Opinión
Más allá de las posturas que cada grupo político intente poner en la discusión sobre el contenido de la nueva Constitución, es clave que la conversación no se dé a puertas cerradas y que exista un mecanismo para que la ciudadanía y la sociedad civil entreguen sus propuestas a la Convención, que sean efectivamente escuchadas e incorporadas al debate constituyente.
Para ello, urge la definición de un sistema claro, eficaz, transparente y ágil que entregue confianza y seguridad a la ciudadanía sobre el marco regulatorio que guiará el funcionamiento de la nueva entidad y sus decisiones.
Ese rayado de cancha será su primera gran tarea: el “Reglamento”. Un conjunto de normas y procedimientos que darán forma al método de trabajo y a lo que finalmente será aprobado para conformar la Carta Magna. ¿Quiénes compondrán la mesa directiva? ¿Cuántas comisiones habrá? ¿Cómo se incorporará un artículo? ¿Se definirán los mecanismos de participación ciudadana y se revestirá de transparencia al proceso? Todo esto son solo algunos de los temas que la Convención Constitucional deberá definir en un inicio (ver artículo “La primera batalla: El reglamento”, Ciper). Pero, ojo, no hay un plazo definido. Mientras más demore, menos tiempo quedará para la discusión sustantiva.
Mecanismos abiertamente conocidos de participación ciudadana abren la puerta no solo a mayor transparencia en los procesos y seguridad de los y las constituyentes –al disminuir presiones indebidas a través de mecanismos ocultos de lobby o a manifestaciones masivas populares–, sino también a la definición de la Carta Magna con más fuentes de información. Más gente aportando ideas y conocimiento, con más experiencia individual, grupal y organizacional aportando al debate.
Sin ir más lejos, el ecosistema de organizaciones sociales que trabajan por la superación de la pobreza (sociedad civil organizada) tiene diagnósticos claros y focos de trabajo en muchos de los temas sensibles que se levantaron a partir de las movilizaciones del 2019. Tremenda experiencia acumulada en todos los temas importantes a la hora de escribir una nueva Constitución que, por uno u otro motivo, no estarán en la Convención, pero que de todas maneras tienen algo que aportar a la discusión.
Existen mecanismos de participación ciudadana desde la entrega pública, transparente e informada de propuestas por parte de grupos interesados (regular el lobby es esencial) hasta, por ejemplo, las consultas a ciudadanos(as) para conocer su opinión en materias en las cuales la Convención no ha logrado ponerse de acuerdo (dado el quórum de dos tercios necesario). No espero mecanismos vinculantes, pues para eso está la Convención: los constituyentes tomarán decisiones vinculantes, y eso está perfecto. Sin embargo, ¡qué necesaria es la participación ciudadana para que la nueva Constitución contemple la mayor cantidad de aristas posible!
La participación en las decisiones del Estado que demandó la sociedad el 18 de octubre no se acaba en la urna con la elección de representantes, sino que ahí comienza. A partir de allí, surgen muchos caminos posibles para otorgar a la ciudadanía la posibilidad de ser parte de las decisiones. En un ambiente de creciente desconfianza hacia los partidos políticos e instituciones del Estado, es de esperar que la participación ciudadana sea una variable constante, con nuevos mecanismos de escucha, transparencia y vinculación. No desaprovechemos esta oportunidad histórica de crear una Constitución participativa, transparente, democrática y validada.
