Opinión
“No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico”, decía Aristóteles. El pecado del actual, en particular, es improvisar en el andar. Una improvisación y una falta de gobernabilidad difíciles de comparar a otras épocas o gobiernos de la historia de Chile. Aquí no existe siquiera el gesto práctico o político porque la planificación del mañana nunca se hizo presente.
El día viernes, esa improvisación nos pasó la cuenta. Improvisación que ahora se suma a otro factor increíblemente arraigado y poco debatido en Chile: la nula capacidad de prevención en políticas públicas. Desde 1968, cuando el entonces Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, firmó el decreto que marca el nacimiento del Metro de Santiago, a la fecha (¡51 años!), ningún gobierno se preguntó qué pasaría si, efectivamente, el Metro dejara de funcionar algún día. Con una fe únicamente comparable a la que tendría un creyente en dios al ver a este frente a sus ojos, hemos confiado durante más de cinco décadas en que todo el sistema de transporte público puede erigirse y diseñarse en torno a una misma línea: el Metro de Santiago.
Esta cultura de la falta de prevención ya nos atormentó anteriormente con los torniquetes mariposa del Transantiago y sus fiscalizadores, la falta de médicos en hospitales en regiones extremas del país, las cifras del VIH/Sida, y un sinfín de soluciones parche que en vez de parchar, infectaron la herida. ¿Por qué no podemos prevenir hechos notorios, como que si el acto de pagar con una tarjeta para viajar en micro se vuelve automático, en algún momento y con esa misma automaticidad, la gente puede dejar de pagar? Es injustificable. En lo que nos importa, otra vez es demasiado tarde y la solución se hace imperante.
Ahora bien, para encontrarla, primero hay que entender la lógica del sistema. No es muy complejo entender que como cualquier capital de Latinoamérica, Santiago tiene dos vías principales de transporte: una subterránea y una terrestre. Si se quiere, en pocas palabras, Metro en el primer caso y Transantiago y automóviles varios en el segundo. Como el transporte público se encuentra diseñado para desarrollarse mediante conexiones –trasbordos– entre Transantiago y Metro (aquí, nuevamente, cómo no podría predecirse), si falla uno de ellos, fallan ambos, por el colapso repentino del segundo.
Adicionalmente, la mayor parte del tiempo, las personas necesitan llegar a su destino a una hora en específico, cumpliendo una rutina determinada, que suele involucrar trasbordos. De manera que la conclusión es que si el trasbordo falla, el usuario del servicio público debe buscar la vía alternativa, en este caso, por regla general, Transantiago, y con poco tiempo de ventaja entre cada decisión.
Luego, más personas en paraderos implican que las autoridades se vean forzadas a aumentar el nivel de micros en circulación. El aumento repentino de micros en circulación genera, evidentemente, mayor congestión vehicular. Los que tengan automóviles, sin duda alguna que los preferirán. De manera que, concluyentemente, sólo por el colapso de Metro, tenemos más pasajeros en paraderos, y más automóviles particulares y micros en circulación. Todo eso junto de forma repentina en una capital desencadena un efecto dominó de proporciones incalculables. Lo curioso es que pese a lo evidente y sencillo del análisis, las autoridades no se detuvieron a hacerlo a tiempo. Y así de sencillo, en un tiempo que probablemente duró menos de 3 horas, Santiago colapsó.
La pregunta estratégica que el gobierno debe hacerse hoy, entonces, es la siguiente: “¿Cómo podemos evitar que Santiago colapse, de aquí en más?” Y la verdad es que la respuesta es una sola: bajar la tarifa y retirar las sanciones. Y es mejor para el gobierno notarlo cuanto antes. El tiempo para cualquier otro tipo de solución –que hubiere sido, en ese caso, efectivamente preventiva– ya se acabó.
No hay más soluciones porque cualquier otro movimiento en las fichas de este tablero dan como resultado colapsar Metro y con él, el sistema de transporte público.
Si se cierran las estaciones, el sistema deja de funcionar y la gente debe preferir otro medio de transporte (como Transantiago): colapso. Si los manifestantes ingresan a la estación y la destruyen: colapso y daños materiales-físicos. Si Carabineros u otro similar debe prohibir el paso del manifestante y bloquear las puertas de las estaciones: colapso. Si la gente emplea sus vehículos particulares y por ende, tenemos un aumento considerable de vehículos en las calles: colapso. Si se reprime violentamente a manifestantes e incluso, se producen abusos de fuerza: más manifestantes adherirán a la causa y consecuentemente, más colapso. Y así, ad infinitum.
Hay que tener en cuenta que gran cantidad de manifestantes son adolescentes e incluso, niños. Las propuestas de algunos políticos de reforzar estas medidas empleando un “apoyo de Fuerzas Armadas” deberían ser descartadas de plano, no sólo por la historia de Chile, sino por ser absolutamente irracionales y moverse en una tenue línea entre el respeto o no a las garantías mínimas de un Estado de Derecho. La negligencia política es evidente: la solución ya llegó tarde.
Finalmente, la facilidad con la que este descontento se puede contagiar en el acto (factor de espontaneidad), lo vuelve un escenario prácticamente imposible de adelantar en cuanto a la distribución de contingente policial o militar se refiere por cada estación, y desde luego, en cuál de todas las estaciones de la línea de Metro decidirán las personas manifestarse (y a qué hora).
El escenario es complejo y supone un desafío sin precedentes para el gobierno actual. Sólo resta esperar cómo decidirán las autoridades y si asumirán la responsabilidad política por ello. Me atrevería a decir que no la asumirán en lo absoluto, sino que, por el contrario, continuarán “andando a tientas” mientras eso les permita, al final del día, en la irrisoria serenidad de sus conciencias, llegar a disfrutar una cómoda pizza con sus nietos.
