Opinión
Contraria a un afán aleccionante, esta breve columna pretende visibilizar y levantar las alarmas respecto a dos situaciones: i) el aumento de la pobreza por ingreso en nuestro país y ii) la ineficiencia de los programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) para acolchonar la situación. La reflexión surge a raíz de los recientes resultados publicados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (más conocida como Casen) y al último Informe de Desarrollo Social publicado por el ministerio el año 2020 (nos encontramos a la espera del informe 2021). En adelante, sostenemos que es necesario abrir la discusión respecto a los lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social ante esta nueva realidad socioeconómica del país.
Con especial preocupación hemos accedido hoy a los datos de Casen. Los resultados son alarmantes, dan cuenta, que por primera vez en 20 años aumenta la pobreza en Chile:
Ahora bien, es evidente que esta variación tiene relación con la pandemia COVID-19 y aquello refiere a un factor externo a la política que en marzo de 2020 era difícil de prever. Pero en agosto u octubre de 2020 uno esperaría que los ejércitos de asesores y el personal de Mideso hubiera logrado realizar adecuaciones o variaciones a las orientaciones de las políticas y programas para hacer frente a la situación. En el Informe de Desarrollo Social del 2020 se designó un apartado completo a las “Medidas de Respuesta a la emergencia sanitaria COVID-19”. Allí, se hace mención al Bono COVID-19, Ingreso Familiar de Emergencia (4 pagos) e Ingreso Mínimo Garantizado, alternativas que en su conjunto responden a la lógica de bonificación.
El problema es que pareciera que los datos de Casen, y también otras informaciones, como el aumento de campamentos, visibilizan que estas medidas no fueron efectivas para acolchonar el aumento de la pobreza, y que probablemente sea momento de pensar en nuevas lógicas para afrontar esta realidad.
En esta línea, cabe mencionar que la política pública no puede caer en una práctica repetitiva sin reflexión, algo así como realizar marcos lógicos y aplicarlos solo porque se debe, porque así es el procedimiento. Esta lógica lleva a una ineludible pérdida de sentido, caer en lo que Max Weber denomina la “jaula de hierro”. Lo que no hay que perder de vista es la necesaria capacidad de porosidad institucional ante entornos complejos y las herramientas resonantes respecto a las vivencias de la ciudadanía. En esto, recuperamos la notable noción de desarrollo o transmutación institucional que se opone tangencialmente a aquella práctica repetitiva a la que denominan política pública.
A modo de apertura de la discusión, nos gustaría dejar planteadas las siguientes preguntas: ¿cómo Mideso sintoniza con los objetivos socialmente compartidos y legitimados para hacer frente a esta nueva situación?, ¿qué transformaciones potenciará?, ¿seguiremos perseverando en los programas existentes que ya no han dado el ancho a la situación?, ¿cómo afrontaremos la heterogeneidad territorial y aquellas regiones con peor situación?, ¿qué planes diferenciados se potenciarán para la pobreza y extrema pobreza?, ¿cuánto tiempo proyectamos para lograr bajar la cifra y, por tanto, transformar la realidad?, ¿esta reflexión existe dentro del ministerio?, ¿hay autocrítica o condescendencia?
