramitación de una acusación constitucional. Algunos diputados(as) lo harán a través de la presentación de un proyecto de ley que limite las expresiones de los pocos pinochetistas “camiseteados” que quedan. La solución al dilema implica además que todos quienes participamos directa o indirectamente en el mundo de lo público, los medios de comunicación y el sistema educacional, hagan suyo el discurso de verdad, justicia, memoria y reparación asociados a los Derechos Humanos, transformándolo en un parámetro mínimo de la convivencia social.
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La memoria es esa capacidad que tenemos los seres humanos de cobijar, retener y recuperar nuestros recuerdos. Éstos se quedan con nosotros y son evocados en distintos momentos de nuestras vidas. Nos muestran quienes somos, nuestra historia, nuestros dolores, pero también la esperanza del futuro.

Esta memoria, cuando es social se transforma en memoria colectiva, representando nuestro pasado común y transmitiéndose entre nosotros y por generaciones. Así como se registra, se evoca, y se nos aparece y reaparece permanentemente, pues nos pertenece a todos. Esto es lo que hace que los hechos de las últimas semanas, la  indignante sentencia de la Corte Suprema y los últimos nombramientos del Gobierno, se constituyan en ofensas colectivas a nuestra memoria común, y no únicamente a un sector o grupo.

Se nos hace inevitable asumir que existe una idea instalada, en ciertos sectores de nuestra sociedad, de embarcarse reiteradamente en el intento de sepultar la memoria colectiva de una tragedia pública. Es el pinochetismo cultural y político, que busca empequeñecer la historia de los víctimas y, en un mismo movimiento, desvanecer la gravedad de los crímenes ejecutados por la dictadura cívico-militar. Esta política es a su vez funcional a la cultura que pretende normalizar estas conductas invitando a olvidar la historia ya que ésta no tiene relación con la actualidad.   

Se busca la desconexión del pasado con el presente, para que los desaparecidos, los ejecutados políticos, los torturados y los exiliados dejen de convertirse en energía para las nuevas generaciones. Se trata entonces de hacer desaparecer, ejecutar, torturar y exiliar otra vez, ahora a través del olvido y la negación.   

Sólo la conciencia sobre la memoria es la que se puede instituir como una barrera ética del accionar social. Su ausencia es peligrosa. Es su principal amenaza, en especial cuando la memoria contiene fracturas profundas que exigen el esfuerzo de ponernos en el lugar de aquellos que fueron abrogados en su dignidad en dicha fisura social.  En esto la memoria conlleva la exigencia de la consideración, entendiendo que su resguardo no está marcado por la posición donde estemos, sino que se sitúa como un estándar ético mínimo de la conciencia común.

Pero esta consideración se ve violentada por lo que podemos denominar «la fragilidad de la memoria», es decir, por el deterioro del recuerdo, expresado en la voluntad de querer que las tragedias humanas se olviden, de afirmar que lo ocurrido no pasó o que fue de una manera distinta, reinventando la historia por medio de su negación. Utiliza como herramienta la relatividad. Relativizar el pasado, presentar lecturas que atenúen los hechos o invocar el contexto como causal justificatoria del horror.

Palabras como “montaje y manipulación” utilizadas por el hoy ex ministro Mauricio Rojas, o sentencias como la dictada por la sala penal de la Corte Suprema, coadyuvan a construir un campo de ambigüedad o de duda respecto de los crímenes de lesa humanidad. Aplicando este parámetro, se termina reduciendo un trauma social a una cuestión de cumplimiento formal de requisitos o de carácter matemática y económica. Se permite discutir el número de desaparecidos como también el monto de los beneficios que el Estado de Chile le debe a los familiares de las víctimas.

Resulta violento escuchar y leer discursos que todavía buscan negar o justificar las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile. La justa rabia de los familiares y la respuesta del mundo social y cultural que desemboca en la renuncia de esta semana, éticamente va más allá de los símbolos del pinochetismo que permiten la falsificación y la negación de la historia reciente de nuestro país.

Para las víctimas de la violencia de Estado, la tolerancia al negacionismo significa ausencia de memoria, olvido de su historia y relativización de su dolor. La respuesta a esto pasa por insistir en la construcción de una memoria colectiva, que en su conjunto asuma un relato para aceptar la verdad de lo ocurrido, realizando un juicio condenatorio a las violaciones de los derechos humanos, procurando además, junto con la justicia, la correspondiente reparación a las víctimas.     

Esta fragilidad de la memoria se da cuando tomamos la actitud de querer vivir sin pasado. Donde lo importante es lo que queda por hacer, avanzar aceleradamente hacia un punto futuro no muy claro, pero que sería bueno para todos. Por alguna razón, aún no explicada, se quiere pasar por alto la memoria como estándar de nuestra vida política, y avanzar hacia una sociedad sin ayer, donde fuera posible convivir entre las víctimas y victimarios como señal de civilidad, pero donde la exigencia estuviera puesta en las víctimas,  pues son ellas las que debían aceptar esa civilidad impuesta. Una sociedad donde la libertad de un preso común se resuelve de la misma manera que la de un preso por un delito de lesa humanidad, donde la persona vinculada a un magnicidio puede ser autoridad de gobierno o donde negar el terrorismo de Estado sea una posibilidad cierta. En resumen, donde la fragilidad de la memoria es a veces más fuerte que la conciencia de la memoria.

El Gobierno intenta salir de la crisis en que lo colocó Rojas a través de la renuncia del mismo. La Cámara de Diputados buscará hacer efectiva la responsabilidad de la sala penal de la Corte Suprema iniciando la tramitación de una acusación constitucional. Algunos diputados(as) lo harán a través de la presentación de un proyecto de ley que limite las expresiones de los pocos pinochetistas “camiseteados” que quedan. La solución al dilema implica además que todos quienes participamos directa o indirectamente en el mundo de lo público, los medios de comunicación y el sistema educacional, hagan suyo el discurso de verdad, justicia, memoria y reparación asociados a los Derechos Humanos, transformándolo en un parámetro mínimo de la convivencia social.

 

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