Opinión
Un nuevo texto constitucional debiera, en el plano de la vivienda, establecer que -tal como en el caso del agua- el uso del suelo urbano es un bien social que no puede quedar completamente entregado al libre juego de la oferta y demanda por parte de las empresas constructoras e inmobiliarias. Ello significa “emparejar la cancha” en términos de establecer al mismo nivel el ejercicio de la propiedad privada del suelo y su uso social en función de la integración y no de la segregación socio-ambiental – como sucede hoy.
El hacinamiento es un problema difícil de solucionar, porque abarca una diversidad de factores económicos y sociales, desde el nivel de pobreza, los bajos ingresos monetarios, el déficit habitacional, el nivel educacional, la precariedad del empleo, hasta el acceso a la salud y la educación y la comuna dónde se vive. El hacinamiento representa una constante violación de los derechos básicos de decenas de miles de personas en nuestro país, y su insuficiente abordaje por el Estado y las políticas públicas, un estigma ético para la sociedad.
En el caso específico de los inmigrantes, a todo lo anterior se añade el abuso constante a que son sometidos por su desconocimiento del idioma español y de las normativas existentes para todas las personas residentes en Chile, la discriminación y en ocasiones el racismo y la desprotección que enfrentan por parte de las instituciones del Estado que debieran ayudarlos.
El hacinamiento en Chile no es algo reciente, pero en comunas como Estación Central se ha agravado por el fenómeno de la densificación habitacional, la cada vez menor disposición de espacio donde construir, un déficit habitacional no satisfecho por el Estado mediante la construcción de viviendas baratas (“sociales”), el alza de los arriendos como consecuencia de lo anterior y el aumento de la migración en las comunas “populares”. De hecho, los valores del suelo urbano en las grandes ciudades se han más que duplicado en los últimos diez años.
El mayor problema es que el derecho a la vivienda no está garantizado por la Constitución Política de la Republica. De ello se derivan múltiples otras insuficiencias que agravan la evidente especulación inmobiliaria a que han dado lugar una obsoleta normativa sobre la construcción en nuestro país (Ordenanza General de Urbanismo y Construcción) en aspectos tales como el metraje mínimo por unidad habitacional que garantice unos estándares mínimos de habitabilidad y calidad de vida, el cumplimiento de estándares mínimos de áreas verdes y esparcimiento para las familias, la calidad de cada vivienda y la dotación de servicios básicos (salud, educación) para los habitantes.
[cita tipo =»destaque»] La densificación habitacional que se registra en comunas como Estación Central revela que muchas familias están dispuestas a “canjear” una mala calidad habitacional (y de vida) por un trabajo que les asegure un ingreso mínimo suficiente para pagar el arriendo y la alimentación y que les evite dos horas diarias para movilizarse hacia/desde la periferia de Santiago.[/cita]
Como en el tema del agua (cuyo déficit creciente afecta a decenas de miles de personas en los sectores rurales de nuestro país), la falta de interés de los distintos gobiernos y del Congreso para modernizar y mejorar los estándares de construcción desde una mirada que incorpore diversos aspectos (sociales, económicos, sanitarios y medioambientales) sólo puede ser explicada por la presión ejercida por las grandes empresas constructoras e inmobiliarias. Todos los expertos coinciden en que el modelamiento (la formas cómo pensamos y queremos a nuestras ciudades y barrios) ha sido dirigido y manipulado por el sector privado debido a la poca regulación y obsoleta normativa urbana chilena. La deficitaria planificación urbana que en la mayoría de los países es una función irrenunciable del Estado, en el caso chileno fue cedida hace ya décadas al mercado, de modo que es éste quien decide cómo, dónde, para quiénes y a qué precio se construye.
El hacinamiento es una cuestión compleja, y sus soluciones también lo son. Pero es esencial superar este obstáculo para que no existan más personas desamparadas por un Estado que se ha mostrado ineficiente en ofrecer soluciones a un derecho básico de cada familia.
Consecuencia de todo lo anterior, el déficit habitacional, el trasvasije de los pobres hacia la periferia, la oferta de viviendas céntricas baratas pero inadecuadas para una familia y el hacinamiento son todas expresiones del mismo problema ya descrito: el abandono por el Estado de su compromiso en proveer el derecho a la vivienda. Lo cual, naturalmente, pasa por una nueva Constitución.
Un nuevo texto constitucional debiera, en el plano de la vivienda, establecer que -tal como en el caso del agua- el uso del suelo urbano es un bien social que no puede quedar completamente entregado al libre juego de la oferta y demanda por parte de las empresas constructoras e inmobiliarias. Ello significa “emparejar la cancha” en términos de establecer al mismo nivel el ejercicio de la propiedad privada del suelo y su uso social en función de la integración y no de la segregación socio-ambiental – como sucede hoy. Ello implica, una vez más, que el Estado asuma un rol pro y no contra derechos básicos como el de la vivienda.
También una nueva normativa habitacional debiera establecer más y mejores regulaciones de construcción, junto a una institucionalidad que fiscalice y prevenga los atropellos y abusos de la empresa privada y del mercado parecen ser dos acciones indispensables que debieran resultar de una nueva legislación al respecto.
Dónde viven las familias es también un problema central para enfrentar el hacinamiento. La localización geográfica está directamente relacionada con aspectos tales como la oferta de empleos existentes, el nivel de ingreso monetario que obtienen las familias y la oferta de servicios básicos indispensables para una buena calidad de vida.
La densificación habitacional que se registra en comunas como Estación Central revela que muchas familias están dispuestas a “canjear” una mala calidad habitacional (y de vida) por un trabajo que les asegure un ingreso mínimo suficiente para pagar el arriendo y la alimentación y que les evite dos horas diarias para movilizarse hacia/desde la periferia de Santiago.
En este caso, la solución no es más Estado centralizador de facultades y recursos, sino que más delegación a los gobernadores y municipios (alcaldes y concejales), porque son en definitiva éstos quienes conocen mejor (por su cercanía) la realidad de quienes habitan las “cités”, los galpones y los campamentos. Estos órganos intermedios del Estado deben tener los mecanismos para resolver las dificultades de cada comuna de manera social y espacialmente más descentralizada.
Pero dados los abusos, ineficiencias y hasta estafas cometidas por muchos municipios, ni el derecho constitucional a la vivienda ni la delegación de facultades a gobernadores y municipios garantizan que los programas de viviendas sociales y los recursos destinados a ello se utilicen de forma trasparente y eficiente.
Por ello, una institución de la cual disponer los municipios, aunque insuficientemente utilizada y con pocas o ningunas facultades vinculantes, debiera adquirir una importancia mucho mayor: los cabildos. Estos son unos instrumentos esencialmente democráticos, expresiones directas de las necesidades y demandas de los barrios y de las comunas. Una dotación de recursos y de nuevas atribuciones decisorias podría ser un instrumento muy eficiente al momento de decidir cómo, cuándo y dónde construir viviendas sociales.
Junto a lo anterior, parece indispensable que los municipios actualicen de forma constante su Plan Regulador, para evitar que los vacíos, obsolescencia o simplemente la inexistencia suya faciliten las presiones y especulaciones de las empresas inmobiliarias. El rol del municipio es primario para mejorar la calidad de vida de sus habitantes en aspectos tales como la calidad y cantidad de lo que se construye y el entorno ambiental ofrecido por cada iniciativa.
Los cabildos son (o debieran ser) una instancia donde todos los vecinos sean partícipes en las decisiones que se tomen y además sean informados. Es una tarea doblemente relevante: la (no) participación y la no) información puede ser parte del problema o de la solución en un tema tan relevante como el habitacional.
En último término, son los vecinos de cada barrio y de cada comuna quienes mejor conocen cuáles áreas comunales están consolidadas y cuáles podrían regenerarse para instalar nuevas viviendas. En cuáles es posible densificar y en cuáles ello generará daños a la calidad ambiental o patrimonial de la comuna y de la ciudad.
(Conclusiones de un trabajo de investigación de mi hija Antonia Sofía y de dos compañeras suyas sobre el tema de la Segregación Socio-espacial, el Hacinamiento y los Migrantes en la Comuna de Estación Central, pedido por su profesora de Geografía de un Tercero Medio. Tiene 17 años, y su pensamiento y el de su generación reflejan cómo sueñan SU ciudad. Debiera contribuir a la lógica y al esquema valórico -escasos- de nuestra esperpéntica “clase política”, y ojalá al de nuestros futuros Constituyentes).
