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El helicóptero y nuestros impuestos

por 2 junio, 2020

El helicóptero y nuestros impuestos
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En el transcurso del último año han ocurrido eventos que  ratifican lo difícil que resulta  predecir el futuro, a pesar de los múltiples y sofisticados modelos matemáticos que intentan hacerlo. Ellos sistemáticamente  fallan, tal como es constatado por el estado actual del planeta y, por supuesto, Chile no es la excepción. En economía, los aciertos de los modelos se opacan con sus errores, debido a las consecuencias sociales sobre el bienestar de las familias que conlleva políticas públicas basadas en cada error de predicción. Por esto, siempre  es apropiado revisar y cuestionar dichos modelos, a sus  formuladores y a las ideas que los sustentan, en un mundo guiado por economías descentralizadas, al menos en occidente.

Hoy el concepto clave es la incertidumbre sobre el futuro, en especial en Chile, donde ha  aumentado sostenidamente desde el estallido social, pasando por la actual pandemia y probablemente se prolongará  en una crisis económica y social. Una tríada de fenómenos que no fueron pronosticados por ninguno de los  modelos de los  tomadores de decisión, tanto del Gobierno como del sector privado.

El estallido social y la pandemia han sumado para lo que hoy parece inevitable, la crisis económica comenzó y los agentes han reaccionado con comportamientos disímiles, pero relativamente esperables. El Estado hace lo que permiten sus leyes. El Gbierno gestiona en coherencia con su ideología nuevas leyes de contingencia para la emergencia. Las empresas reducen sus costos y la mayoría de ellas se refugian en la batería de ayuda estatal. Las  familias reciben los efectos de las acciones anteriores y responden con menor consumo y caída de las expectativas sobre el futuro.

Sin embargo, la secuencia anterior, tiene matices y alta complejidad, originada por las interrelaciones que existen en el tipo de sociedad neoliberal en que vivimos. En ella, interactúa el Estado (compuesto por Gobierno, el  Parlamento y el Banco Central), las empresas privadas y  las familias construyendo el denominado ciclo económico, que hoy comienza a tambalear, a lo luz de los efectos de los fenómenos mencionados. En nuestro país, el Estado no planifica ni es actor del proceso productivo, porque apoya al sector privado y mantiene solo operaciones productivas de carácter estratégicas.

Esta crisis ha develado que, debido a su función de maximización, el sector privado se aboca, mayoritariamente, a rotación y flujos, sin previsiones de capital físico ni liquidez estratégica, aunque se pueden exceptuar aquellas empresas y corporaciones de gran tamaño que podrían vivir cientos de generaciones con el capital acumulado, en un sistema de competencia muy imperfecta, que les permite un “vida tranquila”, como constató J. Hicks hace décadas.

Por tanto, para lograr acciones efectivas en tiempo de incertidumbre, es necesario simplificar la complejidad usando modelos que buscan predecir la senda por la cual la sociedad avanzará y con ello poder actuar sobre las variables económicas o financieras tanto de las personas, las empresas y del Gobierno. Por ejemplo, se podría asumir que vivimos en un sistema ergódico. En simple, la teoría ergódica se origina es la suma de las palabras “energía” y “senda” y, como otros modelos, es tomado prestado de la física para utilizarlo en economía.

Este modelo adaptado a lo económico-social, pretende explicar que se puede conocer la senda futura y en todos sus estados posibles, mediante el conocimiento y cuantificación de  algunas trazas de su pasado y que en un   determinado tiempo, el sistema se ubicará en las inmediaciones (promedio) del espacio factible del cual es un subconjunto. Así, por ejemplo, se generarían modelos para conducir la economía basada en elementos del pasado y la creencia del comportamiento anterior.

Si hiciéramos un ejercicio en retrospectiva y nos ubicáramos, en junio del año pasado, en la cuenta pública del presidente, ¿se podría, con un modelo ergódico,  predecir  el estallido social y sus consecuencias posteriores? ¿Se podrían haber predicho los efectos económicos de una pandemia sanitaria debido al coronavirus? ¿Se podría haber pronosticado un colapso de capacidad en los sistemas de salud pública y privada? No, claramente no es posible adivinar los eventos futuros, pero lo concreto es que las proyecciones de las variables socioeconómicas, como consumo de bienes y servicios, el empleo, actividad productiva, comercio internacional, recaudación fiscal y el aumento de la deuda pública y privada, no consideraron comportamientos fuera del que propone un modelo ergódico. En concreto, no se esperaban variables fuera de la tendencia de los modelos utilizados por el Gobierno y los operadores de mercados, cualquiera que ellos hayan sido.

Los modelos no funcionaron y, por tanto, existe evidencia suficiente para afirmar que la teoría apropiada es la de no-ergodicidad. Con esta verificación, se podrían proponer modelos alternativos para gestionar la incertidumbre con mecanismos y herramientas que suelen no están en los maletines de los políticos, tecnócratas y economistas que creen que todo ocurre del mejor modo posible y usan medidas excesivamente micro y macroprudenciales.

En tiempo de crisis y extrema incertidumbre, el desafío es mayor y se deben adoptar múltiples enfoques para llevar a los países de la mejor forma posible. Aunque, por cierto, no basta con acusar la existencia de una realidad no-ergódica, porque como constataba J.M. Keynes, “al planear nuestras expectativas, sería torpe atribuir gran influencia a motivos que sean muy inciertos”, por lo que nos queda la proposición de soluciones no torpes, cuando se haya materializado el escenario más improbable.

Hoy, asombrosamente en el mundo, y por cierto en los países que usan economía descentralizada como Chile, la intervención estatal es completa y omnipotente. Los matices de estas intervenciones son basadas en la  concepción ideológica de cada Gobierno. Ello conduce tanto a las restricciones sanitarias como el auxilio financiero de forma consecuente con su ideología económica y política. La diferenciación se materializa en salud abierta y no selectiva de gobiernos progresistas, a diferencia de la utilizada por gobiernos neoliberales, que por ejemplo manejan el sistema de salud integrado, pero donde se priorizan los accesos de pacientes al sistema público, hasta que ellos colapsan y solo entonces se comienzan a utilizar los privados.

Es decir, utilizan al mercado para resolver la asignación de recursos de salud curativa. En el ámbito de la financiación, la distinción puede constatarse en la inyección directa a los agentes económicos o el uso de los intermediarios en el mercado financiero para inyectar fluidez a la economía.

En Chile, el Gobierno ha anunciado una estrategia de intervenciones escalonadas para paliar la emergencia. Esta se materializa con ayuda a personas, trabajadores y empresas, que comenzó con la suspensión de algunos impuestos, bonos focalizados, el uso del seguro de cesantía y la potenciación del  rol de los intermediarios financieros, es decir,  los bancos. En esta  escalada, el Gobierno también ha comenzado a realizar transferencias físicas, recientemente introdujo la repartición de cajas con alimentos y bienes de primera necesidad, asignadas a  familias vulnerables. Estos bienes son un sustituto a las transferencias monetarias directas, quizás para evitar que ellas se pudiesen gastar en adquisición de otros bienes distintos a los de primera necesidad. Lo que se debe resaltar de estas medidas es que en, definitiva, las acciones del Estado son crecientes, en la medida que los efectos desconocidos de la pandemia se prolonguen y en la evidencia que el virus no ha mutado a ser “buena persona”.

Para evitar y anticipar el desastre social que implica mayor  desempleo, hay una propuesta monetaria para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. Esta propuesta está siendo impulsada por especialistas internacionales y es una estrategia monetaria denominada lanzar dinero en helicóptero.

Aunque este término fue acuñado en la década de los 60 del siglo pasado por Milton Friedman, más bien como una crítica a la emisión inorgánica y gasto público desenfrenado, hoy el helicóptero tiene una connotación  distinta y ha tenido evidencia en la década anterior, en el uso de política monetaria no convencional, luego de la crisis subprime.

Inyectar liquidez a un sistema “seco”, es usado por algunas economías desarrolladas en respuesta a un fenómeno financiero complejo y distinto al actual. La incertidumbre de la evolución del pandemia y sus efectos sobre el sector real y no sobre el monetario son aún impredecibles y, dado que no existen bolas  de cristal, por más que se realicen  esfuerzos bien intencionados y macroprudenciales, lo seguro es actuar sobre la demanda agregada, que actualmente va en caída libre. El estímulo fiscal, dado el lúgubre escenario, permitiría el aumento de la actividad económica, sin costo inflacionario permanente, debido al comportamiento de los precios relevantes de la economía nacional e internacional.

Pilar del sistema económico es el uso eficiente de los factores de producción, de ellos, en la visión neokeynesiana, el empleo siempre puede ser incrementado mediante un ajuste fiscal, por lo que, inmediatamente después que la autoridad sanitaria lo permita, el esfuerzo deberá ser dirigido a que esta variable se refuerce tanto desde el sector fiscal como del privado. Sin embargo, la transición es incierta y dolorosa, si el Gobierno no relaja las medidas de excesiva austeridad y no inyecta más estímulos monetarios en el corto plazo.

El helicóptero debería ser implementado a través de mecanismos que permitan focalizarse en la recuperación del consumo interno y reflotar las expectativas de las familias. Estas expectativas anteceden a las realizaciones de las empresas, por lo que ellas deberían incentivar al consumidor liquidando las existencias al más breve plazo, dado que ya se internalizaron las reducciones de sus costos variables en lo que va de la crisis. La preferencia por la liquidez es en definitiva la variable que puede gatillar la recuperación y su  instrumento es el dinero.

En esta instancia, la coordinación del fisco y el Banco Central debe ser al unísono. Sin embargo, la piedra de tope es la imposibilidad de un flujo desde Banco Central al fisco, piedra que en realidad  tiene un conservador pero razonable supuesto: el inhibir gasto populista e irresponsable. Con ello, el dinero solo es tema de los bancos privados e instituciones crediticias y el Banco Central.

Sin embargo, este mecanismo de  protección (que ha permitido el internacionalmente reputado equilibrio financiero nacional), hace que exista un sector bancario que actúa desacoplado de la economía real. No es normal que las autoridades públicas deban pedir casi como un  favor de humanidad que los bancos presten dinero. ¿Es nuestro sistema lo suficientemente flexible para gestionar la magnitud de la emergencia? La respuesta es no y nuestro sistema bancario queda hasta el momento en deuda con el país, tanto para empresas como para personas.

Por tanto, los siguientes meses son delicados y parte de las balas ya están gastadas. Se deberían evaluar acciones no convencionales para salir de la crisis. La primera idea es que el Estado se financie con su propio Banco Central, modificando el Artículo 27 en forma transitoria para permitir flujo directo desde reservas o nuevas colocaciones.

Si no existiese acuerdo político, se podría interpretar el tercer párrafo del artículo, sobre la existencia de una guerra exterior (en este caso contra el virus). Para ello sería necesario convocar al Consejo de Seguridad Nacional, tal como lo establece este artículo. Si fuese así, ello no debería ser mirado con recelo, solo con el pragmatismo que amerita la emergencia.

Del lado de la financiación privada se podría reinterpretar el artículo 57, como un programa especial de compra de activos para que el Central pueda “administrarlos y enajenarlos”, en convenio con las empresas que lo requieran, reduciendo el tiempo, los costos de transacción y de agencia de los otros intermediarios del mercado financiero. En el corto plazo esto permite lanzar dinero desde el helicóptero (pero en forma de préstamo). Luego, en el mediano plazo, es posible discutir con el sector político institucional, la siguiente pregunta de tipo estructural: ¿Debería un Banco Central independiente proteger exclusivamente al sistema financiero o debería poder actuar contingentemente sobre la economía con más instrumentos que el actual?

Del lado fiscal, otra medida radical es rebajar transitoriamente el IVA, el que actuaría como una forma de abaratar el consumo de las familias no-ricadianas, aquellas que no pueden actuar optimizando su consumo, es decir, los pobres y más vulnerables de nuestro país. Las finanzas públicas (impuestos) pueden seguir siendo la variable de política fiscal, aunque deberán ser revisitadas en la pospandemia para ajustar la carga y discutir  la integración de impuestos.

Sobre todo el foco deberían ser las empresas de tamaño intermedio y grandes, que aún no se les mueve la aguja, dado que están capitalizadas o tienen finalmente operaciones en el exterior, entre ellas a China, que a pesar de la pandemia muestra un crecimiento interanual de sus importaciones desde Chile de un 7%, en el primer trimestre del 2020. Por tanto, el relajo impositivo propuesto no es gratis, el pacto de ayuda en la emergencia debe ser pagado en el futuro y la forma es con un aumento.

Sin embargo, ¿está la sociedad dispuesta a actuar según el dicho “una mano lava a la otra”? ¿Están las empresas y las personas dispuestas al aumento de impuestos, luego de recibir el dinero desde el helicóptero fiscal? La evidencia es que a nadie le gusta pagar los impuestos, dado que, como su nombre lo dice, no son voluntarios. Pero dado el escenario actual la rebaja al IVA y de los impuestos a las empresas, se puede compensar en el futuro con aumento del IVA temporal, reducción de la evasión y, por ejemplo, la reformulación del impuesto a la herencia, que podría ser en definitiva la forma más efectiva de reducir la inequidad intergeneracional.

La mayor liquidez hacia la personas puede también ser implementada mediante una mayor amplitud del préstamo rápido con garantía que proporciona actualmente la Dirección General de Crédito Prendario. El aumento del 19% del precio del oro es una medida efectiva y que permite a los tenedores de oro obtener dinero inmediato. La “tía rica” puede transformarse en una vía efectiva de inyección de dinero a la población, por la ampliación de compra de bienes durables de menor liquidez. El rol del Estado nuevamente sería fomentar el intercambio y provocar la  dinámica del ciclo, en un período donde no existe clausura del mercado (acuerdo entre vendedores y compradores por el intercambio de bienes).

El problema en definitiva no es crear dinero, sino crear actividad económica, y en esta excepcional circunstancia, lo último es prioridad para lograr la reactivación. El Gobierno, con el espacio fiscal disponible, debe realizar su rol básico de balancear la economía y no necesariamente el presupuesto. Esto implica acciones temerarias en tiempo de catástrofe, la idea de balancear presupuestariamente el año solar, no tiene un correlato en la realidad que viven las familias vulnerables en su día a día. Porque, si bien es cierto que “uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios números”, lo que cuenta al final del día es cómo se comunican y gestionan los números y las expectativas desde las políticas públicas, en beneficio de los más vulnerables.

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