Opinión
La última viralización de los audios del Sename, con gritos de ayuda de menores de edad, pone en evidencia que el Estado ha tenido un comportamiento vacilante y tardío en la dictación de normas que se ajusten a los derechos de niños, niñas y adolescentes. El proceso constitucional en curso es una oportunidad para remediar este estado de cosas.
Hace pocos días, se viralizaron unos audios con gritos de ayuda de menores de edad en una casa del Sename en Providencia. La institución calificó los hechos como un “error de protocolo”, pero distintos actores de la sociedad civil hemos alertado de que se trataría de un problema sistémico.
Lo cierto es que en materia judicial vemos una falencia estructural de la que la autoridad debiera hacerse cargo. Al revisar las distintas leyes dictadas en Chile, antes de la suscripción de la Convención de Derechos del Niño y luego de ésta, existe un reconocimiento del Estado de asumir como propio el deber de garantes de dichos derechos. Sin embargo, el mismo Estado ha tenido un comportamiento vacilante y tardío en la dictación de normas que se ajusten a los tiempos actuales y, en particular, al principio rector del interés superior del niño.
Un caso icónico es el de Cristóbal Cabrera Morales, apodado “El Cisarro” (aunque a él no le gusta ese apelativo), quien comenzó a delinquir a los 9 años (hoy tiene 20). En su caso, y en otros tantos, los distintos actores u órganos que intervienen en el sistema –como el Sename y los Tribunales de Familia– no han tenido la capacidad de reacción para otorgar de manera efectiva la protección y tutela de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA). De muestra, un botón: cuando Cristóbal quiso seguir un tratamiento de control de impulsos, le dieron hora para una consulta seis meses después de ser requerida.
Para qué decir el caso de Ámbar Cornejo, donde todos quedamos estupefactos con las atrocidades que sufrió y el resultado fatídico. Con ella, el sistema también falló, quedando en evidencia la deuda perpetua que tiene nuestro Estado con los NNA.
Así sobran ejemplos, a los que se suma la última viralización de los audios del Sename. Nuevamente, nos espantamos y surgen las mismas críticas. Pero acá no hay nada nuevo. La última novedad en el aspecto legal la tuvimos en el 2018, cuando fue creada la Defensoría de la Niñez, pero todavía duerme la tan ansiada reforma estructural del Sename. Mientras tanto, los NNA en sus distintas esferas siguen siendo vulnerados.
Ahora bien, hay que ser claros: el sistema no está “enfermo” sólo por la inoperancia del Sename. La falencia es absoluta. Ninguna ley será efectiva si todos los actores no logran reconocer esa deuda de manera efectiva.
¿La solución? Para que la protección de nuestros NNA sea eficaz, la discusión necesariamente debe darse a nivel constitucional. En ese plano, es clave reconocer sus derechos en sus distintos ámbitos. Desde la Constitución, como base de los derechos debidamente garantizados, será posible un cambio institucional que sea capaz de satisfacer de manera íntegra esa protección. De lo contrario la desprotección seguirá viva y latente.
Aprovechando el proceso constitucional que dará comienzo prontamente, esperamos que los constituyentes sean capaz de reconocer que nuestros NNA deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Desde ahí, cualquier reforma sí podrá ser efectiva.
