Luego del estallido social ocurrido en Chile estos últimos días, muchos se preguntan las razones que explican este fenómeno y qué debiésemos hacer para superar esta crisis. Frente a esto, la siguiente columna entrega algunas ideas centrándose en la forma en que se articuló el sistema político chileno postdictadura y en cómo esta articulación se asocia a la reproducción de un determinado modelo socioeconómico y a una determinada forma de actuar de nuestra clase política.
Lo primero a señalar es que nuestra actual democracia no emerge desde un pacto social, sino más bien desde un pacto entre elites políticas y económicas ocurrido a fines de la dictadura. En ese momento, luego de masivas movilizaciones sociales, se generó un acuerdo donde se pavimentaba un camino institucional hacia un nuevo régimen democrático. Esta transición, sin embargo, quedaba condicionada a la mantención del modelo socioeconómico neoliberal implantado por Pinochet, basado en la privatización de servicios públicos (pensiones, salud, agua, electricidad, entre otros) y en la existencia de un Estado residual.
Asimismo, la nueva Constitución aprobada unos años antes, así como las reformas realizadas a esta luego del plebiscito del Sí y el No, actuarían como el garante institucional de este acuerdo al consagrar el nuevo rol que asumiría el Estado.
Con el retorno a la democracia se configura entonces un sistema político que tiene como base y compromiso la reproducción de este modelo socioeconómico. A la vez, se establece un estilo de hacer política afín a la mantención de este modelo, el cual promueve la tecnocracia, la moderación de las posiciones políticas y la desmovilización de la gente. El resultado inicial de esto es un clima de alta estabilidad política, buenos indicadores de crecimiento económico y una baja importante en los niveles de pobreza. Por otra parte, se consolida la existencia de una sociedad con muy altos niveles de desigualdad de ingreso.
Habiendo transcurrido ya algunos años desde la vuelta a la democracia, comienza a emerger también un fuerte rechazo a este sistema político, el cual se expresa principalmente a través de altos niveles de abstención electoral y de una alta desconfianza en la clase política. Desde ese momento ya es posible hablar de la existencia en Chile de una partidocracia. Es decir, de un sistema donde los partidos políticos, más que buscar la representación de las necesidades de la población, tienen como fin último la reproducción de sus posiciones de poder.
Lo anterior viene explicado justamente por la configuración de este sistema político enraizado en la Constitución, donde se limita el cuestionamiento al modelo socioeconómico neoliberal como uno de sus principios imperantes y donde se desincentiva la participación política del ciudadano común. En otras palabras, el sistema se vuelve partidocrático, dado que la clase política no requiere de una conexión con la sociedad civil para mantenerse en el poder y no existen espacios para discutir soluciones a las problemáticas de la gente que vayan más allá de la mera existencia de un estado residual.
En este contexto, desde fines de la década del 2000 con el movimiento pingüino de 2006, y de manera más consolidada con el movimiento de 2011, se comienzan a politizar estos sentimientos de malestar. Un rasgo significativo de estos procesos es que estas movilizaciones justamente emergen de manera independiente a los partidos tradicionales, cuestionando principios fundamentales del modelo socioeconómico imperante.
Desde la sociedad se busca entonces una representación de demandas al margen del principal agente histórico a cargo de este proceso, dado que este no es una alternativa válida de cambio. Es así como este malestar crece y se expresa finalmente en el estallido social que vemos actualmente. Si bien esta vez las protestas se inician de manera más inorgánica y sin demandas concretas más allá del rechazo al alza de los pasajes del metro, su masificación a lo largo de todo el país permite interpretar finalmente, lo que hoy vemos en las calles, como un fuerte e inquebrantable cuestionamiento al actual sistema político chileno y al modelo socioeconómico que este sistema se ha encargado de reproducir.
Comprendiendo de esta forma la actual crisis social y política que presenciamos en Chile, la única alternativa válida para que esta pueda ser abordada pasa entonces por volver a configurar nuestro sistema político.
Esto implica generar una nueva Constitución, idealmente desde una asamblea constituyente lo más participativa posible, la cual abarque la mayor diversidad de miradas posibles. Reformas políticas moderadas sin un real empoderamiento de la gente o con los mismos actores políticos de siempre, así como propuestas de cambio sin una real voluntad política como las que el sistema político ya ha intentado realizar, seguirán destinadas al fracaso y continuarán aumentando los niveles de descontento.
Únicamente con un cambio democrático de las reglas del juego de nuestro sistema político se podrá definir luego un nuevo modelo de desarrollo acorde a las necesidades de la gente y no únicamente afín a ciertos grupos de poder. Esto debiese traducirse en la existencia de una clase política conectada con la sociedad, donde el fin último de esta sea la representación de las necesidades de la gente.
Lo anterior, según lo que hemos visto estos días, debiera estar asociado a la existencia de un Estado más fuerte que garantice derechos sociales básicos para toda la población y, como consecuencia de esto, asegure mayores niveles de equidad en nuestra sociedad.
