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Aula Segura y la historia de las frutas podridas

por 1 octubre, 2018

Aula Segura y la historia de las frutas podridas
Plantear que es necesario expulsar a los alumnos que no calzan con el perfil del “estudiante correcto”, es suprimir la noción básica de la escuela como espacio de socialización e inserción social. Es apostar a convertir a la escuela en un espacio cerrado y elitista, en una fábrica en donde los estudiantes son objetos que, si no se moldean, se desechan. Los recintos educacionales deberían estar preparados para afrontar los problemas de violencia a través de la movilización y participación de todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo programas específicos de intervención en los casos que lo requieran. Son desafíos difíciles y nadie dijo que sería fácil, pero sacar a una persona que no calza con el molde impuesto, es todo lo contrario a lo que debería ser el principio fundante de la educación pública, apostando por la construcción de una escuela democrática y forjadora de un futuro diferente.
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El jueves 20 de septiembre de 2018, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que ha sido llamado “Aula Segura”. La iniciativa busca modificar el DFL Nº2 de 1998 del Ministerio de Educación –sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales–, permitiendo que los directores cuenten con libertad para expulsar o cancelar la matrícula a estudiantes acusados de usar, poseer, tener o almacenar armas y/o elementos que permitieran causar daño al establecimiento, así como a aquellas personas que agredan físicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.

De buenas a primeras, para algunos podría ser considerado como una estrategia positiva, dados los altos grados de violencia que se han observado en las escuelas del país, sobre todo en aquellas de dependencia pública.

Pese a lo anterior, es necesario plantear que la modificación legal permitirá que los directores puedan tomar la decisión de excluir a un estudiante del proceso educativo, alterando mecanismos de debido proceso que estaban establecidos por la anterior ley, además de los reglamentos de convivencia escolar de cada colegio y liceo. Incluso, el proyecto propone que solo bastará una notificación por escrito al estudiante afectado y a sus padres o apoderados, para hacer efectiva de forma inmediata la medida, teniendo un plazo de apelación de 5 días para que el mismo director que ya tomó la decisión, previa consulta al Consejo de Profesores, vuelva –lo más probable– a ratificar la medida tomada de forma discrecional, sin la participación de la comunidad escolar, oportunidad de defenderse o investigaciones serias.

La legislación actual solo permite expulsar y cancelar la matrícula a un estudiante que cometa hechos contemplados en los reglamentos de convivencia del mismo establecimiento en el que cursa sus estudios, bajo un procedimiento investigativo que dura alrededor de 25 días hábiles. Y, si bien los manuales de convivencia deberían ser construidos y aprobados por las comunidades educativas, en la práctica suele suceder que una pequeña comisión –que incluso a veces es externa a los actores del colegio o liceo– termina redactando un documento que no representa la realidad en la que se encuentran inmersos quienes participan del proceso de enseñanza.

Los Consejos Escolares fueron una lucha de estudiantes y comunidades educativas que se concretó en 2004, cuando el Gobierno instituyó, por ley, la existencia de este organismo en todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. En este espacio deberían participar representantes de todos los miembros de la comunidad educativa, pero lamentablemente –pese a las demandas constantes del profesorado y el movimiento estudiantil– esta instancia continúa siendo meramente consultiva y no tiene fuerza alguna en la toma de decisiones de directores y sostenedores, incluso en muchos lugares no funciona de forma efectiva. De esta forma, “Aula Segura” sepulta la respuesta más necesaria y urgente a los problemas que la escuela tiene hoy en día no solo en Chile, sino que en todo el mundo: la necesidad de que todos los miembros de la sociedad se sientan responsables de generar climas adecuados para la enseñanza, involucrándose activamente y organizándose democráticamente para resolver los problemas aquejan a la educación.

Con este panorama, en vez de fortalecer el rol de las comunidades educativas en la resolución de los conflictos de violencia que se están viviendo en muchos espacios escolares, el Gobierno ha optado por una medida simplista que atenta gravemente contra el derecho a la educación de las y los estudiantes. Para intentar “despolitizar” el proyecto de ley, directores de liceos emblemáticos han sido los amplificadores del discurso gubernamental a través de la prensa, amparados en argumentos que dicen ser técnicos, pero que recuerdan a la clásica historia del canasto que contiene algunas frutas podridas y se deben sacar esos elementos antes de que se corrompa el resto del recipiente. Lo que se les olvida es que los estudiantes son más complejos que una fruta y los establecimientos educativos no son meros canastos.

Los Consejos Escolares fueron una lucha de estudiantes y comunidades educativas que se concretó en 2004, cuando el Gobierno instituyó, por ley, la existencia de este organismo en todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. En este espacio deberían participar representantes de todos los miembros de la comunidad educativa, pero lamentablemente –pese a las demandas constantes del profesorado y el movimiento estudiantil– esta instancia continúa siendo meramente consultiva y no tiene fuerza alguna en la toma de decisiones de directores y sostenedores, incluso en muchos lugares no funciona de forma efectiva. De esta forma, “Aula Segura” sepulta la respuesta más necesaria y urgente a los problemas que la escuela tiene hoy en día no solo en Chile, sino que en todo el mundo: la necesidad de que todos los miembros de la sociedad se sientan responsables de generar climas adecuados para la enseñanza, involucrándose activamente y organizándose democráticamente para resolver los problemas aquejan a la educación.

Llama la atención la ausencia de reflexión en los directores y profesionales del mundo de la educación que han salido a apoyar a ciegas este proyecto, sin considerar el rol de la escuela desde una mirada de Derechos Humanos, reconociendo que niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen derecho a la educación y a no ser excluidos de los proyectos educativos. Directores como los del Liceo de Aplicación o el Instituto Nacional, que deberían ser ejemplos de liderazgo en la construcción de una educación pública integradora, que rompa con los círculos de violencia y exclusión, terminan siendo defensores del traslado de las frutas podridas a otros canastos, sin abogar por una solución a los problemas de fondo que impulsan la violencia en la educación chilena.

Aquellas personas que apoyan el proyecto podrán decir también que el Gobierno va a asegurar la reubicación de los estudiantes a otros establecimientos y que se van a implementar planes de acompañamiento a los expulsados. Sin embargo, la iniciativa legal no considera presupuestos ni formas en las que se realizarán dichos procedimientos, aumentando las posibilidades de exclusión de las personas sancionadas del sistema escolar. Podemos poner como ejemplo lo que ocurre con quienes son expulsados en el presente, en donde no existen los mecanismos para asegurar el derecho a la educación por parte del Estado y, frente a ello, muchos estudiantes terminan desertando.

Plantear que es necesario expulsar a los alumnos que no calzan con el perfil del “estudiante correcto”, es suprimir la noción básica de la escuela como espacio de socialización e inserción social. Es apostar a convertir a la escuela en un espacio cerrado y elitista, en una fábrica en donde los estudiantes son objetos que, si no se moldean, se desechan. Los recintos educacionales deberían estar preparados para afrontar los problemas de violencia a través de la movilización y participación de todos los actores de la comunidad educativa, incluyendo programas específicos de intervención en los casos que lo requieran. Son desafíos difíciles y nadie dijo que sería fácil, pero sacar a una persona que no calza con el molde impuesto, es todo lo contrario a lo que debería ser el principio fundante de la educación pública, apostando por la construcción de una escuela democrática y forjadora de un futuro diferente.

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