Opinión
La insistencia con suma urgencia con que el Gobierno ha impulsado el proyecto de Ley que Reforma el Derecho Registral en Chile (Boletín 12092-7) es poco coherente con la crisis social que vive el país. Implica un gasto público desproporcionado para la creación de casi 3500 cargos de fedatarios privados para labores que hoy realizan los notarios a costo cero para el Estado, pues junto con lesionar gravemente los derechos laborales de los trabajadores de los oficios Conservadores actuales, y es un proyecto enteramente desfinanciado en sus requerimientos informáticos los que no han sido considerados en absoluto. Todo ello amenaza toda la estructura y sustentabilidad del Sistema Registral de Chile.
La obsesión gubernamental por reformar completamente algo que en general que ha funcionado relativamente bien hasta ahora, no tiene explicación, más aún cuando la creación de fedatarios privados cambiará de manera sustantiva el registro de la Fe Pública del país en aspectos importantes. Y, más aún cuando lo propuesto afecta al mismo tiempo de manera casi inadvertida el sistema entero, comprometiendo a futuro las arcas fiscales en un escenario socialmente difícil. La elaboración legislativa de la reforma no resiste una auditoría financiera básica en su cálculo de los costos que verdaderamente implica, y tiene un compromiso financiero a futuro que queda oculto.
Por tanto, el aspecto central del proyecto no es – como aparenta – la creación de esos miles de fedatarios privados, los que deberán concursar y ser fiscalizados en sus labores de Fe Pública por instituciones del Estado y a costo público futuro, sino el desarrollo tecnológico y la puesta en red de los archivos del derecho registral, y todo lo relativo a su institucionalidad, especialmente en materia de seguridad, fidelidad y conservación de archivos documentales. Todo esto no ha sido estudiado ni elaborado jurídicamente o financieramente a fondo, y en la creación de repositorios a través del Registro Civil, no se ha hecho un cálculo con base estadística del número de horas laborales perdidas en ese servicio producto de huelgas e interrupciones de servicios, a parte de la sobrecarga registral que actualmente tiene. Así, el Proyecto presenta un riesgo de seguridad que amenaza las anotaciones y asientos registrales y los sistemas informáticos que les sirven, proyectando el debilitamiento del servicio público actual.
Además de la ciudadanía y de los usuarios directos del sistema conservatorio como empresas y otros servicios del Estado, los grandes afectados por la falta de precisión técnica serán los cerca de 1500 trabajadores de los oficios Conservadores de Bienes Raíces, Hipotecas y Gravámenes actualmente funcionando en todo el país, la mayoría de los cuales tiene desarrollos institucionales y regímenes laborales diferentes que deberán homogenizarse, muchos de ellos de excelencia gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores y los funcionarios que dirigen esos oficios. El posible impacto negativo en materia de tarifas y los riesgos de seguridad en las inscripciones de las propiedades, contratos y derechos que deben registrarse es evidente.
Pese a que la reforma implica un enorme gasto fiscal, el gobierno ha presentado un proyecto totalmente vago, incompleto y desfinanciado, tanto para la fase de construcción e implementación del nuevo sistema, como para su operación en los años posteriores. Poco o nada de lo aprobado tanto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, como en la de Hacienda del mismo cuerpo legislativo, permite sostener que el gobierno estudió concienzudamente la materia, y que la Comisión parlamentaria respectiva lo analizó a fondo. Más aún, la ausencia de un representante cualquiera del Ministerio de Hacienda en la Comisión de Hacienda para aclarar dudas financieras el día de su votación, son una señal casi absoluta de que ese trabajo no está hecho o no se considera de importancia.
El daño laboral que genera el Proyecto de Ley
Por otro lado, la displicencia parlamentaria sobre los impactos negativos en materia laboral parece una agresión deliberada a los trabajadores. Estos han sido marginados de todo, y en incontables oportunidades el Ministerio de Justicia se ha negado a recibirlos.
Los escenarios posibles, sea que se acuerde una continuidad laboral mediante una indicación, sea que se resuelva terminar por finiquito y la continuación con relaciones laborales nuevas en todo el país, temas ni siquiera mencionados en el Proyecto de Ley, se generan enormes interrogantes. La continuidad de los trabajadores con los nuevos Conservadores no se consideró, tampoco su sistema de remuneraciones futuro, en el cual coexisten diversas formas de cálculo, pese a ser oficios regulados en el Código Orgánico de Tribunales. Tampoco existe una valoración, para efectos indemnizatorios o de propiedad según el caso, de los aportes hechos por los trabajadores para los desarrollos tecnológicos y menos de su contribución práctica a la creación de la institucionalidad del oficio respectivo, en las cuales se ha generado una especialización a base de capacitaciones y job trainning que hoy tiene en los cargos una mayoría de profesionales universitarios, como ocurre con el Conservador de Santiago.
El mejoramiento de la infraestructura tecnológica de este Conservador (que son tres oficios Conservatorios: Propiedad, Hipotecas e Interdicciones, y que funcionan como ventanilla única), uno de los mejores oficios, ha sido sostenido por los trabajadores en un 71%, de un gasto que alcanzó el año 2018 unos 1.500 millones de pesos de inversión. El Convenio Colectivo acordó que de los ingresos que les correspondían percibir a los trabajadores una vez descontados los gastos generales, se les restara ese porcentaje para solventar en esa misma proporción, la inversión programada en desarrollos y mejoras tecnológicas. Es decir, invirtieron dinero en un modelo comanditario para desarrollo informático, que los convierte en una especie de inversionistas y propietarios de ese activo. De qué manera se reconocerán esos aportes en dinero ni siquiera ha estado en la retina de los parlamentarios al analizar el Proyecto.
En caso de que la ley se apruebe tal como hasta ahora la ha impulsado el gobierno, no queda claro cuál será el destino de esa fuente laboral, qué prestaciones y cómo serán consideradas al término de la relación laboral, que pasaría en la continuidad del servicio si ocurriere un caso fortuito, o que aquellos que dirigen los oficios decidan argumentar necesidades de la empresa al momento del finiquito, y si se considerará una indemnización adicional con aporte del Estado.
Según el Convenio Colectivo vigente en el CBRS – que por cierto rige solo para él- la base de cálculo para determinar las remuneraciones de los trabajadores es el porcentaje o monto que les corresponda en el 71% de los ingresos líquidos del Conservador, los que se forman de deducir de los ingresos brutos los gastos generales con un tope de UF6000, los gastos de cualquier demanda no cubiertos por el seguro de responsabilidad civil a excepción de demandas laborales, el pago del seguro de vida y salud, el pago de becas, las comisiones de pagos telemáticos que se le hagan al Conservador y cualquier otro gasto acordado por las partes, punto este último en el que entra el 71% de inversiones en tecnología. En todo esto, el gobierno tiene costo cero, mientras que las mejoras tecnológicas y la profesionalización del servicio, hechos con un enorme aporte del sector laboral, le significan mejorar la velocidad y certidumbre en la recaudación de cerca de U$300 millones de dólares anuales en impuestos.
Ninguna de las preguntas hechas anteriormente tiene respuesta en el Proyecto de Ley. Todos los informes técnicos y financieros hechos llegar a la Cámara de Diputados coinciden en que el Proyecto tiene un desfinanciamiento superior a cinco veces la cifra de 3 mil setecientos millones calculada por el gobierno. Pero este no quiere entender ni analizar el tema. Se afirma en su facultad exclusiva de crear gasto fiscal, sin pensar que lesiona derechos de los trabajadores y arriesga los de todos los chilenos en un nuevo Transantiago, esta vez en el Derecho Registral del país. A su vez, los parlamentarios no han hecho su trabajo de analizar la razonabilidad y los números del Proyecto, haciéndose parte responsable de los daños.
