¿Quién pone hoy la plata para la política?

En Chile, pese a ser un país donde cada 20 años hay un terremoto que lo cimbra entero, y muchos desastres naturales, las cosas de la política ocurren muy lentamente y en chiquitito. Sobre todo en materia de responsabilidades públicas, donde el principio imperante parece ser el amparo social que brindan los vínculos de parentesco y las relaciones sociales, la prudencia de los tribunales y la ineficiencia de las policías y las investigaciones en general.

Por ello, no es extraño que, a más de cinco años de iniciadas las investigaciones sobre el financiamiento ilegal de la política en varios frentes (Penta,  Soquimich, Ley de Pesca), haya muy pocas conclusiones, imputados y resultados.

A diferencia de lo que ocurre con los terremotos y los siniestros naturales en general, que sirven para montar buenos y rápidos negocios con el aparato público, en Chile los líos de la política se desatan de manera lenta y pesada y, mientras más engorrosos se vuelven, mayor virtud de prudencia argumentan los gobernantes. La regla parece ser la siguiente: “Si no tiene una respuesta clara o esta no le conviene, enrede y alargue el asunto lo más que pueda. El tiempo todo lo diluye o lo cura”.

Algo que todos piensan pero nadie responde o conjetura, es quién financiará la política, entendido esto como el dinero para el funcionamiento permanente de los partidos, las campañas electorales internas y externas, los estudios de mérito, y la difusión y la propaganda, la capacitación y los funcionarios, por poner el acento en lo más grueso.

Por cierto, la pregunta se refiere a las formas legales de financiamiento y no al semillero de actividad criminal –como narcotráfico y crimen organizado– que al menos a nivel comunal empieza a pulular en torno a alcaldías y sus organismos públicos, y a los partidos políticos que se disputan su conducción.

[cita tipo=»destaque»]Pero también existe la posibilidad de que la influencia política de parlamentarios o partidos, transformen en un negocio las decisiones del Estado en múltiples aspectos, como grandes concesiones a través de licitaciones, en las que operan los premios, o la cadencia de ingresos que cargos designados por el Estado les pueden producir a los políticos influyentes, que incluso los pueden pedir para sí mismos o su directo beneficio. ¿Podría, por ejemplo, un parlamentario en ejercicio o un ex parlamentario o ministro, obtener la designación de una notaría o un conservador o archivero judicial en la que fuera socio o tuviera parte?[/cita]

Porque reglas para financiar la política hay, y también hay financiamiento público. Lo que parece no haber –al menos así queda claro de las investigaciones de la justicia– es dinero suficiente. Normalmente se gasta mucho más de lo que está permitido o se declara como gasto, lo que implica que existe una recaudación ilegal y un funcionamiento al margen de la ley. Por cierto, tiene el carácter de crimen organizado aquel que produce y reproduce los elementos para que una empresa pague una ley, o se comprometa con cientos de boletas ideológicamente falsas que fraccionan los financiamientos ilegales y que hoy están bajo observación.

Pero también existe la posibilidad de que la influencia política de parlamentarios o partidos, transformen en un negocio las decisiones del Estado en múltiples aspectos, como grandes concesiones a través de licitaciones, en las que operan los premios, o la cadencia de ingresos que cargos designados por el Estado les pueden producir a los políticos influyentes, que incluso los pueden pedir para sí mismos o su directo beneficio. ¿Podría, por ejemplo, un parlamentario en ejercicio o un ex parlamentario o ministro, obtener la designación de una notaría o un conservador o archivero judicial en la que fuera socio o tuviera parte?

En la decisión del ex ministro Jaime Campos de crear –contra opinión fundada del propio sector justicia– unas cien notarias nuevas y un cambio en archiveros y conservadores en todo el país, no faltó el deleznable comentario de que lo hecho permitiría una operación de financiamiento de largo plazo para indeterminadas personas, tanto por la designación de los funcionarios como por las fusiones de notarías con archiveros y conservadores en localidades con altas tasas de irregularidad en la propiedad y los bienes afectos a derecho registral.

Tal comentario se ve avalado por la circunstancia permanente de vínculos entre notarios y personal del escalafón secundario con otros miembros del Poder Judicial, con activos abogados litigantes y, recientemente, por la alta cantidad de políticos sometidos a enjuiciamiento y devoluciones de dinero, lo que conforma un alto riesgo de que las multas e indemnizaciones pecuniarias salgan subrepticiamente de las propias decisiones del poder público, en este caso, los nombramientos que competen al Ministerio de Justicia.

El Gobierno ha enviado un proyecto de ley que lleva una marca importante de cambios en este sistema, amén de reformas profundas del sistema de derecho registral del país que merecen una atención mayor de parte de los legisladores.

Sin embargo, y como se dan las cosas en Chile, cabe la pregunta acerca de si el Ministerio de Justicia ha tomado las providencias del caso para evitar que, mientras se tramita la ley, calificada de suma importancia por el Gobierno, no se produzca una embestida o sobrepresión política sobre esa secretaría de Estado para aprovechar las pocas ventanas de discrecionalidad que quedan abiertas, y terminar de amarrar verdaderas cofradías familiares en torno a las notarías o aprovecharlas para cubrir económicamente los gastos de aquellos políticos desplazados por el financiamiento ilegal de la política.

Ello daría directamente para una investigación como delito de alta complejidad por parte del Ministerio Público y, eventualmente, develar una escondida arista de la corrupción de cuello y corbata que empieza a permear la institucionalidad del país.