Opinión
Los defensores del modelo de desarrollo económico chileno seguramente observan con perplejidad el contraste entre las cifras macroeconómicas del país y sus calles repletas de malestar popular acumulado. Después de todo, una lectura lineal de los principales indicadores ubica a Chile en la cima de la región y en las vías del tan anhelado “desarrollo”. ¿Cómo se explica, entonces, un estallido social de tal magnitud en un país económicamente próspero? Para responder esta pregunta, primero analizaremos el rol de la economía y del mercado en las sociedades modernas y luego veremos las consecuencias sociales de ese rol.
Iniciemos con una breve revisión histórica: tras la consagración del liberalismo como filosofía del mundo de la mano de la revolución industrial, la economía, en tanto que disciplina académica y actividad productiva, adquirió un rol determinante en la sociedad. En palabras de Karl Polanyi, la economía se “desincrustó” del entramado social y desarrolló una autonomía inédita en la historia. Con esto, la aristotélica pretensión de una primacía de la política por sobre la economía se invirtió, dando paso a la construcción de sociedades subordinadas a la razón económica. Sin embargo, las crisis que enfrentó el liberalismo forzaron a sus intelectuales a replantear sus postulados. De este proceso de reflexión – cuyo símbolo es el Coloquio Walter Lippmann celebrado en Francia en 1938 – surgen las ideas que hoy conocemos bajo la etiqueta de neoliberalismo. Estas ideas comienzan a aplicarse, como sabemos, en Chile, Estados Unidos y el Reino Unido en la década de 1980 y quedarán más desarrolladas y profundizadas en el decálogo de políticas económicas denominado “consenso de Washington” (1989). Dichas políticas han sido provocativamente resumidas por el economista Dani Rodrick con el mantra «estabilizar, privatizar y liberalizar».
El párrafo anterior es relevante porque permite poner de manifiesto lo siguiente: desde la revolución industrial hasta hoy, la economía se ha transformado en la fuente de saber del ejercicio del poder político y, consecuentemente, el mercado se ha erigido como fuente de verdad, esto es, como el contexto de lo posible. Esto ha tenido un impacto social y subjetivo extraordinario. En términos sociales, vemos que los gobiernos no se plantean prioridades sociales para luego deliberar sobre cómo serán financiadas. Por el contrario, se hace “lo que se puede” con los recursos existentes. Es decir, en la construcción de la sociedad está primero la economía – porque es el mercado, con sus propias leyes, el encargado de fijar los límites de la realidad – y luego la política. De este modo, es el mercado quien establece las prioridades de una sociedad determinada. En cuanto a lo subjetivo, vemos que el sujeto moderno ha quedado reducido a una dimensión exclusivamente económica: se trata de un homo economicus cuyas decisiones conductuales se basan en la maximización de una función de utilidad (así, por ejemplo, los economistas explican la delincuencia en términos de incentivos: un ladrón roba porque, tras el análisis racional de costo-beneficio que ha efectuado, le resulta más “rentable” delinquir que obtener un trabajo honesto). Lo que tenemos, entonces, como bien diagnosticó Foucault, es que las sociedades contemporáneas son sociedades-empresa que se rigen bajo la lógica del mercado y en las que los(as) individuos operan como empresarios(as) de sí mismos(as). Si esto parece demasiado abstracto, basta con revisar la realidad y comprobar que todas nuestras decisiones, desde los planes clínicos de maternidad hasta las ofertas para escoger un nicho de muerte, están sometidas a la lógica de la competencia propia del mercado.
Ahora bien, ¿por qué la subordinación de la política a la economía podría ser un problema? Entre otras cosas, porque si la sociedad es un clúster de sujetos-empresa, entonces la humanidad, reducida a su dimensión económica, puede “medirse” a través de indicadores económicos que niegan al resto de las dimensiones. Como probablemente el(la) lector(a) anticipe, el problema de esta lógica ocurre cuando lo negado se manifiesta y esto podría explicar el estallido de octubre de 2019 en Chile. Analicemos, sólo por dar un breve ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este indicador creado por el PNUD pretende medir el grado de desarrollo que tiene un país en base a tres variables: esperanza de vida, escolaridad y PIB per cápita. Como es sabido, Chile tiene un IDH de 0.847, es decir, se trata de un país con un “muy alto” desarrollo humano. Sin embargo, basta con un análisis crítico mínimo de las variables para comprender su insuficiencia: nuestra esperanza de vida promedio es de 80 años, pero ¿cuántas personas viven una parte importante de esos años con pensiones de pobreza y/o salarios que obligan al endeudamiento?; nuestra escolaridad es alta, pero ¿cuántas familias deben recurrir a créditos de consumo para pagar colegios privados porque la educación pública ha sido sistemáticamente desmantelada?; nuestro PIB per cápita es elevado, pero ¿cuánta riqueza llega realmente a las clases más pobres? Más aún, podemos recurrir a indicadores no económicos para cuestionar la precisión del IDH, como el crecimiento acelerado de la tasa de suicidios del país: 1.800 personas se quitan la vida anualmente en Chile según la última Encuesta Nacional de Salud.
La crisis que vive Chile no se explica por una “pulsión generacional” ni por una confabulación socialista en contra de la prosperidad neoliberal. Se trata de la crisis de un modelo de sociedad que intentó desplegar la lógica del mercado en todos los ámbitos de la vida humana y que hoy se comprueba insuficiente. Una solución estructural y sustentable al problema que enfrenta el país, entonces, necesariamente pasará por una crítica de la razón económica en tanto que piedra angular de la construcción de la sociedad.
