Opinión
Es necesario hacer un balance de cuántas personas recibieron los 7 mil pesos de la Papelera y cuántas no lo han recibido. Es necesario saber a cuánto ascendió el cobro de Banco Estado y cómo fue cancelado. Finalmente, es necesario discutir y poner en la mesa aquello que corresponde decidir a los ciudadanos; lo que se hará con los remanentes del fondo de reparación pagado por la Papelera.
En los asuntos de nuestra convivencia, la legitimidad viene siempre de ese momento de transparencia en que la verdad se asoma y saluda antes de retirarse en su reserva. La exposición de la información relevante ante el público, la transparencia, no es la única fuente de legitimidad pero sí es una condición ineludible en el manejo de negociaciones en nombre del público. Al representar el interés social de los consumidores, se contrae una obligación, una responsabilidad de fidelidad que solo puede ser asumida desde la trasparencia.
ODECU, una de las dos organizaciones de consumidores que participaron en la negociación con la Papelera, publicó en su sitio web, que la empresa ha cancelado a las organizaciones los costos del largo trabajo desarrollado para obtener compensaciones por la colusión del papel confort. ODECU recibió 520 millones de pesos y CONADECUS, 2275 millones para pago de sus profesionales. La diferencia en los montos generados por cada una estuvo en que CONADECUS fue la asociación que llevó adelante el litigio legal contra la Papelera y sostuvo una parte mayor del trabajo legal y financiero involucrado.
Antes de hablar de críticas y de riesgos éticos (cada uno de nosotros lo habría hecho distinto y lo habría hecho mejor; así se ven las cosas sin guitarra y después de la batalla) es necesario declarar nuestro reconocimiento a ODECU por haber transparentado los ingresos obtenidos. Esto no es usual entre las organizaciones sociales pero es indispensable para el desarrollo del movimiento de los consumidores. ODECU ha establecido un estándar de transparencia, de cara a la opinión pública y a los consumidores y CONADECUS se ha comprometido a publicar sus cifras a la brevedad. Desde ahora y en el futuro, este estándar debe constituir el mínimo exigible a las organizaciones que litigan o negocian en nombre de los consumidores.
[cita tipo=»destaque»]Son riesgos conocidos. Algunas empresas tienen la tendencia a cooptar y a intentar corromper a sus contrapartes en cualquier negociación. La discreción excesiva y la falta de contrapartes asociadas en las negociaciones que se emprenden, pueden tener un efecto perverso en las organizaciones sociales. Este ha sido el argumento permanente del Estado para marginar a las organizaciones del trato con las empresas. El verdadero argumento, es que el Estado se reserva la representación exclusiva de consumidores y ciudadanos. Las mismas organizaciones sociales desconfían de su integridad y de su capacidad para ser eficaces y transparentes.[/cita]
Las cantidades de esta compensación son las mayores que hayan recibido las organizaciones de consumidores hasta ahora. Las cifras son importantes. En conjunto, ambas asociaciones recibieron más de 4 millones de dólares; 5 veces más que los fondos por los que concursan cada año el total de las Asociaciones de Consumidores del país. El tamaño importa porque posibilita muchas cosas. En este caso, debe permitir que nos desinhibamos, que enfrentemos la realidad – de aquello en lo que no pudimos intervenir y no pudimos cambiar- y, que en lugar de escandalizarnos, hagamos propuestas viables sobre el financiamiento de la defensa de los consumidores.
Estos cobros son legítimos y prudentes
No estamos acostumbrados a que las organizaciones sociales obtengan su remuneración -fuente de su solidez institucional- de los litigios con los propios infractores de la ley. Preferimos que ellas sean financiadas por el Estado. Eso otorga efectivamente transparencia y dependencia; todo en una sola línea.
Las cantidades involucradas en el caso Papelera corresponden aproximadamente a un 2,7% de los 150 millones de dólares de la compensación obtenida por las Asociaciones para los consumidores. Esta plata no se resta de los 7 mil pesos pactados para los consumidores y son similares a los aranceles del ejercicio de una defensoría legal. Para evitar sospechas y futuras sorpresas escandalosas, es necesario que las costas y la remuneración de las Asociaciones de Consumidores sean fijadas por una tabla, adoptada en común por las Asociaciones o por una ley. Pero hasta ahora, el Parlamento ha negado que esos aranceles se establezcan por ley.
La legitimidad de estos cobros a las empresas está dada por el hecho de que son los infractores, en primer lugar, los que deben financiar la defensa de los consumidores. Al Estado le corresponde un apoyo técnico y un financiamiento complementario al que provenga de los infractores. El segundo aspecto de esta legitimidad está dada por la transparencia con que las mismas Asociaciones aborden el tema de su financiamiento.
Son riesgos conocidos. Algunas empresas tienen la tendencia a cooptar y a intentar corromper a sus contrapartes en cualquier negociación. La discreción excesiva y la falta de contrapartes asociadas en las negociaciones que se emprenden, pueden tener un efecto perverso en las organizaciones sociales. Este ha sido el argumento permanente del Estado para marginar a las organizaciones del trato con las empresas. El verdadero argumento, es que el Estado se reserva la representación exclusiva de consumidores y ciudadanos. Las mismas organizaciones sociales desconfían de su integridad y de su capacidad para ser eficaces y transparentes.
Los antídotos para estos riesgos son la transparencia, la información permanente a la opinión pública, la fidelidad a la tarea originaria y la actuación conjunta de dos o más organizaciones con un respaldo técnico y subordinado del Estado.
A partir de este esfuerzo de transparencia y de legitimación del financiamiento de las Asociaciones de Consumidores, es que podemos plantear, más que críticas, buenos propósitos para el desarrollo futuro del movimiento de consumidores. En lo que viene, la transparencia debe ser más detallada y permanente y comprometida.
Las dos Asociaciones mencionadas han adquirido una responsabilidad mayor en el desarrollo de relaciones de consumo más justas en nuestro país. Sin perjuicio de sus propias opciones de crecimiento organizacional ellas no deben olvidar que, en esta negociación, ocuparon el lugar del conjunto de las Asociaciones existentes. A ellas se les debe un relato detallado de la negociación y, no es abusivo sugerir que ambas organizaciones puedan plantearse, desde ya, formas de apoyo a un movimiento descentralizado y cercano a los consumidores locales. Hablo de que ODECU y CONADECUS pueden generar un fondo concursable propio (en parte reembolsable por el Estado) y asumir un liderazgo respetuoso en el fortalecimiento de las organizaciones locales. Estos ingresos que han recibido legítimamente, generan una responsabilidad y me atrevo a decir, una deuda con el resto de las organizaciones de consumidores.
Es necesario hacer un balance de cuantas personas recibieron los 7 mil pesos de la Papelera y cuantas no lo han recibido. Es necesario saber a cuanto ascendió el cobro de Banco Estado y como fue cancelado. Finalmente, es necesario discutir y poner en la mesa aquello que corresponde decidir a los ciudadanos; lo que se hará con los remanentes del fondo de reparación pagado por la Papelera.
A las dos asociaciones les corresponderá hacer un seguimiento estricto del cumplimiento de los acuerdos con la CMPC. El control de los acuerdos entre consumidores y empresas ha sido, hasta ahora, una de las mayores falencias de la institucionalidad de defensa de los consumidores. Esa tarea, impulsada por las dos asociaciones, podría incluir al resto de las asociaciones y fijar nuevos estándares para las fiscalizaciones que debe hacer el Estado y que no ha sido capaz, hasta ahora, de llevar a término. Como se ha demostrado en Quintero, en los casos de cortes de suministro de servicios básicos y en múltiples ocasiones; un control ciudadano del cumplimiento de normas ambientales y de consumo es indispensable para garantizar que el Estado abandone su desidia secular y cumpla sus funciones de garante de la confianza pública.
Esta negociación ha abierto una amplia posibilidad de recalibrar las instituciones y dar un nuevo impulso a la autonomía de las organizaciones sociales. Este momento debe ser aprovechado para unificar a las instituciones de la sociedad civil que persiguen la misma idea de justicia en la convivencia.
