Chile entra a una importante etapa de su historia moderna. Por primera vez en nuestros más de 200 años, la ciudadanía toda, es decir, el soberano, se pronunciará sobre la necesidad de tener una nueva Constitución.

Nacimos como nación independiente señalando que Chile no dependía de ningún rey. Por cierto, tampoco el poder en nuestro país tiene origen divino. Los chilenos todos somos los titulares de nuestra soberanía, es el principio de nuestra institucionalidad.

Pero por diversas razones, las constituciones que hemos tenido en estos más de 200 años han sido redactadas por comisiones de expertos, no han surgido de una voluntad nacional manifiesta.

La última, la de 1980, fue redactada cuando en Chile no existían registros electorales, los partidos estaban prohibidos, no había libertad de prensa y el Gobierno de entonces era condenado cada año por la comunidad internacional por una sistemática violación de los Derechos Humanos.

Por cierto, la redactó la llamada comisión Ortúzar y su teórico principal fue el fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Es cierto que se le han hecho ajustes, unos más profundos que otros, pero hoy, el Chile del siglo XXI está maduro para decidir sobre su nuevo pacto social y político, porque eso es la Constitución, la definición de las reglas básicas de convivencia de la nación.

La demanda por una nueva Carta Magna es antigua, prácticamente desde que se inició el retorno democrático. Pero esa demanda fue satanizada por algunos, y otros colocaron la prioridad en otras urgencias, como lo era el fin del régimen de Pinochet sin traumas políticos ni económicos. Es evidente que el estallido social del 18/O creó las condiciones para el acuerdo de convocar al plebiscito del 26 de abril próximo.

De esta manera, a fines de abril, la ciudadanía chilena concurrirá libre y democráticamente a decidir si aprueba o rechaza un cambio constitucional. En caso de ganar la aprobación –lo más probable– se iniciará un proceso para la elección de los constituyentes en octubre próximo. Y un año mas tarde los constituyentes someterán a la ciudadanía la aprobación del nuevo texto constitucional.

Es decir, entraremos por primer vez en nuestra historia en un proceso constituyente ciudadano. Será lo mas importante que haya generado la movilización social y, también, un buen camino institucional para recomponer las bases del pacto social. Por libre elección ciudadana y ya no por otro tipo de urgencias. Cuidar este proceso es una tarea vital de todo demócrata.

¿Por qué hablar de cuidar el proceso constituyente?

Aparte de las clásicas campañas basadas en el temor al cambio, todas las mediciones indican que en el país se han instalado dos preocupaciones en la población.

Es difícil medirlas con objetividad, pero es evidente que para un sector importante de la chilenidad, la prolongación de la crisis social genera inquietud por su efecto en el empleo, en una eventual inflación y en el decaimiento de la actividad económica en general. Mas aún cuando los agoreros del desastre profundizan esa visión.

La otra preocupación tiene que ver con el deterioro del orden público, especialmente en las principales ciudades. Ojo, esta preocupación, al menos para quien escribe, no tiene nada de crítico ni se debe confundir con las masivas movilizaciones por derechos sociales de las que hemos sido testigos, pero, como desde hace tiempo sabemos, esas movilizaciones han sido utilizadas para actos condenables de violencia. Lo vivíamos antes del 18/O después de algunos partidos de fútbol o de algunos conciertos, pero eran a escala controlable. Hoy eso se ha multiplicado, lo que se agrava con la crisis de Carabineros que sufre las consecuencias de un deficiente manejo de parte de las autoridades civiles y del descabezamiento masivo de su alto mando que experimentó a inicios del actual Gobierno.

Destacamos estas dos percepciones porque indudablemente van a influir en el resultado del plebiscito. Dos serán los indicadores de ello: primero, el número de votantes. Dado que esta consulta tendrá el carácter de voluntaria, la incertidumbre puede disminuir la participación. Con ello, la fuerza del mandato popular puede afectarse, porque hoy en día todas las mediciones indican que la aprobación ganaría por amplio margen. En segundo lugar, la votación por el mecanismo de reforma (convención o mecanismo mixto) será un indicador: los que se opongan a la reforma constitucional pretenden parapetarse en un mecanismo donde al menos la mitad provenga del actual Congreso.

Pese a lo anterior, todo indica que la mayoría de los chilenos votará a favor de una nueva Constitución. De este modo, la noche del 26 de abril las calles se llenarán de jubilosos ciudadanos que aspirarán a ser la primera generación de chilenos que podrán opinar sobre las bases de nuestra institucionalidad.

¿Cuáles serán los efectos políticos del plebiscito? ¿Seguirá todo igual? ¿En que condición quedarán las autoridades también elegidas por mandato popular?

No es fácil visualizar esa coyuntura. Legalmente tanto la Presidencia como el Congreso tienen la más plena legalidad, porque su mandato proviene de una decisión soberana. Nada más que se trata de una decisión anterior al plebiscito. Pero que seguiría siendo válida. El problema no es la legalidad de las autoridades sino su legitimidad. Porque hoy en día todas las mediciones muestran una aprobación mínima a la Presidencia y al Congreso.

Frente a esto, se vislumbran algunos escenarios que, de manera indicativa, pasaremos a exponer:

Escenario 1: Gobierno de unidad nacional que garantice la transición

La noche del 26 de abril promete ser una jornada en la que quedará más manifiesto que nunca el divorcio entre gobernantes y gobernados. La desconfianza se ha instalado hace rato y abarca a los partidos políticos, que en su mayoría se han parlamentarizado, es decir, han sido copados por la lógica de los parlamentarios.

Si la ciudadanía opta por aprobar una nueva Constitución, ese será el mandato popular más contundente e importante que todos debemos cuidar. Que su proceso se desarrolle de la mejor forma, que permita una amplia participación y que su resultado sea beneficioso para el país en su conjunto. Un Gobierno con ínfimos niveles de aprobación es difícil que pueda llevar adelante lo anterior. Serían dos años difíciles.

Lo más sensato será escuchar lo que la ciudadanía demanda. Si se va a llevar adelante un proceso constituyente, las autoridades deben dar y construir las mejores garantías para ello.

La fórmula la proporciona el actual sistema. El presidencialismo tiene amplias atribuciones, entre ellas, convocar a quien estime al Gobierno.

De este modo, es posible imaginar que, como fruto de una aprobación del proceso constituyente, el Presidente convoque a la formación de un Gobierno amplio, de unidad nacional, que vele por la transición al nuevo momento. En el pasado eso ha ocurrido, sin ningún drama.

Dicho Gobierno aseguraría las condiciones políticas y técnicas para garantizar la gobernabilidad del país en todo este proceso. El Presidente asumiría su rol de Jefe de Estado y recompondría el Gobierno. El mandato de las elecciones presidenciales del 2017 habría sido superado por la historia reciente del país y por la decisión ciudadana del 26 de abril del 2020.

Tarea central de esa nueva fórmula sería garantizar el desarrollo del proceso constituyente. Pero además, si se trata de escuchar al pueblo, se debería escuchar el reclamo mayoritario por las reformas sociales que hoy alimentan el malestar. El Congreso y La Moneda, en forma paralela al proceso constituyente, deberían abocarse a solucionar esas demandas (previsión, CAE, sueldo mínimo, entre otras), que son materia de ley y no necesariamente constitucionales.

¿Es posible ese escenario? Depende de los actores. De La Moneda y los partidos. En un país nórdico no habría mayor problema. Supone asumir responsabilidad de Estado y guardar la calculadora.

Escenario 2: la abdicación

La aprobación de una nueva Constitución será una derrota contundente de quienes se han opuesto históricamente a ello. Eso no quiere decir que los que voten por el rechazo no tengan legitimidad en su postura, pero claramente implicará que no son mayoría.

En esa posición quedará La Moneda la noche del 26 de abril. Mejor dicho, ya está en esa posición. Cuando la encuesta más laboriosa indica que solo el 6% de los ciudadanos aprueba su gestión, es evidente que la actual fórmula carece de fuerza política. No nos referimos a la derecha política, sino al Gobierno, al Presidente y sus funcionarios. Porque es claro que hoy una buena parte de los electores de derecha está disconforme con La Moneda.

Muchísimos analistas externos coinciden en el asombro de cómo un Gobierno puede seguir en pie luego de perder tanto apoyo político y social. La respuesta es una sola: pese a todo, la institucionalidad chilena resiste, las actuales autoridades tienen legalidad, pero la legitimidad se ha erosionado a niveles nunca vistos.

Esta situación se hará evidente la noche del plebiscito y en la calle se hará sentir. Ya se siente en los muros y en las redes sociales.

Ante ello, otro escenario puede ser el de provocar la vacancia presidencial. Esto ya se intentó a fines del año pasado por la vía de una acusación constitucional, pero fue rechazada.

Un Gobierno que no está en caída libre, pues cuando se tiene el 6% de apoyo, ya se cayó, que puede ser un lastre incluso para los partidos que ayer lo eligieron. Será muy difícil para las colectividades de derecha presentarse a una elección como las fuerzas que apoyaron a un Gobierno que no tiene apoyo y concita la desaprobación mayoritaria (80% en varias mediciones). Por ello muchos analistas, varios de ellos de derecha, sugieren que una vacancia presidencial modificaría el cuadro.

Es evidente que la abdicación no está en el ADN del actual Mandatario, pero en los pasillos del Congreso, después del 26 de abril, esta idea se puede instalar. De más está decir que una fórmula de este tipo contaría con a lo menos la desconfianza de amplios sectores de la población.

Escenario 3: más de lo mismo

Otro curso, es que nada cambie. El Gobierno intentará posicionarse –ya trata de hacerlo– como el líder de lo que debería ser la nueva Constitución. Tal pretensión nos reedita los fenómenos de autismo político. Sería no escuchar lo que ha pasado en Chile en los últimos meses y, sobre todo, desconocer la voluntad soberana del plebiscito.

Una fórmula de más de lo mismo... ¿Es posible? Sí. ¿Es Legal? Sí. ¿Tendría legitimidad? No. ¿Garantizaría gobernabilidad? No.

En resumidas cuentas, es posible. Es más, es lo que ha pasado en los últimos meses. Ejemplo de la nula percepción de la realidad, lo demuestra que en estos días, frente a desafíos tan trascendentes para el país en las próximas semanas, el Gobierno y todos sus funcionarios se fueron de vacaciones como si viviéramos en Nueva Zelandia o Canadá.

Lo peor en política es no percibir la realidad y eso pasa en todos los sectores. Pero cuando se está en el Gobierno es más complicado.

Resumiendo, los chilenos enfrentaremos un momento decisivo de nuestra vida republicana. Es más, es un momento necesario porque a nadie le quedan dudas de que la mayoría nacional está molesta y disconforme con muchos aspectos de su vida cotidiana. La demanda por derechos sociales, por una redistribución justa del fruto del crecimiento, el reclamo por la mochila del endeudamiento, en fin, son muchos aspectos que conforman la base del malestar. Se une esto a una desconfianza con las elites, porque la mayoría del país piensa que todo aquel que llega a alguna posición de poder, se aprovecha de ello con beneficios abusivos.

También es notoria la necesidad de restablecer el orden público, porque todos requerimos de certidumbres para nuestras vidas cotidianas y la seguridad de nuestras familias. Empezando por el empleo.

Consultar al ciudadano sobre estos y otros temas debiera fortalecer la democracia y las bases de nuestra institucionalidad. Nuestro proceso es visto con interés por muchos. Los chilenos tenemos la posibilidad de construir un mejor país para todos, con inclusión y protección social acorde a nuestro desarrollo. Y también con una nueva institucionalidad que fortalezca nuestro pacto social.

Tengo fe en Chile.