Opinión
El día 11 de enero recién pasado se definieron las listas de candidatos a constituyentes que participarán en la próxima elección, donde se elegirán las ciudadanas y ciudadanos responsables de redactarán una nueva Constitución para el país.
La compleja crisis social de octubre de 2019, junto a la crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 y los eventos climáticos extremos cada día más recurrentes, imponen un contexto inédito para la redacción de la nueva Carta Magna, la que será el marco de nuestras relaciones sociales y culturales durante los próximos 30 años.
La crisis social surge por un agotamiento de un modelo de desarrollo humano que, basado en un capitalismo e individualismo extremos, cuyos beneficios no han sido accesibles para la mayoría de la sociedad, provocó un aumento de la inequidad social en nuestro país que ha puesto en jaque la dignidad de muchos de sus miembros. Este modelo surgido y plasmado en la Constitución del 80 y corregido levemente a partir del regreso de la democracia, ha tenido tres consecuencias fundamentales para el desarrollo futuro de nuestro país.
La primera, es la pérdida del rol del Estado en la promoción de un bienestar personal y colectivo a través de bienes comunes de calidad como salud, educación, seguridad, trabajo, acceso a esparcimiento, entre otros. La segunda, la pérdida de apoyo y contención por parte del Estado a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, considerando un bienestar común mínimo. La tercera y tal vez la más ignorada de todas, la degradación que ha sufrido la naturaleza producto de un modelo extractivo de sus recursos que promueve la apropiación y maximización de utilidades (liquidez a corto plazo), sin considerar la conservación de los equilibrios socioecológicos en los territorios.
La crisis global provocada por la pandemia del COVID-19 es consecuencia directa de un desequilibrio creciente que sufre nuestro planeta por la pérdida de sus ecosistemas naturales, lo cual ha facilitado el paso de enfermedades encapsuladas en redes tróficas complejas hacia poblaciones humanas. Esto, junto a formas de habitar humano que tienden a la concentración en grandes urbes y a la globalización, ha generado un aumento drástico de la vulnerabilidad de las personas en aquellas sociedades como la nuestra, donde los sistemas de contención social y ambiental son precarios o inexistentes.
Por otra parte, la crisis ambiental declarada a principios de este siglo está mostrando que nuestro país ya está sufriendo graves consecuencias producto de los efectos de la sequía y olas de calor, la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. En este marco, las sociedades que serán más afectadas, dentro de las cuales se encuentra la nuestra, tienen como factor común modelos de desarrollo fundados en la promoción del consumo individual como motor, la acumulación de capital, el abandono del rol protector-regulador del Estado, la apropiación de los recursos de la naturaleza y su posterior explotación con perspectivas infinitas.
Ejemplo de las negativas consecuencias sociales y ambientales de esta visión en nuestro país son los altos niveles de degradación de suelos que presentan hoy las tierras agrícolas y forestales, la degradación y pérdida de biodiversidad del bosques nativos, la disminución de las poblaciones de peces y fauna marina, los pasivos ambientales que ha dejado la actividad minera en el territorio, las crecientes zonas de sacrificio ambiental y el acceso restringido al agua que tienen muchas comunidades rurales hoy producto de la escasez y de la privatización de los derechos de uso.
La oportunidad de generar una nueva Constitución está estrechamente relacionada con la posibilidad de pensar un nuevo modelo de desarrollo humano para el país, el cual dará los lineamientos de base para la sociedad que acordemos tener en 30 o 50 años más, bajo escenarios sociales y ambientales muy inciertos.
Dada nuestra experiencia reciente como sociedad (de los últimos 70 años) y los nuevos desafíos que nos imponen los fenómenos globales, tales como las enfermedades emergentes, el cambio climático, las crisis económicas y el deterioro de las democracias, necesitamos integrar la conservación de la naturaleza y el respeto profundo a la dignidad humana como dos imperativos categóricos fundantes de la forma de desarrollo humano que debe asegurar nuestra nueva Carta Magna.
Este es el único camino por el cual hoy podremos ofrecer un futuro realmente sostenible y con dignidad a las nuevas generaciones de nuestro país.
