Opinión
A estas alturas del debate previsional, conocidas ya las propuestas del gobierno y de la oposición queda claro que el sistema de AFP, creado por el DL 3.500 de 1981, podría quedará incólume en su esencia. Ello, a menos que las distintas propuestas de la oposición, conocidas en lo general solo el reciente lunes 20, lleguen a ser incorporadas – al menos parcialmente – por parte del gobierno, lo cual no se avizora fácil.
Subyace la duda respecto a si esta intocabilidad del sistema obedece a una postura inflexible, dogmática e ideologizada de las actuales autoridades en la materia- particularmente la ministra del Trabajo – o si efectivamente existe un acuerdo tácito o quizás explícito entre el gobierno y las AFP. O ambas. El acuerdo consistiría en lo esencial, en no afectar el negocio de las administradoras como compensación al impedimento para que estas accedan a la administración del aporte adicional de cargo patronal que, de acuerdo a lo conocido actualmente, será de un 6% ya que en este porcentaje han coincidido ambas propuestas. Cabe señalar que este impedimento se da muy a pesar del gobierno y más que nada influido por el alto rechazo que genera actualmente el sistema de AFP y por la presión ejercida por movimientos como NO + AFP y las movilizaciones en general. No hay duda que si fuera por el gobierno, las administradoras habrían entrado en el negocio del aporte adicional. Las AFP dieron una fuerte campaña de lobby y comunicacional, esta última en muchos casos dirigida personalmente a sus cotizantes, para acceder a la administración del incremento.
Es importante tener presente que, a la fecha, lo único que se ha conseguido en materia de pensiones, gracias exclusivamente a las movilizaciones sociales de los últimos meses, son dos cosas: un incremento escalonado en el tiempo en las llamadas pensiones básicas solidarias (que en rigor no son pensiones, sino un subsidio, una transferencia o un bono) y en el aporte previsional solidario que reciben algunos pensionados bajo las normas del DL 3.500. Este último es de monto muy marginal y en promedio se sitúa en torno a los $70 mil pesos, incremento incluido. Pero un porcentaje importante de pensionados recibe como aporte previsional solidario valores en torno a $20 mil a $30 mil pesos mensuales, mejoramiento incluido. Y otro porcentaje no menor, recibe cero.
Las eventuales mejoras en el llamado pilar contributivo- es decir la parte de la pensión que es autofinanciada – deberán discutirse ahora a la luz de lo ofrecido por el gobierno, esto es un incremento de UF 2 a UF2,5 según género. Algo así como $56 mil y $70 mil mensual.
Lo que viene seguramente se centrará en la distribución del 6% entre capitalización individual y reparto. Es altamente improbable que se acoja la propuesta de la oposición en orden a destinar el 100% del incremento en las cotizaciones a reparto. Lo más probable es que se deba llegar a un acuerdo que consista en incrementar quizás un punto porcentual más la parte destinada a reparto. No hay mucho margen para más, por cuanto el 6% total ya aparece como inamovible. Por otra parte, el gobierno ha debido ceder en cuestiones que eran prácticamente dogmáticas. Un viejo principio de negociación dice que al vencido hay que dejarle al menos algo de su dignidad. El gobierno está presentando un proyecto que difiere enormemente del original y renunciando a principios que hasta hace tres meses eran intocables. No tiene mucha opción, la verdad.
La oposición se queja ácidamente de lo poco que incursiona la propuesta de Piñera en el tema más de fondo, esto es la subsistencia del esquema de capitalización individual como eje central del sistema previsional chileno. De hecho, la propuesta gubernamental implica que solo un 19% de un futuro sistema estaría constituido por reparto y un 81% por capitalización individual. El caso es que la misma oposición contribuyó a ello al conceder iniciar las negociaciones en la materia aceptando tácitamente que ése sería el contexto. De forma tal que es tarde ahora para quejas y lamentos. La actitud dura adoptada por las oposición al presentar su contrapropuesta y plantear que el 6% adicional vaya íntegramente a reparto puede ser considerada incluso como un intento de blanquear en algo el débil rol que en materia previsional tuvo durante decenios. En realidad el modelo de capitalización individual ha sido una política de estado, en los últimos casi 40 años.
El gobierno ha desestimado, una vez más, mejorar las pensiones autofinanciadas por dos de las vías que mayor efecto podría haber tenido en el monto de las pensiones: ajustar la tasa de retiro programado a valores más cercanos a las rentabilidades de los fondos de pensiones en el último año y ajustar las tablas de mortalidad con que se calculan las pensiones a valores mas ajustados a la edad efectiva en que fallece la gran mayoría de los pensionados. Se ha anticipado que la propuesta de mejoramiento de las pensiones que hará el gobierno se centrará en un aporte fijo, independiente del monto de la pensión, para quienes conforman el pilar contributivo, es decir pensiones autofinanciadas.
¿Por qué el gobierno desestimó las dos alternativas reseñadas más arriba? Fundamentalmente porque implican una aceleración en la tasa de retiro de los ahorros previsionales. Y ello afecta directamente a las AFP porque estas actúan como financiadoras de la banca y las grandes empresas y se verían disminuidos los montos disponibles para prestar. Evidentemente, la autoridad no se acuerda acá de un concepto que ella misma y las AFP han defendido y esto es que los fondos previsionales son de propiedad de los cotizantes.
Por cierto, haber optado por alguna o ambas de las opciones que la autoridad ha descartado tiene una consecuencia no menor y es que no implicaban desembolso fiscal, excepto en la medida que se requería implementar un sistema de seguro de sobrevida, de fácil implementación y que por lo demás ya había sido planteado en los tiempos de la Comisión Bravo y en otras instancias posteriores.
Así, una vez más, las AFP podrían no ser tocadas en la esencia de lo que constituye su muy rentable negocio. Efectivamente, no han podido acceder a la administración del 6% adicional, pero lo cierto es que realmente nunca tuvieron la chance real de hacerlo, habida consideración de su alto nivel de descrédito y rechazo en la sociedad.
En realidad, ya mantener el 10% que aún administran es bastante premio, si consideramos que la contrapropuesta maximalista de la oposición incluso considera la opción de que el cotizante lleve sus ahorros, actualmente en una AFP, al nuevo ente administrador estatal.
Más bien, a estas alturas, deberían hacer el menor ruido posible. La están sacando barata, porque el resto de las modificaciones anunciadas por el gobierno no tendrán impacto significativo allí donde podría dolerles, es decir en sus grandes utilidades. Así como están las cosas bien pueden sacrificar aspectos secundarios como aceptar alguna participación marginal de los afiliados en sus directorios o una eventual competencia en condiciones que hoy nadie conoce o la devolución de comisiones en determinados casos. Aún la improbable opción a que los afiliados accedan a un porcentaje de las utilidades.
Todas estas posibilidades representan un costo muy menor comparado con el costo demandado por la mayoría de la sociedad, esto es, el término del sistema creado por el DL 3.500 de 1981, que ha significado estar en el punto que estamos hoy en materia previsional: pagándose pensiones de miseria y obligando al fisco a subvencionar crecientemente al sistema.
Los defensores a ultranza del sistema de capitalización individual sostienen que los sistemas de reparto están quebrados. Pues bien, el sistema de capitalización individual vigente en Chile quebró cuando comenzaron a pagarse pensiones bajo sus normas. Desde entonces subsiste sólo gracias al sustento fiscal, bajo la forma de pensiones básicas, aporte previsional solidario y ahora, eventualmente, aportes al pilar contributivo.
