Opinión
Desde aquellos convulsionados y efervescentes días de octubre del 2019, mucho se ha hablado respecto a que lo que falta en Chile, y uno de los motivos principales del 18-O, ha sido la ausencia de dignidad. La ciudadanía lleva más de un año proclamando esta consigna de la dignidad, como si gritarlo en la calle fuera condición suficiente para alcanzarla, pero, fuera de este simplismo que inunda los barrios y las generaciones más jóvenes, poco se ha planteado en lo concreto respecto a cómo alcanzar y sustentar la provisión de dignidad. En estas breves líneas se plantea un punto poco discutido, pero fundamental: sin una radical modernización y reforma al Estado, la tan anhelada dignidad jamás llegará.
Si bien la idea de reformar y modernizar el Estado ha estado en el debate público al menos en las últimas dos décadas, esto no ha tomado la fuerza necesaria después de los acontecimientos de octubre del 2019. Sin duda los temas relacionados con la violencia desatada, los saqueos, el malestar imperante en la sociedad y la futura reforma constitucional acapararon toda la atención pública e intelectual, por lo que el tema de la reforma al Estado ha quedado largamente desatendido. Esto es problemático, ya que en nuestro país el Estado juega un rol vital en la provisión de bienes públicos y por tanto deberá jugar un rol clave en satisfacer, en mayor o menor medida, aquellos grandes anhelos de dignidad. Un Estado eficiente y moderno va de la mano con nuestra capacidad de generar las condiciones para que los chilenos sientan igualdad de trato y de dignidad. Pese a los acuerdos transversales sobre la importancia de reformar y modernizar el Estado, esto no se ha traducido en modificaciones ni profundas ni integrales al aparato estatal. El discurso de la modernización, tanto de políticos de derecha como de izquierda, no ha generado hechos ni medidas concretas.
Evidencias de estos severos problemas referentes a la falta de modernización del Estado y de cómo mantiene una fisionomía decimonónica abundan:
Por ejemplo, son reveladores los paupérrimos resultados obtenidos en el último Estudio Nacional de Transparencia, en donde solo 2 de cada 10 personas confían en el Estado (23%), y 7 de cada 10 tienen una evaluación negativa de su relación con él. Según el mismo estudio, la evaluación del vínculo ciudadano-Estado está negativamente marcada por los siguientes datos: un 84% la considera distante, un 76% asegura que tiene un mal trato y un 71% dice que discrimina. De la misma forma, en la Primera Encuesta Nacional de Funcionarios Públicos, que fue autoadministrada, los propios funcionarios del Estado reconocían una baja percepción del mérito en el acceso a sus propios cargos. Un 36% de los funcionarios reconoció haber recibido ayuda de familiares, amigos u otros para poder conseguir su empleo. Un 31% reconoció que la ayuda de un político era importante para escalar en la carrera burocrática.
De la misma forma, el informe del PNUD Desiguales constata que los ciudadanos chilenos perciben una importante desigualdad en el trato que reciben de parte de los órganos del Estado. Un 41% de los chilenos afirma haber sido objeto de malos tratos. Preguntados sobre quiénes fueron los autores de aquello, un 34% señala a los funcionarios públicos como la principal fuente de desigualdad y de este maltrato. Adicionalmente, en el informe editado por el CEP, Un Estado para la Ciudadanía, se dan luces acerca de los desafíos estructurales que enfrenta el Estado chileno. El informe acusa que nuestro Estado tiene tres deficiencias graves: padece de ineficiencia gubernamental, cojea en combatir la desconfianza y es incapaz de ajustarse a un horizonte limitado de restricción fiscal; de esta forma en Chile “la importancia de contar con un mejor Estado no parece haberse comprendido a cabalidad”. El informe de diversos expertos recopilado por el CEP concluye que, “el Estado chileno está más atrasado en su proceso de modernización que la gran mayoría de los países de la OECD”.
Quizás la forma más cruda de ejemplificar la brecha que existe entre una ciudadanía profesional, meritocrática y modernizada frente a la anticuada administración pública, es el hecho de que al menos un 10,2% de los empleados públicos que ejercen cargos que exigen un alto nivel de calificación en realidad no poseen ningún tipo de educación superior. Lo anterior se desprende de un estudio del economista Juan Bravo, quien estimó que un 10,2% de los asalariados del sector público que se desempeñan en empleos de alta calificación tienen sólo estudios de enseñanza media y no de educación superior como lo exigiría el cargo que ocupan. Como lo reconoce Bravo, “un elemento esencial para el uso adecuado de los recursos públicos es que en los cargos de más responsabilidad estén las personas más idóneas. Las ineficiencias que provoca ese descalce son pagadas por todos los contribuyentes”.
Todas estas ineficiencias revisadas posteriormente se traducen en un abultado Estado que pareciera no estar al servicio de la ciudadanía y por ende no busca proveer buenos servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, en algunas encuestas se percibe que las mayores proporciones de personas insatisfechas con relación a servicios en general se registran con relación a la atención que reciben de los servicios públicos estatales y las municipalidades, además de ciertos servicios regulados cuya eficiencia está directamente ligada a la política pública (como las AFP, Isapres y Fonasa). “La atención en los Servicios del Estado”, se encuentra con los peores niveles de satisfacción de todos los servicios posibles en Chile, tanto públicos como privados (Aninat y Razmilic, 2018).
En síntesis, con nuestro Estado que presenta hoy severas faltas de meritocracia, ausencia de preparación, con todos estos pobres resultados mencionados y una terrible calidad en el trato, difícilmente podremos llegar a la tan anhelada dignidad demandada por la ciudadanía. En otras palabras, tenemos un relato y anhelos de dignidad dignos de Noruega, pero con un verdadero Estado burocrático a nivel de un país bananero. Sin reformar y modernizar al Estado, por más que muchos salgan todos los viernes a marchar (insistentemente) a la Plaza Italia, jamás alcanzaremos la dignidad. La postergada modernización del Estado entonces es la piedra de tope para poder comenzar a solucionar muchos de nuestros problemas ligados al actual malestar social que contribuyó de sobremanera a la crisis en que nos encontramos hoy. La anticuada situación del aparato estatal y su inefectiva burocracia son extremadamente problemáticas, ya que, según el propio Gobierno de Chile (2019) “el Estado está llamado a ser el mayor servidor público del país y debiese ser pionero a la hora de ofrecer a los ciudadanos soluciones que vayan acorde a los tiempos y que utilicen nuevas herramientas y tecnologías. No podemos darnos el lujo de que nuestro Estado siga viviendo en el pasado”. Así las cosas, resulta imperativo que una radical reforma y modernización del Estado formen parte relevante de nuestro debate constitucional, de lo contrario perderemos una oportunidad única de atender realmente las demandas de dignidad que busca la ciudadanía.
