Dónde está la disposición de avanzar en la agenda social de salud

El Presidente convocó a un acuerdo contra la violencia y la defensa de la democracia añadiendo que, para darle contenido a ese acuerdo, es muy importante tener avances significativos durante marzo en la agenda social. Nadie niega la urgencia de las reformas sociales; la disposición para avanzar en la agenda social existe. El tema en cuestión es si la agenda del gobierno apunta a resolver los problemas que claman por solución. Al menos en lo que dice relación al sector salud, ese no es el caso.

Entre los académicos y profesionales de la salud, tanto de derecha como de izquierda, parece haber consenso en que la solución a la segregación e inequidad del sistema de salud chileno pasa por una reforma integral al sistema. Esto se ha entendido como una reforma que reúna las cotizaciones de todos en un mismo sistema (“mancomunión de fondos”), para luego, con cargo a esos recursos, financiar la salud de todas y todos los chilenos según sus necesidades y no su capacidad de pago.

En el mundo se pueden apreciar distintos sistemas de mancomunión de fondos. Los partidos de la oposición y los gremios de la salud se han manifestado a favor de un sistema de salud universal o de un seguro único. Por otra parte, como consta en publicaciones de éste y otros medios, sectores de derecha y de centro, abogan por un sistema de multiseguros.

El único que no ha tomado una definición es el gobierno y los tiempos que corren demandan que lo haga de una buena vez. En lugar de proponer un sistema que mancomune las cotizaciones de todos los chilenos, el gobierno distrae con un proyecto (Boletín Nº13178-11) que dice crear un plan de salud universal (PSU).

En efecto, el proyecto distrae pues ya existe un PSU, solo que en la legislación actual recibe otro nombre, a saber, régimen general de garantías en salud. En términos simples, este régimen general incluye todas aquellas atenciones sanitarias incorporadas en varios regímenes especiales, como son los regímenes de las garantías explicitas en salud (GES), la ley Ricarte Soto, la ley de urgencia, las modalidades de atención institucional (MAI) y de libre elección (MLE) de FONASA, el examen de medicina preventiva y el del control del embarazo y puerperio.

El gobierno promueve su PSU bajo el argumento de que las prestaciones sanitarias tendrán, como en el GES, tiempos máximos de espera (o “garantías de oportunidad”). Sin embargo, el proyecto del gobierno no impone ningún plazo, sino que entrega al Ministerio de Salud la facultad de priorizar qué tratamientos, dentro del universo total de prestaciones sanitarias cubiertas, tendrán garantías de oportunidad. Pero es justamente esta facultad la que la Ley AUGE le otorga hoy al Ministerio de Salud, esto es, la potestad de establecer garantías de oportunidad para aquellos problemas de salud que se estimen prioritarios para el país.

Ahora bien, si la finalidad es reducir los tiempos de espera, la vía no es la legislativa, aprobando el PSU del gobierno, sino administrativa, mejorando la gestión y añadiendo recursos al GES para incluir más problemas de salud con garantías de oportunidad. Si el problema son los recursos, cuya escasez nadie discute, la mancomunión de fondos es una buena alternativa.

El gobierno debiese dar muestras de su capacidad para cumplir los compromisos que exige al resto cada vez que interpela a avanzar en la agenda social. Cuando los distintos sectores políticos exponen sus propuestas de reforma a la salud, lo que hacen es manifestar su disposición a avanzar en reformas sociales. Falta que el gobierno haga lo mismo y presente su proyecto de reforma integral al sistema de salud chileno. Es urgente discutir cuál es el sistema de salud que merecemos.