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Dudas sobre el proceso constitucional en marcha

por 22 septiembre, 2020

Dudas sobre el proceso constitucional en marcha
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Todo parece indicar que el APRUEBO será el ganador del plebiscito del 25 de octubre pero las etapas siguientes se presentan llenas de incertidumbre. Las dudas se refieren tanto a la organización de la Convención, como a su composición, así como también a la proposición de temas que serán tocados y aprobados por los constituyentes.

La esperanza de que la nueva Constitución se ataque verdaderamente no solo a los derechos sociales y económicos de los ciudadanos sino también a la organización decimonónica, autoritaria y concentracionista del poder, que persiste y que se ha acentuado en los aspectos restrictivos de la expresión democrática en la Constitución pinochetista, puede perfectamente frustrarse. Las dudas surgen acerca de la manera cómo van a emerger de la elección los miembros de la Convención Constituyente encargada de dar forma a la nueva Constitución. Los partidos políticos van a monopolizar la representación en la Convención cuando, por paradoja, estos están completamente desprestigiados y viene declinando desde hace ya muchos años su identificación con la gran mayoría de la población.

Ya en noviembre del 2015, la encuesta CEP mostraba una agravación inquietante en la confianza de la población hacia los partidos en el poder, todas las tendencias incluidas, al punto que la identificación de la población con las diversas tendencias de izquierda no era sino de un 13% mientras que la correspondiente a las diversas tendencias de derecha no era mas que de 10%. Después de las manifestaciones de octubre 2019 la imagen de los partidos no ha cambiado. A comienzos de este año, la misma CEP (25 de enero 2020), constata que solo el 14% de las personas consultadas decían identificarse a uno u otro partido político. ¿Cómo entonces es posible que esos mismos partidos sean los que ponen las reglas para participar en la Convención en caso del triunfo del apruebo ?

Esto es preocupante, sobre todo si se considera que en el SERVEL hay reconocidos 21 partidos y que otros 9 están en formación, es decir, casi 30 partidos políticos para una población que no cree en ellos. ¿Qué significa esto? Que los partidos en formación tienen un carácter estrictamente instrumental, en relación a problemáticas particulares, en este caso para poder participar en el plebiscito e intentar tener representantes en la Convención.

Otro modo de organización estaba en manos del Presidente de la República y de sus asesores pero éste, prisionero de su mayoría parlamentaria, no tuvo la buena respuesta a las aspiraciones de la población. Haciendo uso de su autoridad y de su ejercicio del veto presidencial (no se cesa de repetir que el Presidente tiene exceso de poder), podía haber decidido que la Convención Constitucional en caso de ganar el Apruebo, sería constituida de 50% de representantes salidos de los partidos y el otro 50% constituido únicamente por independientes, incluidos los representantes indígenas y los miembros de organizaciones sociales. Asi, el Presidente perdió la oportunidad de pasar a la historia con una genuina Nueva Constitución y de agraciarse a los ojos de sus gobernados.

Los obstáculos imaginados por la clase política para evitar la inscripción de los independientes a estar presentes en la discusión de la nueva legislación constitucional son enormes. Los independientes, que son la mayoría de la mayoría en reclamar el cambio de Constitución, pueden en teoría participar, pero parece que van  a quedar completamente fuera del juego porque el SERVEL, interpretando las decisiones aprobadas en el Parlamento con acuerdo de todos, o casi todos, los partidos políticos, pone exigencias desmesuradas como el paso ante notario de cada firma necesaria ( por lo tanto pagada y con testigos ) para inscribir una candidatura independiente, a tal punto que la Tercera publicó un artículo hace unos días intitulado "Los independientes, ¿« invitados de piedra a la Convención Constitucional ? ».  Está demás decir que en tiempos de pandemia la gente tiene miedo de ir al notario porque es el lugar de los conocidos « choclones » cotidianos.

Esto viene a agregarse a la ya conocida exigencia del 0,4% de los votos de la elección anterior votada por el Parlamento con la excepción del Partido Comunista. Como se sabe, este porcentaje aumentó la exigencia de firmas necesarias para presentar una candidatura,  rechazando el 0,2% aprobada por la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados. De manera que a estas alturas todo indica que el 72% de los chilenos que en la misma encuesta de enero de este año de la CEP no se consideraban representados por ningún sector político quedarán lisa y llanamente excluidos de dar su opinión sobre la Nueva Constitución.

Si esto es así, las dudas sobre la pertinencia de los cambios a la actual Constitución parecen justificadas porque es posible que los arreglos constitucionales que resulten no den satisfacción suficiente a las demandas, puntos de vista diferentes y aspiraciones largo tiempo postergadas de una población diversificada por su posición en la escala social, territorial, étnica y culturalmente. En estos últimos dos decenios no es exclusivamente la derecha la defensora del status quo en cuanto a la forma de organización tradicional del poder que es herencia del siglo XIX, sino que el centro y la izquierda se han ido plegando poco a poco a esta manera de imaginar la cohabitación indispensable del poder y de la democracia. Es como si toda la clase dirigente se dejara ganar por un profunda desconfianza hacia los ciudadanos y se las arreglase para inventar toda suerte de restricciones al ejercicio de la democracia. Esta misma desconfianza se ha transmitido al comportamiento de la administración pública, lo que hace la vida difícil a la población.

En efecto, para la clase dirigente en su conjunto, hay temas que siguen siendo tabús : autonomías locales y regionales, autonomías étnicas, reequilibraje de las funciones del Ejecutivo y el Parlamento, verdadera independencia del poder judicial, desaparición del Senado (una entidad mas de control del ejercicio democrático), reforma de la administración pública (tema que va unido a la descentralización del poder), limitación de las funciones de los notarios (tema que envenena la vida de los chilenos), etc. Es decir, todo lo que constituye el “núcleo duro” de una Constitución[1] y que tiene impacto sobre la esencia misma de la democracia.

En todo caso, lo que se observa hasta ahora es una gran ausencia de precisión en cuanto a los contenidos temáticos que cada uno de los partidos llamados a estar presentes en la Convención. Lo que domina es un discurso sobre generalizaciones y ausencia de precisiones : que se ponga fin al Estado Subsidiario (PS) , reconocimiento constitucional y estatuto especial para los pueblos originarios (PS), un rol del Estado que busque el desarrollo integral y ambientalmente sustentable (PS), protección del medio-ambiente y la biodiversidad (DC), hacia una “verdadera” descentralización (DC), derecho al desarrollo cultural de los pueblos originarios (DC), Estado plurinacional (FA). Pocos pasan a especificar bien sus propuesta: reforzar la autonomía de la Contraloría (FA). Congreso Unicameral (RD), terminar con control preventivo del TC, y terminar con la privatización del agua (RD). También del PL: autonomía de las instituciones anti abusos y anticorrupción (Poder Judicial, la Contraloría,  Ministerio Público y el Banco Central).

El riesgo existe de que los constituyentes, obedeciendo a las directivas partidarias, actúen con espíritu mas bien regresivo en la discusión sobre las relaciones entre el poder representativo y la democracia y que no den la debida importancia a los temas señalados y que conforman el “núcleo duro” de la Constitución, centrándose en los derechos reclamados por la sociedad, que son por cierto importantes y donde seguramente se avanzará en la conquista de nuevos derechos sociales, económicos, culturales y educacionales, pero con las restricciones que es de prever.

En cualquier caso, lo que es innegable es que para la inmensa mayoría de los chilenos la posibilidad de otra Constitución es como quitarse de encima una chapa de plomo que les impedía romper definitivamente con los días negros de la dictadura. Para muchos, el solo hecho de abandonar la Constitución de Pinochet y pasar a otra Nueva, será ya una victoria popular por lo mismo que representará un hecho simbólico de importancia humana e histórica, pero una gran mayoría de la ciudadanía movilizada actualmente podría quedar frustrada porque las conquistas serían menores y después de los primeros meses de regocijo constatar que las cosas no han cambiado tanto.

 

 

 

 

 

 

 

[1]                     Roberto Gargarella, Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile, Nueva Sociedad, Coyuntura enero-febrero 2020.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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