Opinión
Es un lugar común encontrarse con la frase “la Constitución se ha cambiado muchas veces”, lo cual si bien es cierto, es una afirmación que deja de lado una de las dos dimensiones que componen a una Constitución Política de la República, por cuanto no tan solo es un libro jurídico que contiene artículos e incisos, y respecto del cual se litiga en intereses de clientes ante Tribunales de Justicia, sino que también la Constitución tiene una segunda dimensión tanto o más importante que la del “libro jurídico”, y esta es su dimensión política. Su nombre lo dice: la carta magna constituye políticamente a la república. Ya lo anterior es suficiente para comenzar a vislumbrar qué es lo que se esconde tras el “dilema constitucional”.
Pues bien, si pudiéramos identificar dos conceptos que fueron ampliamente replicados por la sociedad como eventuales causantes de la crisis que inició en octubre del año pasado, además de la desigualdad y la dignidad, son: “clase política” y “abuso”. ¿Qué une a estas tres palabras? La tesis aplicable al caso sería que la clase política está con la legitimidad en el suelo, y que el abuso es pan de cada día en nuestro país, en distintas áreas. En este sentido, el abuso no podría ser detenido por las reglas del juego. El poder político, que es el complemento del poder económico causante del abuso, no podría hacer su trabajo de balanceo.
Si miramos la última Encuesta CEP de diciembre de 2019, podemos observar con nitidez la aversión hacia la clase política: la aprobación de ella, entendiéndose a ésta como el Congreso, Partidos Políticos y Gobierno, alcanzó el 3%, 2% y 5%, respectivamente. Lo anterior vuelve interesante preguntarse el porqué de esto, ya que me niego a creer que todos los políticos son seres oscuros con dudosas intenciones y que a todos los atraviesan solo intereses particulares. Prefiero creer que hay una razón en el diseño del mapa que hace difícil llegar a puerto, antes de pensar que los que dirigen el viaje tienen la intención de nunca llegar a este, entendiendo a este “puerto” como el objetivo, la razón de ser de la política, que es finalmente la representación ciudadana para lograr mejorar la vida de la sociedad.
En relación a los abusos, no es muy difícil saber cuáles son las causas que dieron cuenta de esta conclusión. Décadas de colusiones, más de un millón de sentencias condenatorias en 10 años contra las isapres, quienes no obstante continúan alzando los planes unilateralmente de forma ilegal, financiamiento ilegal de la política para hacer leyes a la medida, entre otros episodios ya conocidos.
En efecto, lo que conecta a la clase política con el abuso, es verosímil que sea la dimensión política de la Constitución que nos gobierna y, para comprender lo anterior, es absolutamente necesario viajar en el tiempo al período en que se fraguó la Constitución de 1980.
La actual Constitución en su dimensión política, fue una solución a un problema que se le presentaba a la dictadura: qué hacer para cuando gobiernen los contrarios, no puedan cambiar mayormente las reglas del juego. Pero, ¿quiénes eran los contrarios? Evidentemente no la oposición actual, en dónde tenemos variopintos partidos, distintos a “la contraparte” de la época, que era el marxismo y comunismo. La Constitución se hizo en los estertores de la guerra fría, pero en ese contexto al fin y al cabo, lo que da cuenta de que el diseño de las reglas quiso prevenir y evitar que, una vez llegada la democracia y terminada la dictadura, se cambiara el rayado de cancha y, en consecuencia, se trazaron líneas de diseño que fueran altamente resistentes a cambios que quisiera una mayoría que pudiera ser contraria a la visión de la dictadura. Eso debía ser evitado o, al menos altamente atenuado.
En este contexto, valga recordar la famosa frase de Jaime Guzmán, quien señaló que la Constitución “debe procurar que si gobiernan los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario .
Entonces, ¿cómo ha sido vivir por 40 años bajo una Constitución Política, bajo reglas de poder, que se encuentran diseñadas para que la deliberación democrática y los requerimientos sociales se neutralicen, siempre tendiendo a favorecer una sola visión de sociedad?
Esto tiene dos efectos principales: i) La política es incapaz de procesar y realizar demandas de transformación requeridas por la comunidad y, ii) Se tiene como resultado un poder político débil. ¿Y débil ante quién? El poder político tiene otros tres poderes que existen, que están ahí de facto: la Iglesia, las Fuerzas Armadas y, finalmente el más importante: el poder económico. Los dos primeros están de capa caída, el primero por sus propios actos, el segundo ya que prefiere ver de lejos a la política a la luz de lo ocurrido judicialmente después de 1990. Sin embargo, el último sigue vigente.
Y que exista el poder económico no es malo per se. Este poder bien regulado es deseable para las sociedades. El problema, es que para que sea eficiente, se vuelva sostenible y no se transforme en un depredador, debe tener un poder paralelo que imponga “pesos y contrapesos”, siendo este el poder político. Pero, recordando la frase de Guzmán, este poder se encuentra “amañado” por la carta fundamental.
Para dotar de contenido a lo anterior, valga recordar que la deliberación democrática puso de acuerdo a la derecha y a la izquierda en tres proyectos emblemáticos para la ciudadanía (y otros por cierto), proyectos que daban cuenta de un genuino interés por promover y proteger el interés social poniéndole “coto” al poder económico: i) Sernac financiero, ii) Titularidad sindical y, iii) Lucro en las universidades.
En los tres proyectos de ley, ambos conglomerados políticos del Congreso llegaron a puerto, se pusieron de acuerdo, se estrecharon las manos y se abrazaron aprobando leyes que le daban al Sernac facultades sancionatorias, otra que establecía que la titularidad de la negociación colectiva correspondía al sindicato (siguiendo las directrices de la OIT) y, finalmente, que el lucro en instituciones de educación superior estaba prohibido.
Y, ¿qué pasó? Fueron declaradas inconstitucionales fundando los fallos en afectaciones a las reglas de la Constitución. Reglas de quienes trazaron las líneas. Es decir, el Sernac con facultades sancionatorias no puede existir porque afecta las reglas constitucionales, pero reglas que solo fueron instauradas por unos, y que contienen un evidente carácter economicista.
Es necesario hacer una prevención, porque sí es deseable que exista un Tribunal Constitucional, el cual debe procurar mantener el respeto a la Constitución (si gana el apruebo y el plebiscito de salida, todos querríamos que exista una instancia que proteja lo acordado entre todos). Sin embargo, lo que se critica y genera el resultado de aversión hacia la política, no es tan solo el efecto inhibidor de esta actividad, sino que se declaran inconstitucionales leyes pero por afectar normas que fueron diseñadas de manera inclinada y, si se quieren cambiar, se debe tener la anuencia del sector que diseñó las reglas. Lo anterior debe ser objeto de debate.
¿Resultado? La ciudadanía ve al poder político amañado, coludido al poder económico, sin ser culpa directa de los políticos sino una consecuencia al diseño de la cancha en que se mueven, lo que genera sensación de abuso doble, por cuanto aquéllos que en la teoría deben proteger a la sociedad en relaciones evidentemente asimétricas, terminan sucumbiendo ante las reglas del juego actualmente vigentes lo que genera una sensación de que es irrelevante quién salga electo, porqué ya sea la derecha o la izquierda, y aún cuando se marche por causas de la más diversa índole (educación, AFP, etc), la política tiende a no poder procesar las demandas que pide la ciudadanía. Es decir, aquélla actividad cuyo eje central es representar, identificar, procesar y llevar a cabo causas que pediría una mayoría ciudadana, no puede hacer aquello para lo cual existen.
Esta es la razón por la cual es del todo relevante poder acordar una nueva Constitución Política de la República. No tan sólo por aspectos referidos a explorar una mejora en la técnica de consagración de los derechos fundamentales en relación a la capacidad de pago del país, particularmente los derechos sociales que tienen que ver con la dimensión uno del libro, sino porque se requiere un pacto social que le permita al poder político procesar con eficiencia las demandas comunitarias balanceando de manera eficaz el poder que tiene frente a su par económico.
Y, en este objetivo, votar apruebo en abril se vuelve determinante. Necesitamos un pacto social en que el libro sea escrito por todos, y lo que incorporemos dentro de él sea un acuerdo entre la mayoría de los que estarán deliberando. No como la actual Constitución, que fue escrita por unos, a quiénes hay que ir a preguntarles su parecer para efectuar las reformas al pacto. Me refiero a que los 2/3 de la Constitución de 1980 es sinónimo de trampa, mientras que los 2/3 del proceso constituyente es signo de garantía de acuerdo. Las diferencias son evidentes.
Además, las garantías no tan solo son las referidas a los dos tercios, sino a que existirá un plebiscito de salida y, lo más relevante pero que suele ser desconocido, la convención deberá respetar el carácter de república democrática del país, los tratados internacionales ratificados por Chile y el respeto al poder judicial y sus resoluciones, quedándole prohibido actuar más allá de lo que la Constitución le ha encargado en este contexto (artículo 135 de la CPR, incorporado por la reforma constitucional de noviembre de 2019).
En síntesis, estamos ante la oportunidad única de poder construir un nuevo pacto social a través de una Constitución que sea de todos, acordada a través de la conversación y el diálogo democrático, con claras y evidentes reglas que ahuyentan a los agoreros Chavistas ya que hacen inverosímiles los entendibles temores, los cuales si bien deben ser comprendidos, también requieren ser abordados y tratados a través de la evidencia que permite afirmar de que será un proceso que tiene plenas garantías para lograr una Constitución más humana, digna y con una distribución de poder acorde a los desafíos de la década 2020-2030 que recién comienza.
