Opinión
De unas formas más lamentables que otras, Chile se encuentra hoy sumido en una peligrosa e incesante oleada de populismo legislativo que no ha hecho más que convertir al Congreso en un establo lleno de caballos de carreras esperando por su mejor postor.
La creación de leyes e iniciativas con miras a políticas públicas estables y bien diseñadas ha sido reemplazada por actos como la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien lideró la comisión que otorgó la libertad condicional en 2016 a Hugo Bustamante, el que fue recientemente formalizado por el asesinato y violación de Ámbar Cornejo, de 16 años, en Villa Alemana.
Actos como esta acusación revelan las raíces del comportamiento ciego, torpe y negligente de legisladores que no son capaces de sopesar con altura de miras un problema mucho más profundo que la aplicación –recta o no– de una norma procesal por una jueza de la República: la incansable, grave y sistemática violación de derechos de niños, niñas y adolescentes por parte del Estado de Chile. Algo totalmente injustificable y que constituye un atentado a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el 13 de agosto de 1990 (lo que la convierte automáticamente en una obligación para el Estado).
Ya en julio de 2016, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas había recibido una solicitud de investigación en relación con la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de entorno familiar que se encuentran en Centros Residenciales de Chile, bajo control directo o indirecto del Servicio Nacional de Menores (Sename). ¿El resultado? Brutal. El Comité consideró, al inicio de su apartado sobre Recomendaciones, que “las violaciones descritas no son producto de circunstancias puntuales, de personas concretas o de una determinada coyuntura, sino que su mantenimiento a lo largo de casi 40 años y la falta de corrección ante las reiteradas denuncias y constataciones, demuestra que existen unas causas estructurales que han permitido esa situación”. Las advertencias del Comité fueron con carácter de urgencia, en atención a la vergonzosa situación de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
¿Por qué esto es relevante en el caso? Porque explica que las decisiones adoptadas por la jueza Donoso, con los posteriores resultados que ya todos conocemos, no se deben más que a una motivación fundada en criterios objetivos establecidos en la ley vigente a la época, es decir, que la jueza ha respetado la legalidad y el Estado de Derecho. Es por esto mismo que la acusación constitucional es vulgar y populista.
Si ese mismo esfuerzo se hubiese enfocado más allá de un proyecto de ley que proteja a niños, niñas y adolescentes de sujetos con posibilidades de reincidencia en delitos de abuso sexual, violaciones u homicidios (cuestión que ni siquiera hicieron los promotores de la acusación esta vez), o en prestar atención y supervigilar o fiscalizar cómo el Estado trabaja las materias referentes a la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, no solamente podríamos evitar que se acrecienten las más de 1000 muertes que Sename tiene en su historial, y que entre enero y marzo del año pasado ya sumaban 15 más, sino que destruir de una vez por todas la estructura sistemática del Estado de Chile que tortura, mata y proporciona tratos crueles, inhumanos y degradantes a miles de niños, niñas y adolescentes a vista y paciencia de toda la ciudadanía.
Las diputadas y diputados deben contemplar, con altura de miras, que Ámbar, quien ingresó por primera vez a la red Sename en 2008, fue una víctima más del abandono del Estado de Chile y es apenas un ladrillo en un enorme edificio de miles de casos de niños, niñas y adolescentes que a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, siguen muriendo por culpa de los nulos avances en esta materia.
Cuando se compara lo que dispone la Convención Sobre los Derechos del Niño con la situación en Chile, pareciera una realidad tan lejana como imposible. Los niños no están primero en Chile. Nunca lo han estado.
Es imperante y obligatorio que legisladores, instituciones, organismos y la ciudadanía nos enfoquemos con todas nuestras fuerzas a modificar estructuralmente y en todas las instancias la forma, el trato, normas y protocolos con los que nos relacionamos con niños, niñas y adolescentes. Mientras en una acusación constitucional no se juega más que un circo mediático, en lo dispuesto en materia de niños, niñas y adolescentes se juega el futuro de nuestro país.
