Opinión
Gobierno y oposición deben comprender que la pandemia y la crisis económico-social derivada de la misma, tienen un carácter de mucho más largo plazo y menos transitorio. Especialmente, porque existen otras crisis pendientes, como la política, que se destapó con el “estallido” de octubre de 2019, y la medioambiental, que parece olvidarse por la emergencia del momento pero que está ahí, más presente que nunca. Todo esto obliga a pensar en soluciones globales y permanentes, entre ellas, preparar al Estado para asumirlas en los próximos años.
A raíz del COVID-19, el Gobierno de Sebastián Piñera puso en práctica un sistema de cuarentenas “selectivas y dinámicas” consistente en “turnar” comunas o “medias comunas”, según cantidad de contagios. A partir del 15 de mayo de 2020, debido al aumento del peak diario de los mismos, apostató de aquel sistema, declarando en cuarentena las 32 comunas del Gran Santiago, más 6 ubicadas en la periferia. A estas sumó 4 del norte (Iquique Alto Hospicio, Antofagasta y Mejillones). Además, a todos los mayores de 75 años en cualquier lugar del país. Según el ministro de Salud, en la RM hay más de 8 millones de habitantes “encuarentenados”, para usar el participio de un verbo de uso popular en México, oficializado en Chile por S.E. el Presidente.
¿Qué ingresos tienen y tendrán para vivir y comer las trabajadoras y los trabajadores “encuarentenadas(os)” y sus familias?
Desempleados y empleados formales acogidos al subsidio de cesantía (o sea, con imposiciones al día). Son, según información “redondeada” de la ministra Zaldívar (El Mercurio, 15 mayo de 2020, B 10), 1 millón 500 mil trabajadores entre los 460 mil con suspensión de la relación laboral en 80 mil empresas acogidas a la Ley de Protección al Empleo y el millón 40 mil cesantes con que se llega a la cifra total indicada por la ministra. Todos ellos, más su núcleo familiar, suman cerca de 3,8 millones de personas que tendrán que enfrentar la “guerra contra el coronavirus” con el subsidio de cesantía pagado por el AFC hasta por seis meses. O sea, con el 70% de su remuneración imponible el primer mes y en los meses siguientes con un monto que decrece al 55, 45, 40, 35 y 30 por ciento.
Independientes y por cuenta propia informales, dentro del 60% de las familias más vulnerables (sin cotizaciones previsionales). Harán frente “a la guerra” durante 3 meses, a partir del 29 de mayo 2020, con el “ingreso familiar de emergencia” de 65 mil pesos por carga familiar, que el primer mes baja a $55.250 y $45.500 en los dos meses siguientes. El Gobierno los estima en 1 millón 800 mil trabajadores, con un núcleo familiar próximo a 4 millones 500 mil personas. Deberán estar inscritos y realizar los trámites por Internet en el Registro Social de Hogares.
Situación de los(as) trabajadores(as) “encuarentenados(as)”. Se trata de 8 millones de personas solo en la RM, que deberá enfrentar “encuarentenada” la “batalla de Santiago” contra el COVID-19. Según el ministro de Economía (El Mercurio, 15 de mayo de 2020, B 10), 2 millones 300 mil trabajadores lo harán laborando en 174 mil empresas con actividades calificadas de esenciales. El resto, despedidos o con relación laboral suspendida, deberá hacer frente a esa “batalla” obteniendo el subsidio de cesantía, si es que ya no lo estuviesen percibiendo. El número de trabajadores en esta última condición no fue referido por el titular de la cartera de Economía, solo indicó que en Santiago paralizarían 250 mil empresas.
Ante la realidad descrita, se evidencia “la carencia de Estado”. No se siente su razón de ser, ni su potestad ni las políticas públicas que emprende en momentos como este, porque, si bien las autoridades de Gobierno conocen la gravedad de la pandemia y se han referido a la necesidad de enfrentarla con la participación de todas y todos quienes habitamos en Chile, parecen no tener conciencia de que son millones de chilenos, chilenas, migrantes, niños, jóvenes y viejos que desafían un día a día odiosamente inhumano y un futuro incierto.
Por una parte, sufren la desesperante imposibilidad de cumplir –aunque les sean repetidas a diario– las medidas mínimas destinadas a evitar el contagio, atendidas sus precarias condiciones de vida, ambientales, de hacinamiento, de falta de agua, de carencia de alimentos y otras múltiples privaciones. Y, por la otra, la evidente insuficiencia de los ingresos prometidos, que tampoco llegan con la urgencia y oportunidad con que los requieren.
Un Estado fuerte habría prescindido, por ejemplo, de implementar engorrosos bonos y, derechamente, habría dispuesto pagar los subsidios existentes de incapacidad laboral o por enfermedad, invocando una medida de salud preventiva como presumir sospechosos de contagio del COVID-19, o en riesgo serio de adquirirlo, a los(as) trabajadores(as) impedidos(as) de asistir a sus labores por la cuarentena declarada en las comunas que habiten, disponiendo su pago de cargo de la respectiva institución de salud, con aval del Estado, si fuere necesario.
De esa manera, además, se habría igualado la situación con los funcionarios públicos que perciben su sueldo, aunque no asistan presencialmente al trabajo. Así lo resolvió España con el Decreto Real N°6/2020 que dispuso que a “objeto de proteger la salud pública”, se asimilará a un accidente de trabajo, “exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19”.
Nuestro Estado evidencia, pues, sus falencias y su desnaturalización al alero del “molde neoliberal” que lo amarró con dependencia sumisa al poder económico y financiero y lo dotó de un Gobierno con un poder excesivo frente a los otros poderes que lo integran. Una muestra de ello es la forma autoritaria y contradictoria de encarar la emergencia del COVID-19. Un ejemplo representativo: por un lado, “quédese en la casa” y, por el otro, “prepárese para un retorno seguro”. Sí y no, a la vez, generan locura.
Es el momento propicio para que la oposición adopte, desde el Congreso, la iniciativa política de fortalecer el Estado y que el Gobierno entienda que el Parlamento no está a su servicio, sobre todo cuando aquel ha mostrado la desnudez de sus dramáticas debilidades. En lo inmediato, Gobierno y oposición deben comprender que la pandemia y la crisis económico-social derivada de la misma, tienen un carácter de mucho más largo plazo y menos transitorio. Especialmente, porque existen otras crisis pendientes, como la política, que se destapó con el “estallido” de octubre de 2019, y la medioambiental, que parece olvidarse por la emergencia del momento pero que está ahí, más presente que nunca. Todo esto obliga a pensar en soluciones globales y permanentes, entre ellas, preparar al Estado para asumirlas en los próximos años.
Por ahora, comenzar a invertir con urgencia en la tranquilidad de las personas y en ganar su confianza, para lo cual no sirven los bonos ni las canastas ocasionales si no se acompañan con apoyos sustantivos y con un horizonte que ofrezca mayores certidumbres. En este sentido es inevitable integrar a las autoridades regionales, municipales y locales y, a través de ellas, a toda la población en la comprensión de las libertades, restricciones y medidas que se adopten, según el desarrollo de las crisis. Ello es indispensable, porque las condiciones de las regiones, de las ciudades, de las comunidades y, también, de las personas que las integran, no son iguales. Su actuar adecuado y colaborativo dependerá más de la comprensión de las medidas y acciones que anuncia la autoridad que de las instrucciones que día a día se impartan, desde un punto de prensa, sin que se entienda el sentido que tienen.
La oposición tiene la responsabilidad y el deber de cohesionarse en el Congreso a fin de abrir el debate político sobre la alarmante “carencia de Estado” que Chile experimenta. La tarea es devolverle la capacidad de cumplir con lo que su naturaleza le mandata, poniendo fin a la continuidad de un “Estado neoliberal”, antitético en sí mismo por definición.
