Opinión
Crédito: Marcelo Pérez
Durante la madrugada del 15 de noviembre la casi totalidad de partidos que alguna vez compusieron la Concertación, la derecha tradicional y sus partidos retoños, más 3 partidos del Frente Amplio y un diputado que firmó a título personal, se comprometieron en torno al Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución. En menos de 12 horas comenzó la campaña para presentar esto como un triunfo de la gran política en contraposición a aquellas posturas maximalistas que buscan mantener la movilización social con su resabio de anormalidad financiera. Aunque, obviamente, la búsqueda de una nueva Constitución resulta una necesidad señalada por organizaciones sociales y políticas desde los inicios de la transición, la élite es capaz de sorprendernos una vez más, pues aunque esta vez las manos no aparecieron unidas en alto conjuntamente ante las cámara (como en el acuerdo por la LGE), bastó que se levantara la conferencia de prensa para que los abrazos y felicitaciones mutuas de la casta política, apareciera.
Sin embargo, la sorpresa de los grupos de poder llegaría el mismo día viernes, pues nuevamente la movilización social estalló en las calles a lo largo de todo el país.
Pero, dividamos los cambios sucedidos en las últimas semanas en preguntas cruciales del contexto actual. La primera es si la movilización social se mantendrá por una quinta semana. La segunda, en caso de ser positiva la respuesta a la primera, es qué puede satisfacer las exigencias de la calle y hasta qué punto la élite está dispuesta a ceder ante ellas. La tercera, es por la reconfiguración estratégica y táctica de las fuerzas contendientes, pues al ingresar en el acuerdo los partidos del Frente Amplio y la UDI, las cambiaron.
El día viernes pasado se cumplió el cuarto desde el inicio de movilizaciones sociales, incomprensibles para la elite del país. Lo que comenzó como un proceso de desobediencia civil ante el alza del Metro, rápidamente mutó en una revuelta social. La desobediencia civil se sitúa en el marco del pensamiento liberal que defiende la iniciativa individual contra las leyes y políticas que considera injustas y que tiende a darle relevancia a la resistencia pacífica: en el más extremo de los casos puede destruir mobiliario público si éste es símbolo o sirve al poder que se considera injusto. Sin embargo, en el proceso se transformó en revuelta popular, que se caracteriza por los enfrentamientos con la fuerza pública y la falta de dirección, lo que dificulta su articulación. Efectivamente, la primera semana, existió un embrionario nivel de articulación entre quienes participaban de la movilización en las calles. Pero, la historia acumulada en tres niveles por parte de un entramado de organizaciones políticas, sociales y territoriales a lo largo del país dio sus frutos. Esta historia se constituyó en la construcción de un programa común fácilmente transmitible en acciones de agitación y propaganda, pero con un extraordinario acervo de información y conocimiento teórico. En segundo lugar, como forma de resistencia a una cotidianidad ingrata que se vive en los niveles más básicos de la vida: la necesidad de endeudarse por salud, alimentación y vivienda; la realidad miserable del sistema de pensiones; la humillación y maltrato en el sistema de transporte; la violencia sistémica del sistema de salud en todos sus niveles, desde la atención primaria hasta el acceso a los medicamentos; entre muchos otros. Y, finalmente, el desarrollo de una nueva forma de socialidad construida desde la fraternidad y el compañerismo, que no se queda sólo en la resistencia, sino que avanza en el desarrollo de un poder material que organiza la vida diaria en los “comprando juntos”, las escuelas y preuniversitarios populares, las radios comunitarias y su infinita nueva cantidad de programas, el redescubrimiento de las mingas para resolver problemas que necesitan muchas manos, en fin, una creatividad que se contagia por los intersticios del poder, invisible e inefable para el lenguaje oficial de los medios y la academia.
Fueron todos estos factores los que hicieron exitosa la revuelta popular que se expresó en caceroleos masivos y en la disputa de la calle con las fuerzas represivas que la élite sacó para protegerse. Sin embargo, la respuesta desde el poder fue ineficiente y tardía. El uso de la fuerza militar fue un fracaso, pues la represión de la protesta legítima sólo puede ser eficaz si termina en masacre. Sin censura, este tipo de medidas resultan absolutamente impopulares. Más aún cuando se utiliza contra la mayor parte de la gente. La escena de efectivos militares avanzando como en una guerra, contra una marcha pacífica que subía por calle Apoquindo, impactó de tal modo a nivel internacional, que al toque de queda sólo le restaban algunas horas. Para el viernes 1° de noviembre el fantasma de los militares en la calle sólo asustaba a parlamentarios y periodistas de palacio. Para este momento, la revuelta popular había constituido asambleas; tenía un icono que ni siquiera es humano (el negro matapacos); había articulado a las principales organizaciones de trabajadores, medioambientales, estudiantiles, populares, etc.; era apoyada por el mundo de la cultura y las artes, produciendo un nuevo repertorio musical y devolviendo la cultura a las poblaciones que se llenaban de músicos, artistas, poetas, cineastas; había constituido una cadena logística para apoyar a las y los heridos, proteger a los manifestantes (la primera línea), alimentar a quienes combatían y cubrir otras necesidades materiales. Para este momento, la revuelta había devenido rebelión.
La huelga o paro nacional fue el momento culmine y la prueba de fuego para el sujeto social en lucha. En este momento, las fuerzas que eran parte del establishment, pero en oposición al gobierno, habían firmado un acuerdo para defender la Asamblea Constituyente hasta el final, mientras el gobierno y la UDI defendían a rajatabla la constitución de Pinochet – Lagos. 2 días después, la totalidad de la Derecha en el Gobierno y la mayoría de las fuerzas opositoras, firmaban un acuerdo en la sede del Congreso en Santiago. Lo que al inicio de la crisis política parecía la fantasía de un fumador de opio, en cuatro semanas de movilización, había sido posible.
Desde el punto de vista del gobierno, en especial Renovación Nacional, era una excelente salida. En primer lugar, permitía mostrar sentados a políticos financiados por el empresariado junto a los líderes de las movilizaciones estudiantiles del año 2011. En segundo, lograba que las fuerzas consideradas maximalistas quedaran aisladas, dando paso a la desmovilización en las calles: es el momento de salir de las calles y dialogar en nuestros barrios, señaló la vocera de gobierno, Karla Rubilar. En tercero, todo estaba preparado para la contraofensiva mediática. Menos de cinco horas después del acuerdo, un grupo de jóvenes se había logrado coordinar para cubrir 3000 m² de la plaza Italia (o de la Dignidad) y poner la palabra paz sobre el monumento de Baquedano. Incluso se le permitió hablar a Gabriel Boric, quien no era presidente de partido y, por lo tanto, no tenía derecho a hacer uso del micrófono en la conferencia de prensa. Sin quererlo el acuerdo partía con un golpe de Estado mediático de Gabriel Boric a Gael Yeomans, una de las pocas presidentas de partido que esa noche hablaron. Para la mañana los Twitter de alegría y felicitaciones mutuas entre la élite tenían su expresión televisiva en el abrazo del ministro del interior, Gonzalo Blumel, con Sebastián Piñera. La palabra paz social se repetía como mantra en los distintos matinales, programas de opinión y noticieros. Pero, poco a poco el plan empezó a desmoronarse. Aunque Twitter hervía en celebraciones, no había autos tocando bocinas de alegría en las calles, los únicos que llegaron con la palabra paz lo hicieron escoltados por carabineros, las barricadas y movilizaciones no se detuvieron en Santiago ni en regiones y la gente común que entrevistaban matizaba la alegría con las incómodas preguntas por el fin del secuestro en las AFP, la creación de un sistema de educación pública masivo, gratuito y de calidad (pertinente a nuestra realidad social), la construcción de un sistema de salud como derecho, entre muchas otras exigencias urgentes. Y, es que pocos ámbitos son tan expresivos de que podemos estar frente a una estafa constitucional como la aprobación por parte del Estado chileno del TPP – 11. Esto es fácilmente comprensible con un ejemplo. Suponiendo que el derecho de propiedad deje de ser el principio rector de una nueva Constitución para ser reemplazado por un sistema basado en los derechos humanos y sociales, podría llegar a ocurrir que el derecho de aguas entregado a perpetuidad a individuos y empresas salvaguardadas por el TPP – 11, tenga primacía respecto de una ley de carácter simple que regule los derechos de agua, ya que es un tratado suscrito por el Estado y no sólo por el Gobierno. Es decir, de aprobarse el anterior Tratado y si un ámbito no consigue mayoría de 2/3 partes, lo que primará en los ámbitos que regula, será este Tratado firmado por nuestro Estado.
Esta semana será un momento crucial para corroborar si nos encontramos frente a una rebelión popular, es decir una acción colectiva que persigue fines de corto, mediano y largo plazo, con un programa perfectamente identificable por cualquiera, articulado en torno a organizaciones autónomas al poder establecido y con capacidad de disputar el sentido común en un horizonte estratégico. Tres factores serán centrales para la transformación de revuelta en rebelión. La capacidad de mantener la protesta y movilización callejera, el éxito del paro o huelga nacional del 21 de noviembre y la capacidad de obligar al Congreso a aprobar un programa de reformas en ámbitos claves, o en su defecto, obligar a renunciar a la totalidad del aparato político representativo. Esto es necesario pues, hoy, la violencia represiva sigue desatada, la agenda legislativa es claramente anti transformaciones sociales, y sus exigencias y los plazos legislativos para los cambios profundos a la institucionalidad tienen tiempos que benefician a una élite con 29 años de unidad y experiencia. El único camino que tiene el sujeto social que está emergiendo para seguir consolidando la conciencia de clase que ha ido definiéndose en los últimos días, es la movilización.
El 15 de noviembre la mayoría de los partidos en el Congreso firmaron un acuerdo de paz. Estos acuerdos se firman para terminar las guerras. Pero, aunque algunos pueden celebrar dicho acuerdo, resulta difícil explicarle a una persona común y corriente que se encontraba en guerra. Extraña guerra en que los muertos sólo vienen de un lado. Extraños generales cuyas banderas no flamean en las batallas que se libran en las calles. Extraña paz que en el mismo día deja un nuevo muerto.
