Opinión
Un grupo de senadores oficialistas, liderados por el independiente Juan Castro, presentó un proyecto de ley que, de ser aprobado, sancionaría a quienes se mofen de los símbolos patrios, entre los cuales se encuentra la bandera, el escudo y el himno nacional. Dicha moción, sin embargo, incurre en una serie de errores. Dilucidemos por qué.
En primer lugar, en una democracia, no corresponde adjudicar a nadie ni a nada un manto de inmunidad frente a la crítica. Dicho esto, una de las tantas formas de hacer juicios frente a una persona u objeto es la burla, la que comúnmente se puede encontrar a través de la sátira o de figuras literarias tales como la metáfora o la analogía. Aquellas expresiones son, muchas veces, una manifestación de la inteligencia, y constituyen una posibilidad para hacer un escrutinio del contexto que nos rodea.
En segundo término, y en concordancia con lo anterior, prohibir la mofa hacia los símbolos patrios significaría otorgarles un carácter sagrado. La dificultad que aquello conlleva es que puede interpretarse como un primer paso hacia una serie de iniciativas que busquen sacralizar emblemas de distinta índole. Así, el día de mañana, por dar un ejemplo, se podría impedir cualquier crítica a los símbolos que cualquier grupo considere divinos. Nada impediría, además, de avanzar en una legislación así, que ciertos colectivos intenten otorgar la categoría de sagrado a sus autoridades religiosas o espirituales, escudándolos frente a cualquier reparo.
Por otro lado, parece banal intentar impedir la burla hacia una serie de emblemas cuando, en general, existe un amplio consenso en el hecho de que las autoridades pueden estar sometidas a ellas. Los dirigentes son seres humanos, y como tal, es obvio que merecen una protección mayor frente a cualquier tipo de afrenta. Si la sociedad, a través del humor o la sátira, ha permitido que se dirijan burlas, a veces muy crueles, hacia ellos, es ridículo proponer que una serie de objetos deban contar con una custodia más amplia. Avanzar en esa línea sería reconocer que existen cuestiones materiales que tienen un valor que supera al del ser humano. A todas luces una irracionalidad.
Finalmente, es fundamental subrayar que una iniciativa como esta constituye un violento ataque contra la libertad de expresión. Limitarla, tal como lo señaló John Stuart Mill, significaría restringir nuestro propio entendimiento, pues las opiniones equivocadas –según palabras del filósofo- contribuyen a una mejor comprensión de los fenómenos a los que estamos expuestos. La crítica a los símbolos patrios, cualquiera sea el modo en que se expongan, nos ayudarían, según esta interpretación, incluso a comprenderlos mejor.
En síntesis, el proyecto presentado por los senadores carece de argumentos sensatos y no considera una serie de profundos elementos que vale la pena tener en cuenta al momento de dar una discusión como esta. Además, restringe un conjunto de libertades que hoy cuentan con un amplio marco para desenvolverse. Lo más probable, en todo caso, es que, debido a su falta de fundamentos, quede olvidado en el correo de algún asesor del congreso.
