Opinión
La Convención Constitucional comenzará pronto a discutir temas de fondo en sus diferentes comisiones. Una de ellas es la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. En pos de un diálogo real y para evitar estrategias mezquinas, resulta fundamental transparentar el marco en que se da la discusión económica sobre la naturaleza.
“La tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música”, decía Ricardo Lagos el año 2017, una frase que refleja la forma en que para muchos se da por sentado que es la economía y nada más lo que importa, haciendo desaparecer cualquier otro tipo de criterio, conocimiento o prioridad.
El crecimiento económico suele explicarse con una torta, la que representa “todo” lo que produce una economía (donde no se consideran las labores no pagadas, dejando fuera la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados), y hacer crecer esta torta se ha convertido en el objetivo central e indiscutible de los gobiernos de Chile por décadas. Pero ¿quién se come la torta? ¿Quién hizo la torta? ¿Quién se encarga de limpiar la cocina? Imaginemos una deliciosa torta de palta y celulosa, ¿queremos hacer crecer esta torta? ¿Quién se quedó sin agua para conseguir esta torta? Cuando llegamos a estas preguntas, la respuesta suele ser “es muy complejo, tú no entiendes de economía”.
Entonces, ahondemos un poco más en la economía. Un supuesto básico de la economía moderna, o neoclásica, es que la sociedad es una suma de individuos que buscan únicamente maximizar su bienestar, el que se mide en cuanto a su capacidad de consumo. Esto excluye, dentro de otras cosas, cualquier tipo de interdependencia del individuo con otros y con su entorno. Los vínculos y sinergias entre las personas y el medio ambiente, por ejemplo, quedan fuera de este modelo.
La economía ambiental ha intentado incorporar algunos elementos al análisis. Sin embargo, la naturaleza se sigue estudiando desde un enfoque absolutamente antropocéntrico. Se habla de recursos naturales y usos, donde el valor de la naturaleza está dado exclusivamente por la utilidad económica que esta le entrega al hombre. Valor que, por lo demás, se entiende usualmente como la disponibilidad a pagar de los individuos, la que en la mayoría de los casos se corresponde más a cuánto pueden gastar. Llegar a estas preguntas en el debate académico implica complejizar excesivamente los modelos. Y si se decide abordar estos temas sin matemática, suele significar dejar de ser considerada una economista “seria” y entrar en un terreno esotérico o heterodoxo.
Traer al contrincante a jugar en tu cancha es siempre una buena estrategia. De esta manera, el marco de la discusión económica resulta estratégico en el debate medioambiental. Por un lado, se descartan aquellos argumentos que no se articulen adecuadamente en términos económicos. Por otro lado, se descartan aquellos argumentos que cuestionan los supuestos económicos fundamentales por complejizar demasiado los modelos. En este contexto, es difícil no entramparse cuando se intenta defender la naturaleza desde la economía.
En economía, como en muchas otras ciencias, se usan modelos, los que simplifican la realidad con el objetivo de entender cómo funciona. El actual modelo se basa en una simplificación de la realidad, la que se ajusta muy bien a ciertos mercados pero que queda bastante corta al intentar analizar temas medioambientales. A pesar de sus limitaciones, la economía puede contribuir a la discusión constitucional. Pero es importante reconocer que otras ciencias, las comunidades que habitan los territorios y en particular los pueblos originarios, tienen mucho conocimiento que aportar y que este conocimiento no puede descartarse por el solo hecho de no articularse en términos económicos.
