MERCADOS|OPINIÓN
Las políticas públicas implementadas en los últimos 20 años, han permitido una lenta pero sostenida incorporación de la mujer al mercado laboral. Según la Encuesta Socioeconómica Nacional (Casen), hemos pasado de una tasa de participación de la mujer el año 2000 de 39% al 49,3% el año 2017. A pesar de este avance nos encontramos aún en un nivel inferior al 53% de participación laboral femenina en la región (Cepal, 2017) y mucho más bajo que varios países de la OCDE: el año 2019 en España fue de 53,3%, en EE.UU. de 57,4% y en Canadá de 61,4%.
El aumento de la participación laboral femenina ha ocurrido no sin dificultades y tropiezos, pero es el resultado de la implementación de políticas públicas orientadas a superar el tradicional rol las mujeres como responsables de las tareas domésticas y encargadas del cuidado de niños, niñas, adultos mayores y enfermos. El incremento en la oferta de salas cunas y jardines infantiles ha permitido una matrícula de más de 800 mil niños y niñas y una cobertura del 56,2% el 2019 (Mineduc, 2019), la reforma de la Ley de Posnatal que aumentó de 12 a 24 las semanas, y la creación de un posnatal parental, son algunos ejemplos de políticas que van abriendo nuevas y mejores oportunidades de inserción laboral.
Asimismo, desde el año 2009 y de manera continua, las mujeres han tenido una mayor presencia en las carreras de pregrado, tanto en la matrícula de primer año como en la matrícula total. Según el Mineduc, para el año 2020 la proporción de mujeres matriculadas en la educación superior de pregrado fue de 53,3%. La mayor cobertura y acceso a la educación de las mujeres, contribuye también a una mayor participación del mercado laboral.
Aún quedan muchos desafíos pendientes. La brecha salarial que debe enfrentar la mujer en Chile se ha calculado en una tasa del 27% (ESI, 2018). La segregación horizontal que las lleva a trabajar principalmente en actividades económicas de servicio, como son las actividades de comercio al por mayor y menor, la enseñanza, las actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, entre otras (ENE, 2020). Mientras que la segregación vertical no las deja acceder a los cargos gerenciales y directorios de empresas, solo el 6,4% de los directores titulares de empresas IPSA son mujeres (Comunidad Mujer, 2018). Las diferencias de género que se observan en el mercado laboral, no son más que distorsiones del mercado que vuelven a las mujeres más vulnerables que los hombres, siendo más fácil despedirlas, enfrentándose a mayores riesgos de inseguridad económica.
La crisis sanitaria que estamos viviendo ha traído como consecuencia un deteriorio de la economía a nivel mundial. La CEPAL ha ajustado a la baja sus proyecciones, y se espera para este año un crecimiento en la región de -9,1% y en Chile de -7,9%. El impacto de la crisis ya se observa en el mercado laboral chileno, las cifras recién publicadas por el INE muestran una pérdida neta anual de casi 900 mil plazas ocupadas por mujeres, afectadas principalmente por la pérdida de empleos netos en el sector comercio (219 mil) y en actividades donde los hogares son los empleadores (156 mil).
A diferencia de crisis anteriores, la pérdida de empleo en esta coyuntura está siendo particularmente severa con las mujeres. Las repercusiones económicas en el corto plazo del COVID-19 han afectado especialmente a los sectores que dependen de la interacción física con los clientes, muchos de los cuales son importantes empleadores de mujeres. El cierre de jardines infantiles y colegios, ha llevado a un aumento probable de la carga de trabajo no remunerado de la mujer en el hogar (OIT, 2020).
Este escenario adverso, requiere de medidas que permitan enfrentar de la manera más eficiente la recuperación. No existe espacio ni tiempo para los errores en el diseño de políticas públicas, debemos prever hoy que el impacto en la vida de los chilenos y chilenas no signifique llegar a los niveles de pobreza y hambre que vivimos en la década de los 80.
Es fundamental que las políticas laborales activas no pongan en riesgo los precarios avances logrados hasta ahora en materia de igualdad de oportunidades y logro de autonomía económica para las mujeres. Los programas que necesariamente deberán ponerse en práctica en el corto plazo deben asumir un enfoque de género integral que resguarde el derecho de las mujeres a participar en la vida económica y no las relegue a asumir en forma exclusiva las tareas del hogar. Asimismo, la crisis no debe ser justificación para introducir discriminaciones salariales o flexibilidades en derechos laborales, que muchas veces se utilizan como argumentos para favorecer la creación de empleos.
En Chile, el diseño de la recuperación económica debe ser inclusivo en términos de permitir la participación de todos y todas los y las habitantes del territorio nacional, donde la mujer sea un eje central. Las políticas de empleo que se diseñen para la recuperación económica deben evitar reproducir el rol histórico de la mujer, como se observó en épocas pasadas con los empleos de emergencia.
Se debe velar por generar los espacios para la inserción apropiada de la mujer en el mercado del trabajo. Debiéramos esperar un incremento de las mujeres calificadas en posiciones gerenciales y de directorios de empresas, en la investigación y desarrollo de las ciencias y la tecnología, en la ingeniería y matemáticas; para las mujeres con menor calificación, permitir su inserción laboral formal, accediendo a la protección social.
