Opinión
En el debate sobre Defensa y Fuerzas Armadas agitado a propósito del proceso constituyente –discusión por demás necesaria y oportuna- se han esgrimido con alguna persistencia argumentos numéricos respecto de ambos temas como ultima ratio de los mismos. Combinando un cierto candor con un más marcado dogmatismo, se ha planteado, por una parte, una perspectiva economicista como factor dominante de la Defensa seguida, en segundo término, de propuestas minimalistas respecto de las Fuerzas Armadas y en tercer lugar, pero estrechamente asociadas, una reducción de la problemática estratégica del país a una cuestión casi meramente aritmética.
Justo es reconocer que en el pasado planteamientos de esta naturaleza –especialmente los economicistas- se agitaron intermitentemente en la Comunidad de la Defensa, y con una cierta transversalidad política. Sin embargo, debido a sus falencias, parecían haberse extinguido discretamente hace algunos años. Ahora y pese a su carácter diríase <<jurásico>>, considerando el momento actual resulta oportuno analizar nuevamente estas ideas y ponderar sus consecuencias.
La Defensa es una función pública compleja que descansa siempre en elementos políticos -domésticos e internacionales- estratégicos, históricos, tecnológicos y sociales. Sin embargo, contiene un área de especificidad singular: su financiamiento. Esta importancia se justifica; casi toda forma de poderío militar es costosa y por otra parte, la Defensa debe competir con las demás funciones públicas que son responsabilidad del Estado, muchas de las cuales tienen más rédito social y mayores apremios políticos aparentes.
Sin embargo, esta visión contiene un riesgo: focalizar la conducción de la defensa solamente en sus variables financieras, con prescindencia de los elementos políticos y estratégicos que constituyen su esencia. Desde luego, esta aproximación es aparentemente atractiva especialmente porque suele tener impacto mediático asegurado. Además, bajo ciertas circunstancias, facilita la reafirmación del liderazgo civil ante el estamento castrense. En mérito de tal seducción, en los sistemas comparados y también en Chile es posible encontrar varios ejemplos de esta aproximación, históricos y actuales, y en todos ellos el resultado ha sido invariablemente cuestionable y, en demasiadas ocasiones, decididamente contraproducentes a los objetivos de eficiencia perseguidos. Más grave aún, en algunos casos han puesto en riesgo la seguridad de los países involucrados. También ocurrió en Chile en diversos períodos del siglo XX.
Una segunda aproximación, usualmente una consecuencia de la aproximación economicista y financiera, la constituye la tendencia a la subinversión en Defensa, motivada por el deseo de efectuar ahorros obtusos en el gasto militar, sin consideración a sus realidades estratégicas y políticas. Nuevamente aquí es posible encontrar numerosos ejemplos, históricos y actuales, que perfilan sus riesgos y falencias. Quizás si el más reciente es el denominado “Dividendo de la Paz” que consistió en la reducción masiva, y a la postre excesiva, de gasto militar en los países de Europa Occidental luego del término de la Guerra Fría. Este proceso generó una disminución drástica de sus capacidades militares que hoy se apresuran a revertir ante el incremento del gasto militar y de las capacidades estratégicas de Rusia y China y también por el deterioro general de la seguridad internacional. Así visto el asunto, el “Dividendo de la Paz”, que se ha esgrimido en el debate chileno, posiblemente constituye uno de los ejemplos más caracterizados de lo que no se debe hacer en la conducción de la Defensa.
En tercer lugar, está la reducción a términos aritméticos de la problemática estratégica del país. Nuevamente aquí el factor numérico tiene cierto valor pero de ninguna manera puede ser el factor determinante en la definición de la Política de Defensa. Los métodos cuantitativos son ciertamente aplicable a la investigación en el campo de la Ciencia Política (aunque esto ha generado airados debates en la cátedra comparada) pero en modo alguno puede centrarse toda la perspectiva estratégica de un país, cualquier país, a un mero ejercicio de suma y resta. Este asunto ha sido discutido ampliamente en el ámbito de los Estudios Estratégicos y las conclusiones han sido siempre unánimes: las miradas exclusiva o predominantemente cuantitativas son insuficientes y desde luego peligrosas para sustentar en ellas las capacidades de las fuerzas militares y las definiciones políticas y estratégicas de un Estado. Cabe agregar que esto también se aplica a las definiciones fundamentales de la Gran Política Exterior de un país, especialmente su estatura estratégica.
En el ámbito de la defensa y la seguridad exterior, las aproximaciones numéricas en sus tres componentes tienen muchos elementos de una trampa: bajo un exterior seductor, atrayente, en ocasiones casi irresistible para la opinión pública y parte del estamento político, se ocultan riesgos considerables para la conducción y dirección de la Función de Defensa en sede política. Paradojalmente, eso no siempre parece ser comprendido a cabalidad por sus propios cultores pero, naturalmente, eso no aminora los riesgos implícitos en estos planteamientos cuando son efectuados con sentido absolutista.
Así, en el actual debate en Chile sobre defensa y Fuerzas Armadas las miradas economicistas y cuantitativas deben ser ponderadas en su justa dimensión, en línea y en orden con los componentes políticos, estratégicos, históricos y tecnológicos que tradicionalmente informan la definición de una Política de Defensa. Una visión equilibrada, de todos sus elementos, a su turno, apoyará un debate más realista y objetivo y con una indispensable visión de futuro sobre la Función de Defensa, indispensable en el actual momento constitucional.
