Opinión
El nuevo fracaso del Gobierno de Piñera en detener el proyecto de ley que permite sacar el 10% de los ahorros propios, esta vez provocado por la Cámara de Diputados, no es un fracaso cualquiera. Permite analizar condensadamente lo que ocurre con el proyecto neoliberal que encabeza y cuáles podrían ser las salidas a la profunda crisis por la que atraviesa el país y que irrumpió con claridad el 18 de octubre.
La derrota en la Cámara de Diputados se tejió de forma abierta, se veía venir, pero el dogmatismo de la política económica de defensa a ultranza del monetarismo, más la impericia política del gabinete, la instalación paulatina de la agenda electoral, junto a la convergencia opositora ante esta sensible demanda de la población, provocaron una situación que dejó a los partidos que sostienen al Gobierno en una situación límite.
Piñera es hoy un Presidente que no gobierna. Ha demostrado que no tiene programa que realizar, ni estrategia propia que desarrollar. Pasará a ser el punto de equilibrio de los intereses y fuerzas que le rodean, para evitar su derrumbe y, con él, el de la institucionalidad.
Se han puesto en juego desde el Gobierno y los grupos dominantes dos estrategias posibles en términos generales. Reforzar el ideario neoliberal autoritario de la mano de los “hijos de Chacarillas” (Chadwick, Longueira, Allamand, Cubillos), con los métodos ya conocidos del uso de la represión (han equipado para ello a Carabineros y Fuerzas Armadas), las campañas del terror (usadas desde los años 60 del siglo pasado), las contramanifestaciones callejeras (al estilo Patria y Libertad y Comando R Matus contra Allende) y la conspiración con los gobiernos de derechas al estilo Trump, Johnson y otros. La otra estrategia, de las reformas dentro del modelo, que no descarta el uso de la fuerza, dependerá de la capacidad de articular un compromiso con el llamado “partido del orden”, que de alguna forma se dibujaba en la propuesta Insulza-Desbordes, como un gatopardismo que redefiniera las relaciones de poder con el mundo empresarial y la política. Es por ello que cobra importancia lo que desde fuera del Gobierno se constituya en el puente.
El proyecto que puede estar disponible para eso proviene de los sectores que comienzan a agruparse en la iniciativa liderada por Alvear, Aylwin, O. Garretón, I. Walker, con un entusiasta Harboe (y un R. Lagos expectante), que son aquellos que sabotearon el Gobierno de Bachelet 2, en sus intentos de reformas profundas. Este sector, con intensas redes con el poder empresarial y la derecha política nostálgica de la transición, buscará conquistar un espacio en la Convención Constitucional lo suficiente como para que sus pocos votos sean decisivos. Se podría decir que son los reformistas de la actual Constitución de Lagos. Son pocos, pero de alto poder y no poca riqueza, que demandan una transformación del modelo neoliberal para lograr su estabilización, amigos de los TTP11, la inversión extranjera y un rol más protector del Estado.
El gran empresariado, ante el debilitamiento de la figura presidencial, deberá entrar a jugar un rol político activo en la actual situación. No confía en Piñera (“chico, feo y tonto”), le perdió el respeto, tendrá que hacer política directa con el Parlamento y los medios de comunicación, pero deberá resolver sus objetivos y estrategia. El presidente de la CPC ha expresado posiciones zigzagueantes propias de la falta de definiciones, pero deberán escoger en soltar algo de sus privilegios (recordando a Cecilia Morel) o dar una dura batalla de relegitimación de su modelo, a la vez que apelan a la represión, el orden y la estabilidad.
Pero el fracaso del Gobierno ha abierto otro espacio, desde la “cuarentena del neoliberalismo”, para una estrategia que reponga “la salida socialdemócrata”, que considera agotado el modelo de crecimiento económico y de Estado “mínimo” que nos ha arrastrado hasta este punto. En el contexto chileno, instalar un propósito similar sería radical, si por ello se entiende que para garantizar derechos sociales de carácter universal, se requiere –francamente– otro modelo de desarrollo que sea capaz de generar riqueza –sin el paradigma del extractivismo y la destrucción del medio ambiente–, distribuirla de manera más justa y sustentado en una democracia legítima, liberal y participativa que resuelva la crisis de representación y exclusión de los pueblos originarios y de aquellos “tirados al basurero de la historia”.
Las fuerzas políticas que puedan impulsar esta estrategia radican en la llamada “Convergencia Progresista”, pero no necesariamente allí, pues en esas agrupaciones conviven los proyectos ligados al liberalismo social (cuyos paradigmas fueron los laboralistas de Blair y demócratas globalistas de Clinton) que, durante la transición, administró con entusiasmo y tecnocracia el modelo hoy en crisis. Algo similar ocurre en la DC, que, ahora más reducida, sigue expresando una diversidad de intereses y proyectos políticos.
Si en términos generales se analiza la alianza Chile Digno (PC, PRO y FRVS) y Frente Amplio, se puede afirmar que allí se incuba un proyecto, no del todo consolidado, de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que, superando el neoliberalismo, no quede limitado a una política de crecimiento económico redistributivo, al estilo de los gobiernos progresistas de la primera década en la región.
En este sentido, desde estas articulaciones, hay mejores condiciones para impulsar un proceso de cambios profundos a la estructura productiva, y por ello requiere de un cambio radical en los pilares constitucionales, que le permitan fijar condiciones de viabilidad a la nueva estrategia de desarrollo. Para esto requieren un acuerdo estratégico sobre el proyecto político compartido, que se dibuje en una propuesta de nueva Constitución, pero que va más allá de esta.
Lo obvio es que, entre estas dos últimas estrategias, se converja en un compromiso de los mínimos constituyentes que deberían expresarse en una sola lista a la Convención Constitucional, con el objetivo de no dispersar la votación, que haría ganar a la derecha aunque obtenga menos votos. Esos mínimos deberían estar en que el Estado garantice los derechos sociales de forma efectiva, reformando su estructura en función de entregar seguridad social y servicios públicos universales y de calidad; reconocimiento de los derechos a la autonomía y territorio a los pueblos originarios; paridad de género en la función pública e igualdad de trato en la sociedad; asumir el derecho internacional de los Derechos Humanos como obligación del Estado; descentralización efectiva y ejercicio de los derechos laborales fundamentales.
Un asunto clave en lo descrito será la forma que adopte la salida a la crisis pospandémica, la que será larga, pero intensa en desafíos económicos, sociales y electorales. En esto el papel gravitante lo jugará la población, sus organizaciones sociales y la disposición a la protesta activa. En este sentido, todo indica que se anida un “estallido 2.0”, que volcará su ira sobre las responsabilidades políticas en quienes condujeron la crisis de la pandemia y las violaciones a los Derechos Humanos en las protestas de fines del año 2019.
Si ello se produce, de forma masiva, contundente y demandando políticas que aplaquen el hambre y la cesantía, será un profundizador de la crisis. Esto puede poner en jaque el plebiscito y la constituyente, tanto por la espiral de violencia en que puede devenir como por su uso político por la vertiente autoritaria de los grupos dominantes, que no dudarán en multiplicar las violaciones a los DDHH hasta hoy impunes.
Será entonces clave que el objetivo se mantenga firme y claro: tener una nueva Constitución, que dé paso a un Estado social de derechos, orientado por nuevas formas democráticas y libertarias, de control ciudadano y espacio a la autogestión. La estrategia para conseguirlo es respaldar la movilización social activa por sus justas demandas y que estas refuercen la decisión de participar en el plebiscito en camino a la nueva Constitución. El momento de la ruptura con el viejo orden se producirá al instalarse la Constituyente y si el movimiento social encauza sus energías en ganar una presencia significativa en la Convención, a la vez que incrementa su organización.
El problema de los tiempos políticos es clave en este cuadro. El calendario que fija las batallas electorales por la Constituyente, el poder municipal y la presidencial están dados, pero la fractura existente entre los partidos políticos y los movimientos sociales es profunda y no se recompondrá en este breve período. Se suma a esto, la fragmentación del campo de la izquierda política que no aquilata el daño de su división para efectos de ganar la mayoría en la constituyente y expresar los anhelos populares. Así se ha visto reflejado en estos años en un parlamentarismo inocuo a veces y otras en connivencia con las leyes retrógradas.
Es de esperar que en estos tiempos de hambre, cesantía, abusos laborales y represión que vive el mundo popular, y de un Gobierno de los más ricos y poderos del país, se pueda estar a la altura de los desafíos abiertos por la movilización social.
