Opinión
Durante los últimos días, nuevamente, hemos sido testigos de la represión policial de Carabineros en el centro de la ciudad. Un menor de edad fue arrojado al río Mapocho en el contexto de movilización y protesta. Desde el 18-0 hemos sido testigos de contundentes informes, denuncias y querellas por violaciones de los Derechos Humanos y el uso abusivo de la fuerza.
También, y hace casi nueve meses, dos comisiones entregaron sus informes respectivos al Gobierno para definir el camino de una reforma policial que evitase que estos hechos se repitieran. Sin embargo, no ha habido avances sustantivos en la materia. Por el contrario, el Gobierno ha sido ambivalente respecto al accionar policial en este caso y, tras los hechos de violencia rural acontecidos el sábado contra un trabajador en Collipulli, ha jugado con la teoría del empate en contrapartida.
Por su parte, hoy las autoridades policiales zigzaguean en sus declaraciones, quienes primero negaron los hechos, ocultando información y/o cambiando pruebas. Se han refugiado en el apoyo político que han recibido del actual Gobierno, y también retóricamente, se apoyan en el respaldo social que reciben de «la gente de bien», como señalara otrora el general director Mario Rozas.
En democracia, la policía no elude su responsabilidad ante hechos como el homicidio frustrado contra A.A., no es ambivalente, tampoco hubiera antes escondido o cambiado pruebas. Tampoco, define ciudadanos de primera o segunda categoría. En democracia no hay enemigos internos, no hay enemigos implacables, ni gente de bien ni gente mala. Hay ciudadanas y ciudadanos que son iguales ante la ley, que merecen igual resguardo o igual castigo, que merecen una policía imparcial, que sea capaz y eficiente en proteger los valores supremos incluso en situaciones complejas.
La policía se debe a su ciudadanía, no en contra de ella. La policía democrática es parte de la sociedad y no ajena. La policía no es un ejército frente a un adversario, sino un servicio público cuyo objetivo es reforzar las normas colectivas que hacen posible la confianza mutua, el ejercicio de los derechos y la dimensión social y común de la vida (Roche, 2019).
En democracia no debería existir una policía al servicio de una ideología de guerra que termina siendo, al final del día, una ideología política. Requerimos de una policía que se comprometa con los valores democráticos, que sea eficiente en el control del orden público, al tiempo que dé resguardo y protección a toda la ciudadanía.
Los hechos acontecidos nos muestran que es urgente avanzar en su reforma, al mismo tiempo, que parece también necesario replantear el carácter militar de su doctrina.
