Opinión
Durante mucho tiempo, las decisiones políticas y económicas de nuestros territorios se han zanjado en el Congreso Nacional y en La Moneda, lugares emblemáticos que por años generaron políticas públicas con criterios de centralismo fiscal, ausencia de pertinencia territorial y nula (o poca) participación ciudadana. Esto es lo que buscamos cambiar con la actual discusión constitucional, para que los territorios y la ciudadanía sean los principales actores en la toma de decisiones de cuestiones locales.
El estallido social vino a cambiar todas estas estructuras. Fue así como la descentralización, la democracia participativa, la salud, las pensiones y la educación, por nombrar algunos, se transformaron en sentidas demandas escritas en nuestros lienzos y bastiones del proceso constituyente en curso. Todo lo anterior, ocurrió en la esperanzadora primavera chilena del 2019, donde nuestras plazas florecieron a raíz de anhelos colectivos por un Chile justo para todas y todos.
En este escenario, las universidades regionales tienen una ardua labor, pues es allí donde las actuales y futuras generaciones se formarán para liderar las instituciones que emanen de la nueva Carta Magna. Estas instituciones regionales no han estado ajenas a las demandas de descentralización, pues la Agrupación de Universidades Regionales de Chile (AUR) ya por el 2009/2010 difundía dentro de sus asociados la Revista Chilena de Estudios Regionales, en la cual se plasmaron muchos de los contenidos que hemos estado discutiendo al interior de la Convención, temas como el desarrollo y política territorial local, la necesidad de incluir la digitalización en los gobiernos locales y la urgente descentralización fiscal para el desarrollo digno de nuestras regiones, son algunos de los contenidos expresados por esos años.
Hoy tenemos, por ejemplo, a la universidad regional en O´Higgins, que ha comenzado a funcionar hace algunos años y que, sin duda, ha estado a la altura de los desafíos que hemos vivido con posterioridad al estallido social, siendo hace algunas semanas sede de una de las sesiones de la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, lo cual me enorgullece profundamente.
Junto con reconocer la labor pública y social que la universidad cumple en la región, hoy la invitación es a seguir contribuyendo al debate nacional, regional y local, pues son las universidades las instituciones llamadas a generar y promover espacios para que la ciudadanía se reúna, comparta y debata en torno a este hecho histórico, como lo es la Convención Constitucional.
