Opinión
Sólo en el 2018, Chile enfrentó pérdidas por desastres de origen natural, que estuvieron sobre los 200 millones de dólares. Entre 1996 y el año 2016, las pérdidas económicas por desastres se estimaron alrededor de aproximadamente 73.000 millones de dólares (de acuerdo con la información de la plataforma EM-DAT), representando los terremotos más del 90% de esas pérdidas.
Ahora se suman las amenazas biológicas y vemos como el mundo entero se enfrenta a una pandemia por coronavirus, con efectos devastadores en vidas humanas y pérdidas económicas que sin duda generarán cambios en los modos de vida, relacionamiento y formas de habitar en las ciudades.
Chile cuenta con una larga trayectoria de desastres de origen natural documentada a lo largo de siglos, sin embargo, fue recién el 27F -megaterremoto y tsunami del 27 de febrero 2010 de 8.8º Richter- el que marcó un punto de inflexión en cuanto al manejo de la emergencia, la respuesta y posterior recuperación. En muchos aspectos hubo aciertos que han sido reconocidos internacionalmente y hasta el día de hoy son referente.
Para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el 27F inició un camino en materia de reconstrucción y más últimamente en la reducción del riesgo de desastres en general, que han implicado grandes esfuerzos por una coordinación intersectorial; la incorporación de tecnología en los procesos; la adaptación de capacidades y recursos sectoriales para responder a la ciudadanía mejorando los estándares para la edificación, la innovación en instrumentos de política urbana y habitacional que sean pertinentes a cada situación, entre otros, que han permitido abordar, en estos 10 años, 18 procesos de recuperación post terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, aluviones, incendios forestales, tornados y lluvias altiplánicas. Experiencias exitosas y otras no tanto, que en general han legado significativos aprendizajes que hoy permiten tener un mejor manejo de la respuesta sectorial frente a un desastre de origen natural y tambien mejores procesos de recuperación.
Como una forma de reconocimiento a esta experiencia, desde la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (Plataforma RRD), se nos encomendó la tarea de liderar en conjunto con Onemi la elaboración de la Política Nacional para la Recuperación Sostenible. Para ello se conformó una mesa inicialmente compuesta por algunos ministerios y centros de investigación, que gradualmente irá sumando a todos quienes participan de la recuperación en sus distintos niveles.
En las primeras reflexiones de este grupo ha estado el identificar los problemas, que a pesar de los importantes avances, aún persisten al momento de enfrentar un desastre; dentro de ellos: la visión fragmentada y a veces incompleta sobre el tratamiento del desastre y sus efectos, fragilidad en los niveles político administrativos y de la sociedad para abordar los factores subyacentes del riesgo, el uso de instrumentos de política pública regulares para la respuesta y recuperación que tensionan los diversos componentes del Sistema Nacional de Protección Civil, carencia de criterios previamente establecidos que rijan el actuar de los distintos actores de la sociedad que intervienen en el proceso de recuperación y la desintegración de datos e información que se levanta y comunica durante los procesos. Problemas que plantean importantes desafíos para la elaboración de la nueva Política.
Asumir el liderazgo de una Política Nacional para la Recuperación Sostenible, inevitablemente nos ha hecho revisar el quehacer del sector vivienda en materia de recuperación y plantearnos renovados estándares o metas por alcanzar. Así también, dicha reflexión que se ha dado durante la pandemia por Covid-19, nos ha hecho dimensionar el impacto que las amenazas biológicas pueden tener sobre las ciudades.
Independiente de que sea una pandemia (amenaza de origen biológico), un terremoto (amenaza de origen natural) o la manifestación de un amenaza de cualquier origen, es necesario abordar el proceso de recuperación con la mayor responsabildad para que todas las acciones estén orientadas a fortalecer la resiliencia de personas, comunidades y sociedades.
En ese sentido ha sido posible identificar algunas oportunidades que tenemos como Minvu de contribuir al proceso de recuperación post Covid-19, y más específicamente a evitar la propagación del virus. Por ejemplo, se podría fortalecer el programa de regeneración de condominios sociales o el subsidio para ampliación de viviendas para reducir el hacinamiento; revisar la normativa respecto a carga de uso de ciertos recintos de uso público y estandares para el diseño de veredas y ciclovías para permitir el distanciamiento social; incrementar la inversión en ciclovías que se presenta como un gran aliado a la hora de la movilidad en tiempos de pandemia; favorecer el uso de materiales para superficies que sean antibacterianos; considerar en los proyectos de viviendas nuevas una ampliación de dormitorio y baño autorizadas, para que las familias tengan incentivo de incrementar superficie y poder realizar aislamiento en sus propios hogares disponiendo de un baño adicional para quién esté contagiado; así, éstas u otras medidas, sumadas a las ya dispuestas para la recuperación económica y las recomendaciones que ya han sido difundidas para mantener el distanciamiento social en las vías y espacios públicos, pueden perfilar un rol relevante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la recuperación sostenible post Covid-19, capitalizando su experiencia en procesos de reconstrucción y posicionándose con un liderazgo en materia de reducción del riesgo de desastres.
