Opinión
Ha sido un periodo tumultuoso. El país ha visto sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales sacudidas por el estallido social y la pandemia. Si bien parecen eventos de diverso origen, sus efectos en el fondo develan un país con enormes desigualdades sociales. Hoy vivimos dos crisis: una institucional, que se ve en la incapacidad e inoperancia de las instituciones políticas para encausar el estallido y la pandemia, y otra de injusticia social, que genera desconfianza y resentimiento que hace imposible a cualquier grupo aunar y reconstruir estructuras. Para enfrentar estos desafíos se hace indispensable la participación de la ciudadanía en la generación de las políticas públicas que afectan su vida cotidiana, sus sueños, sus anhelos y sentidos de vida.
Vivimos en un país en el que mientras algunos sobreviven con empleos precarios e informales, reciben educación y salud de dudosa calidad en un sistema movilizado por el lucro, y hogares que no son otra cosa que espacios de hacinamiento; hay otros pocos que disfrutan de privilegios y comodidades, viven en barrios acomodados y tienen la vida asegurada sólo por los colegios privados en que estudiaron.
La evidencia de esto es abundante, sin que en la práctica ocurra mucho para detener o aminorar la enorme brecha que hay entre los muchos pobres y los pocos ricos del país. Justamente porque quienes deciden las políticas pertenecen este último grupo de privilegiados.
Con esto han logrado consolidar la evidente y tragicómica distancia que hay entre quienes están a cargo de las responsabilidades públicas y quienes, se supone, deberían ser los beneficiarios de sus resultados.
La ciudadanía había sido espectadora pasiva y víctima de las irresponsabilidades e ignorancia de la elite gobernante, aumentando la frustración y desconfianza con el sistema político y social. Sin embargo, cuando las instituciones que definen las políticas públicas cuentan con niveles mínimos de reconocimiento y de confianza, lo que está en crisis es la definición misma de lo democrático. Y lo que corresponde hacer entonces es avanzar en más democracia y no dejar que los gobernantes se vuelvan más autoritarios.
Casi clandestinamente, por las medidas de confinamiento que afectan desmedidamente a los pobres, han surgido redes de apoyo mutuo. Ollas comunes, la primera línea de la solidaridad, junto a otras formas de emprendimientos comunitarios muestran como los ciudadanos hacen su parte. También las organizaciones de la sociedad civil han puesto en jaque al gobierno, y sus números manipulados para engañar a la opinión pública.
La ley 20,500al modificar la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado sobre “asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública” señala claramente “que el estado reconoce a las personas el derecho a participar en sus políticas, programas, planes y acciones”, norma que parte de la base señalada en el artículo 2do de dicha ley asociativa al expresar que “Es deber del Estado promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil” aclarando en su inciso segundo que ”Los Organos de la Administración del Estado garantizaran la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna”
En función de estos principios sociales y del cumplimiento de la ley es ahora, en tiempos de estallidos y pandemias, que no sólo se debe cumplir con leyes que organizan la vida asociativa de las organizaciones sin fines de lucro, sino que también con la exigencia y el derecho de la ciudadanía de ser parte activa de forjar sus propios destinos.
Se debe garantizar con urgencia el derecho de las organizaciones sociales para desarrollar las actividades de solidaridad que se efectúan en las comunas, barrios y poblaciones de nuestro país, en el marco de la obligación del Estado de promover y apoyar las iniciativas asociativas de la a la sociedad civil.
Esta crisis nos ha mostrado la peor cara de este sistema fracasado, pero también nos señaló la virtud de la organización popular. Es imperante que nuestros gobernantes también puedan verla.
