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La pandemia del acallamiento a la infancia

por 15 mayo, 2021

La pandemia del acallamiento a la infancia
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El sábado recién pasado, en el Encuentro Internacional de Forum Infancias, que contó con la participación de Profesionales que trabajan con infancias en España, Méjico, Argentina y Chile, expusimos parte de lo que está pasando, hoy, con niños y niñas vulneradas en nuestro país.

Pudimos hablar de casos reales, intervenidos, acompañados y/o conocidos por nosotros y nosotras mismas, que lamentablemente no están recibiendo la atención necesaria por parte de los organismos privados que trabajan con los Tribunales de Justicia, a través de las subvenciones que entrega SENAME. Niños y niñas que traen relatos y muestran síntomas de haber sido abusadas sexualmente, golpeados físicamente, impedidas de mantener la relación directa y regular con alguno de sus progenitores debido a injurias y calumnias, maltratados y maltratadas de diferentes maneras. Casos que son atendidos muchos meses después (hasta años) de haber puesto la denuncia respectiva para, finalmente, ser derivados a otro Programa que, nuevamente, pasará el caso a una nueva lista de espera. Se pierde, así, un tiempo particularmente delicado para el desarrollo psíquico de esos y esas pequeñitas que han sido gravemente vulnerados.

A esta situación lamentablemente habitual de demoras, burocracias, papeleos, trámites y derivaciones que suelen no resolver nada, la actual pandemia le ha agregado un nuevo elemento que quisiéramos rescatar: las intervenciones a través de dispositivos tecnológicos. Y es que, como tan bien nos hacían ver los y las colegas de otros países en el Encuentro del fin de semana pasado, que a pesar de los apremios pandémicos actuales haya que hacer algo con la infancia vulnerada, no significa que se pueda hacer cualquier cosa.

Realizar, 6 meses después de puesta la denuncia, el peritaje de una niña de 6 años que acusó de abuso sexual a un abuelo, a través de dos sesiones de videollamada con ella, una llamada por teléfono (sólo voz) a cada padre, sin la o las visitas domiciliaras respectivas; escribir un informe con esa información precaria, sugiriendo que efectivamente podría estar siendo abusada y vulnerada para, finalmente… derivar el caso a otro organismo que, a 7 meses de redactado el informe, aún no se ha pronunciado; es, directamente, volver a vulnerar y maltratar a esa criatura humana. Intervenciones similares se vienen repitiendo todos los días desde el inicio de la pandemia, con diferentes tipos de vulneraciones y maltratos, a distintos niveles y con diversas gravísimas consecuencias reales, ya no digitales, para los y las implicadas.

Si pudiéramos tratar de entender esta negación absoluta a la palabra de esos niños y niñas, de su desarrollo psíquico, de su protección, de su integridad, de su mínimo bienestar, lo último que haríamos es poner el foco en los y las Profesionales que trabajan en dichos organismos. Profesionales que, nos consta, dan lo mejor de sí y más para intentar hacer un buen trabajo en estas condiciones tan adversas.

En vez de eso pensaríamos en la estructura que subyace a los y las trabajadoras. Habría que partir considerando que en Chile para que los programas mencionados, que son de carácter privado y no público, se financien, necesitan usuarios. El SENAME no entregará recursos a menos de que haya usuarios. Y si no hay usuarios, no hay plata: no se paga arriendos, insumos, salarios. No se financian. Entonces, si bien las intervenciones derivadas por Tribunales de Familia no se pagan directamente del bolsillo del usuario, y si bien tienen listas de espera enormes que garantizan su financiamiento, la lógica sigue siendo la subvención al usuario, que se traduce en un traspaso de dinero del Estado a organismos de carácter privado, que necesitan niñas y niños vulnerados para subsistir.

De esa forma, no existe un financiamiento sostenido, permanente y solidario para este tipo de intervenciones, dando como resultado que la Justicia para niños y niñas vulneradas no está garantizada como un Derecho fundamental, sino como otro servicio más que se paga individualmente según la lógica del bono, que tanto ha gustado a los gobiernos postdictadura. Lógica que, en su fundamento, supone un individualismo perfectamente coherente con el modelo económico neo-liberal vigente.

 

La subvención garantizada por Ley y la banalización del sufrimiento infantil

Hace poco el Senado despachó al Ejecutivo el Proyecto de Ley de Protección de la Salud Mental. Parece ser que dentro de poco Chile será uno de los últimos países del mundo en tener una Ley de Salud Mental. Dicho proyecto no cuestiona en un ápice la lógica individual que hemos mencionado, menos la forma en que se financiarán las distintas intervenciones asociadas a la salud mental, como las que refieren a la infancia vulnerada. Dicho proyecto define la salud mental del niño, la niña y adolescente como (cito al Proyecto) “la capacidad de alcanzar y mantener un grado óptimo de funcionamiento y bienestar psicológico”. Una idea de salud mental entendida como opuesta al sufrimiento, a la angustia y a las vicisitudes propias de la vida, que reduce al niño y a la niña a un objeto que funciona o no óptimamente. Ya sea si funciona o no óptimamente según las exigencias (escolares, por ejemplo) del mundo adulto, como si NOS funciona o no óptimamente para seguir consiguiendo financiamiento, dejando en un segundo plano el impacto real de dichas intervención e, incluso, en un tercer plano el eventual beneficio y la reparación para los y las niñas víctimas de maltratos.

Siguiendo esta lógica, la pandemia parece haber dinamizado al extremo la banalización de la atención clínica a la infancia vulnerada. Banalización que ha producido una des-subjetivación de los tratamientos francamente preocupante. Estos niños y niñas requieren de una presencia constante y permanente de alguien que asuman como su terapeuta. ¿Es posible realizar este trabajo con sesiones esporádicas, distanciadas en el tiempo y tras las cámaras? ¿Cómo aseguramos que el niño o la niña sepa que está siendo atendida en su sufrimiento, y no que está interactuando con un YouTuber personalizado?

Lo máximo que podemos hacer a través de las pantallas y/o los teléfonos es aplicar pruebas estandarizadas que no agotan, ni por si acaso, las sutilezas del trabajo clínico, siempre teñido de miradas, atrasos, gestos, lapsus, ritos y hasta olores que dan cuenta de la singularidad de cada caso. Por lo demás, muchas veces los síntomas, juegos y relatos de los y las niñas nos van llevando a otros sufrimientos, asociados a otras vulneraciones que deben ser igualmente atendidas. Nada de eso podrá ser captado por la prueba estandarizada, que irá a encontrar sólo lo que está buscando.

Hablamos de intervenciones dependientes íntegramente de los límites de aparatos tecnológicos y de la escasa, escasísima información que puede entregar una prueba estandarizada. Creemos que operar sólo bajo estas condiciones es otra forma de continuar y profundizar el histórico acallamiento a niños y niñas que el Estado de Chile viene perpetuando por años, sosteniendo todo un sistema de abordaje basado en el odio a la infancia. La única diferencia es que ahora toma la forma de “crisis sanitaria”. En estos términos, la pandemia ha logrado realizar la plenitud del check list, satisfaciendo el más depurado delirio de aquel economicista obsesionado con la eficacia, la eficiencia y el costo-efecto: realizar las intervenciones necesarias porque hay que realizarlas, independiente de su contenido, escribir el informe, derivar y pasar al siguiente. Al final igual la lista corre, y mientras más corre, más ganamos.

  • Gonzalo Carrère Valdés es psicólogo Clínico, miembro de Forum Infancias Chile – Red Central

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