Opinión
La crisis y la desigualdad
El viernes 18 de octubre fuimos testigos de la explosión de un malestar social acumulado hace décadas en Chile, que ha dejado, seguramente como lo más doloroso, múltiples violaciones a derechos humanos.
Como trasfondo de las distintas demandas del movimiento ciudadano (relativas al sistema previsional, al estado de la salud, transporte y educación pública, y, en general, al elevado costo de la vida), se observa nítidamente una demanda generalizada de igualdad. Un aspecto político que ha sido constantemente negado, en especial por los sectores que han defendido un modelo de económico y social de marcado carácter neoliberal.
Y es que, como es evidente, quienes sufren las bajas pensiones, la mala calidad del transporte, salud y educación pública, y del elevado costo de la vida en Chile, son las personas de menores ingresos, que, dicho sea de paso, son la mayoría de los chilenos (de acuerdo a un estudio publicado por la Fundación Sol y elaborado en base a datos oficiales, el 50% de los chilenos tiene un ingreso mensual inferior a 400 mil pesos, y el 70% un ingreso menor a 550 mil pesos).
Recordando a Los Prisioneros, no sólo sigue encontrándose tristemente vigente El baile de los que sobran, sino que, acaso aún más, su vieja pregunta: ¿por qué, por qué los ricos?, tienen derecho a pasarlo tan bien, si son tan imbéciles como los pobres.
Hace pocos días, La Tercera publicó una nota de Paulina Valenzuela, que comienza afirmando: “No son solo los 30 pesos. La gran demanda es atender la desigualdad”. En ella se cita a Dante Contreras, director del COES, quien refiere la estrecha visión que se tiene del asunto, así como a los beneficios que se obtienen al construir una sociedad más igualitaria, señalando que: “Hay un reduccionismo conceptual terrible (…), tener una sociedad más igualitaria contribuye a la paz social, contribuye al crecimiento económico, contribuye al desarrollo económico”. En el mismo sentido, Mario Waissbluth, en un ensayo escrito durante la presente crisis, publicado el 22 de octubre, y siguiendo a Richard Wilkinson, señaló que se ha demostrado “cómo los países con mayores niveles de inequidad de ingreso, de manera independiente de su ingreso per cápita promedio, (…), tienen peores índices de salud, obesidad, delincuencia, violencia intrafamiliar, confianza interpersonal, enfermedad mental, embarazo adolescente, esperanza de vida, y otros males sociales”.
El punto ha sido reconocido también en medios internacionales. En una editorial de The New York Times se señaló a la desigualdad como una de las causas de la crisis política y social de Chile, expresando que la desigualdad amenaza la estabilidad del país. En un artículo publicado por la BBC se indicó a la desigualdad como el primer punto clave para entender lo que ocurre en Chile, afirmando que la “palabra ‘desigualdad’ se ha apoderado del debate en estos últimos días”.
Chile es un país desigual, en el que la desigualdad no es solo de ingresos, es de género, étnica, territorial, cultural, etc. Pero también es un país completamente segregado. Tenemos unos de los sistemas educativos más segregados del mundo y una segregación territorial brutal, un aspecto que muchas veces acompaña a la inequidad económica, con efectos igual de nocivos, “pero que son más difíciles de observar, medir y evaluar”. Así, desigualdad y segregación parecen ser uno de los sellos de nuestro país, pues en realidad no necesitamos muchas cifras, estadísticas o estudios, es algo que se ve. Basta andar un par de kilómetros en cualquier ciudad para pasar desde la pobreza a la riqueza; comparar un consultorio con una clínica; una escuela rural con un colegio particular. En Santiago es suficiente ver cómo las comunas ricas han ido arrancando al oriente; en Viña del Mar o Valparaíso, por ejemplo, es suficiente mirar un poco lo que se ha escondido tras los cerros.
Lo sorprendente, por cierto, no es el diagnóstico (un país desigual y fuertemente segregado), sino la irrelevancia que tuvo la igualdad, por décadas, en el debate político chileno.
El descontento: “no son 30 pesos, son 30 años”
El descontento por la desigualdad no es algo nuevo: “no son 30 pesos, son 30 años”, se ha instalado como un lema de las protestas.
En uno de los informes más completos que se han realizado sobre la desigualdad, Desiguales (PNUD, 2017), se definen las desigualdades sociales como “las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas”. Entonces, se constata que “el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población”. La misma publicación, respecto del descontento generalizado en la población chilena, indicó que “datos de la encuesta PNUD-DES muestran que la molestia frente a la desigualdad se concentra en las desigualdades de acceso a la salud y la educación, y en que a algunas personas se las trate con mayor respeto y dignidad que a otras. En una escala del 1 al 10, donde 10 indica ‘mucha molestia’, alrededor del 67% de la población declara que le molesta mucho (9-10) la desigualdad en esos tres ámbitos (68% salud, 67% educación, 66% trato respetuoso)”.
Las encuestas realizadas al fervor de un estallido social posiblemente no resultan muy exactas, pero al menos marcan una tendencia. Por un lado, Activa Research, en una encuesta realizada el 22 y 23 de octubre recién pasados, consultó sobre las principales motivaciones de las manifestaciones (87,1% señala bajos sueldos, 86.3% indica el precio de los servicios básicos, 85.2% refiere desigualdad económica, y 85.2% señala que serían las pensiones). A su vez, un 83% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con las manifestaciones y protestas ciudadanas, y solo un 36% está de acuerdo o muy de acuerdo con el paquete de medidas sociales anunciadas por el gobierno como respuesta a las demandas del movimiento. Por otro lado, una reciente encuesta realizada por CADEM, indicó que la aprobación de Piñera cayó a un histórico 14%.
En el discurso político, sobre todo de los sectores más neoliberales, escaso reconocimiento ha habido hasta ahora del problema. Sin embargo, de manera tibia y tímida, algo mencionó el Presidente Piñera el pasado 22 de octubre, luego de años de negación de la desigualdad como punto político relevante.
La negación del descontento: el neoliberalismo
El modelo económico impuesto en Chile ha despreciado sistemáticamente el concepto de justicia social y de igualdad. La justicia, bajo este modelo, sería aquella que otorga el mercado. Jaime Guzmán lo decía explícitamente: “la clave en la lucha contra la pobreza reside en el mayor aumento posible del producto nacional”. El PIB pareciera ser lo único que importa. En otros términos, la receta para el desarrollo del país asumido como dogma por los sectores más neoliberales, es el crecimiento económico. Lo demás vendría sólo, como consecuencia natural del crecimiento.
En El Otro Modelo, Atria, Larraín, Benavent, Couso y Joignat, describen el modelo chileno en su aspecto constitucional, político y económico-social. En relación a esto último, afirman que “se caracterizó por la entronización del mercado como único asignador de los recursos productivos y la entrega al mismo de la gestión de buena parte de los servicios públicos (…); la supeditación del problema de la desigualdad al de la superación de la pobreza y el desprecio por los problemas distributivos; el rechazo de las políticas universalistas no contributivas; y una fuerte desconfianza hacia la sindicalización, la huelga, la negociación colectiva y, en general, a lo que fortaleciera la capacidad negociadora de los trabajadores” (2014, pp.23-24).
Es así como para el neoliberalismo solo importa una idea de igualdad muy reducida, que suelen referir como “igualdad de oportunidades”, que no es un derecho a acceder a una igual posibilidad de desarrollo del plan de vida de cada uno, sino que un igual derecho a participar en una carrera competitiva donde todos buscan alcanzar el máximo beneficio posible. De este modo, en palabras de Héctor Samour, “se justifica la desigualdad de la propiedad porque la raíz de la misma no está en el tipo de división social del trabajo o en las relaciones sociales de producción, sino en la desigual fuerza y destreza, en el diferente mérito personal de cada uno en la lucha competitiva para conseguir bienes” (Aspectos ideológicos del paradigma neoliberal, p. 605).
Puede decirse entonces, con Nils Christie, que la igualdad de oportunidades, no es más que “un arreglo perfectamente apropiado para transformar injusticias estructurales en experiencias individuales de frustración y fracaso” (citado en Squella, Agustín, Igualdad, UV, 2014, p. 42), puesto que, “para validar como justo el resultado de la ‘carrera’ de la vida no basta con asegurar que todos los participantes larguen a la vez y desde un mismo punto, dejando el recorrido del trayecto y el resultado final de la prueba solo a las condiciones o a la suerte de los que participan en ella” (Ibíd, p. 42).
En este contexto, aparecen las propuestas de una construcción de derechos sociales, como una forma de comprender la ciudadanía, en virtud de la cual, la sola pertenencia a la comunidad es suficiente para fundarlos (así, Fernando Atria, en ¿Existen derechos sociales?).
La esfera de la ciudadanía –opuesta a la del mercado, basada en intereses individuales y el desinterés recíproco—, supone intereses de todos, que son responsabilidades de todos, descansando en intereses comunes y responsabilidades recíprocas (El Otro Modelo, página 171). En la esfera del mercado uno recibe lo que puede pagar; en la de la ciudadanía se recibe conforme a las necesidades y se aporta según las capacidades. Así, “que algo sea considerado un derecho social significa que no es públicamente aceptable que su provisión quede entregada al mercado y su criterio de distribución (a cada uno según lo que pueda pagar)” (Ibíd. 165). Es aquí donde la igualdad juega un rol relevante, pues se debe asegurar un igual derecho, independiente de la capacidad de pago.
Por ello, es razonable que genere indignación y una sensación de abuso que alguien reciba mejor salud o educación que otro por el solo hecho de poder pagar más, o que genere frustración un sistema de pensiones tan poco solidario con quienes también trabajaron miles de horas y no pudieron ganar un sueldo más alto; y no es políticamente relevante que una persona tenga ropa demasiado cara o varios vehículos de lujo. Las diferencias respecto de lo primero suponen desigualdad en derechos sociales, y lo segundo no. Hay bienes que pueden (=es justo) ser asignados por criterios de mercado, y hay derechos (sociales) que no deberían (=es injusto) ser provistos y distribuidos de ese modo. La igualdad de oportunidades es ciega a esta distinción, de allí que responda que no se debe “igualar para abajo” o acusando resentimiento. Pero, ¿acaso alguien merece mejor salud que otro, aunque hayan arrancado juntos, por el solo hecho de ser más veloz o talentoso?
En estos términos, los principios que regulan mercado y los derechos sociales –que dan contenido a la ciudadanía—, son diversos, y pueden ser descritos del siguiente modo (Fernando Atria, con colaboración de Constanza Salgado y Javier Wilenmann, en Derechos sociales y educación, 2014, pp. 126 a 128):
Principios del mercado:
Principios de los derechos sociales:
En esta línea, hay ciertos ámbitos (de derechos sociales) que no deben (no es justo) quedar entregados a la sujeción de los principios de mercado, lo que supone un reconocimiento al mercado (para el resto de los bienes y servicios), y no su negación.
La existencia de los derechos sociales ha sido negada por la derecha chilena, paradigmáticamente por Axel Kaiser, quien afirmó: “Los derechos sociales son un mito, un derecho social es un derecho a la plata de otro”. Cualquier pretensión igualitaria que vaya más allá de la referida “igualdad de oportunidades”, sería innecesaria e injusta.
Esta negación no es nueva, de hecho es lo que Piñera expresamente ofreció al país.
Así como el proyecto de Bachelet 2 giró hacia la izquierda respecto de Bachelet 1; Piñera 2 supuso un giro a la derecha respecto de Piñera 1. De esto modo –¡era que no!—, la desigualdad apenas fue tema.
En efecto, durante la pasada campaña presidencial, pese a que Chile era el país más desigual de la OCDE, los candidatos, y Piñera en particular, hablaban de economía, seguridad y delincuencia, transformando a la desigualdad en el gran ausente de las campañas.
Ante cualquier pregunta sobre la desigualdad o la justicia social Piñera respondía con su santísima trinidad: crecimiento, seguridad y trabajo. En su programa de Gobierno apenas hay menciones la igualdad/desigualdad (35 veces en 195 pp.). La mayoría de las veces se usa para referir la igualdad “de oportunidad” o “ante la ley”. De hecho, se señala abiertamente que la igualdad de oportunidad es propia de “una sociedad justa y solidaria”, una en la que predomine “el mérito y no el privilegio, una sociedad que nivele hacia arriba”.
La promesa de los tiempos mejores, entonces, no fue otra cosa que la radicalización del discurso neoliberal. La cuestión no cambió durante su Gobierno. Hace apenas unos meses, en junio de este año, en su segunda cuenta pública volvía a poner énfasis, según el propio equipo de prensa de la Presidencia, en la seguridad y el crecimiento, desatendiendo nuevamente al problema de la desigualdad.
La desigualdad siguió siendo negada, relegada al plano de lo impronunciable, hasta el 22 de octubre recién pasado.
La derrota (política) de la derecha: la innegable relevancia de la igualdad
El 22 de octubre pasado, Piñera –luego de su lamentable declaración de guerra—, señaló en cadena nacional: “los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”. Luego, citando a Benedetti, dijo que cuando teníamos todas las respuestas, de pronto, nos cambiaron todas las preguntas, y que hay que cambiar prioridades para responder las demandas de los chilenos, ofreciendo algunas propuestas en una “poderosa y renovada agencia social que responda a las necesidades y esperanzas de los chilenos”.
¿Qué pasó?
Las pretensiones de la ciudadanía parecen ser las mismas que desde hace algún tiempo (manifestadas, entre otros, en los movimientos estudiantiles, en favor de una nueva Constitución o en contra del sistema previsional). La única diferencia parece ser que el Presidente finalmente reconoció la situación de abuso e inequidad que frustra a los chilenos hace décadas. Una pretensión de construir una sociedad más justa y más igualitaria, que sistemáticamente ha sido negada.
Las propuestas de la “renovada agenda social” anunciada por el gobierno los últimos días son insuficientes y parecen insistir en que el modelo no se toca; un gatopardismo propio de la derecha: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Sin embargo ahora se ha vuelto grosero seguir negando la relevancia política de la desigualdad. Como acertadamente afirma Juan Andrés Guzmán, se “están dejando off side a la intelectualidad económica -a los ‘técnicos’-, que ha justificado 24/7 las desigualdades del modelo”.
Salvo una editorial de El Mercurio –¡vaya sorpresa!—, del sábado 26 de octubre, que busca “entender la crisis” desde el “modesto crecimiento económico”; o una columna publicada en el mismo diario, que –rayando en la falta de respeto— señala que nuestras protestas son de primer mundo, pareciera ser que el escenario ha cambiado y que ya no es posible seguir negando la relevancia de lo que siempre se negó. El último grito desesperado vino el día sábado, cuando la derecha en pleno salió a aplaudir la marcha pacífica que nos uniría a todos, en un intento por despolitizar el movimiento y convertir a las demandas sociales y políticas en una especie de Teletón, en donde todos seríamos uno. El problema es que no es así. No todos tenemos las mismas preocupaciones y prioridades políticas, ni menos las mismas responsabilidades en la crisis.
En este contexto, el perdón de Piñera por una situación de inequidad que no fue “capaz de reconocer” y sus medidas pueden ser leídas como intento desesperado de la derecha por salvar el bote del naufragio… pero, y en un sentido más relevante, expresan una potente derrota política de su sector.
Finalmente, después de 40 años del retorno a la democracia, la negación de los derechos sociales y de la desigualdad como un problema políticamente relevante ya no es posible. Quizás este sea el derrumbe del modelo y, con ello, la posibilidad de otro modelo (que debe partir por un pacto constitucional) que acabe con la idea de Estado subsidiario impuesto por la dictadura (y que permea todo el diseño de nuestro modelo), y abra paso a un futuro que pueda desafiar la radicalidad del neoliberalismo chileno. Para ello, por cierto, es necesario que la derrota política, de alguna forma, se transforme en derrotas electorales.
