Opinión
Durante las últimas semanas, hemos presenciado en Chile el surgimiento de un movimiento de masas que clama por mayor justicia social en todo tipo de ámbitos, desde el transporte hasta la salud y las pensiones por vejez. Se ha tratado de una movilización en buena medida pacífica, aunque no ha estado exenta de manifestaciones de violencia, tanto de parte de las fuerzas de seguridad y orden del Estado, como de algunos manifestantes.
Quienes ejercen la violencia procuran, ora ocultarla, ora evadir su responsabilidad por la misma. Quienes luchan por levantar demandas sociales legítimas de manera pacífica, pero firme, llaman a no centrarse en los actos de violencia que han acompañado a este movimiento.
Sin embargo, es necesario tomarnos en serio el problema de la violencia si queremos evitar dos peligros que conducen a su perpetuación. El primero, la incomprensión del fenómeno de la violencia. El segundo, el subestimar sus posibles consecuencias.
En cuanto al primer peligro, se ha dicho que la violencia actual en Chile en realidad es una respuesta a un modelo económico, social y político que ya es en sí mismo violento. Se ha calificado de violencia a los bajos sueldos, a las pensiones miserables, a las condiciones indignas de salud y transporte. No obstante, calificar todas estas situaciones como “violencia” sólo contribuye a generar confusión.
Existe una vasta literatura en torno al fenómeno de la violencia social, incluyendo los trabajos de Georges Sorel – quien hace cien años propugnó el uso de la violencia sindicalista para transformar a la apacible sociedad industrial burguesa –, Simone Weil – quien en plena Segunda Guerra Mundial escribió que la violencia es imposible de controlar, por cuanto cosifica a quien la sufre y a quien la ejerce – y Michel Foucault – quien propuso que la guerra o lucha de grupos sociales es una relación permanente a lo largo de la historia y hasta el presente. De todos estos trabajos se desprende que la violencia propiamente dicha consiste en el uso, o en la amenaza del uso, de la fuerza física.
Ahora bien, dicho uso de la fuerza física puede ser legal o ilegal, justo o injusto – de conformidad a algún criterio de justicia estipulado previamente, como la justicia distributiva. Existen injusticias que pueden ser ejercidas con o sin violencia, así como existe violencia que puede ser justa o injusta.
Así, los universos de la injusticia y la violencia no siempre coinciden como dos círculos concéntricos. No toda injusticia es violenta, sino que muchas veces puede ser silenciosa y soterrada, como ocurre con el aborrecible clasismo que permea a toda nuestra sociedad. A la inversa, no toda violencia es siempre injusta, como lo demuestra la tradición de la Guerra Justa cuando se trata del uso de la fuerza entre Estados de conformidad al derecho internacional, o como cuando se ejerce la violencia de manera justificada en el ámbito interno, como en los casos del uso de la fuerza en legítima defensa propia o de terceros. Solamente en una zona secante los círculos de la violencia y de la injusticia se superponen, como sucede en el caso de una agresión armada contra un país o cuando se comete un delito contra una persona.
En cuanto al segundo peligro, nunca debemos subestimar a la violencia y su capacidad de auto-reproducirse, de escalar y de perpetuarse. Carl von Clausewitz, militar prusiano y veterano de las Guerras Napoleónicas que acuñó la frase “la guerra es la continuación de la interacción política, llevada a cabo por otros medios”, escribió en su famosa obra “De la Guerra”: “la guerra es un acto de fuerza, y no existe ningún límite lógico a la aplicación de dicha fuerza. Cada bando, en consecuencia, obliga a su oponente a responder de manera equivalente; se inicia una acción recíproca que debe conducir, en teoría, a los extremos” (On War, OUP, 2007, p. 15).
Lo único que, en la práctica, podría detener esta escalada teórica de la violencia política, concluye Clausewitz, es la realidad compuesta por los fines políticos perseguidos y los recursos disponibles. De este modo, la violencia política no es ni un deporte, ni un fin en sí mismo, sino que está subordinada a objetivos determinados. Sin embargo, no existe ninguna certeza a priori sobre cuándo la violencia política cesa de escalar y comienza a ceder frente a los factores del mundo real. Como reza el adagio popular: “se sabe cómo las guerras comienzan, pero nunca cómo van a terminar”.
¿Cómo lidiar con este fenómeno y con los peligros que encierra? La fórmula que las sociedades humanas han utilizado para enfrentar el problema de la violencia endémica en las interacciones sociales ha sido, durante los últimos quinientos años, lo que Max Weber denominó como “el monopolio legítimo de la fuerza” por parte del Estado Nación moderno. Tal monopolio ha significado profesionalizar y domesticar la fuerza bruta para relegarla a las fronteras, en el caso de los ejércitos nacionales, o para administrarla como brazo de reforzamiento del Estado de Derecho, en el caso de la fuerza policial interna.
Lo que el constructo colectivo del “orden público” nos hace a menudo olvidar, es que ese monopolio de la fuerza de que goza el Estado radica, al final del día, en tan sólo unos cuantos individuos, los que en una sociedad moderna se encuentran desaventajados en centenares de personas a una, una asimetría numérica que se ha vuelto ostensible durante las últimas semanas en Chile.
Es de esperar que una comprensión responsable del fenómeno de la violencia, sin desdibujar sus contornos y en plena conciencia del riesgo de su escalamiento, nos lleve a restablecer el monopolio legítimo de la misma por parte de las instituciones que, como ciudadanos, nos hemos dado las sociedades modernas para mantener este fenómeno a raya en beneficio de nuestra propia libertad.
