Opinión
Para Benavente (2007), la palabra “provincia” proviene del vocablo pro-vincere, es decir, aquel lugar con que el viejo imperio romano denominada a los vencidos. Etimología que gráfica perfectamente la historia moderna de las regiones de nuestro país, fundamentalmente a partir de la derrota de los sectores federalistas del siglo XIX frente a la construcción del Estado portaliano en torno a una oligarquía santiaguina y hacendal de la zona centro-sur, haciendo históricamente de Santiago de Chile la capital política, cultural y económica del país.
Atrofia que ha sido posible gracias a la capacidad hegemónica de estos sectores dominantes al imponer a lo largo de dos siglos un Estado-nación aparente en beneficio de grupos locales y transnacionales, pero que se nos presenta como si fuera garantía de una comunidad nacional de iguales, normalizando y naturalizando una concepción de los territorios regionales como sinónimo de extractivismo, de zonas de sacrificio ambiental, de monocultivos, de contención fronteriza o, en el mejor de los casos, como espacios subalternos de religiosidad popular, folclóricos, turísticos, rupestres, tradicionalistas, indígenas. Mientras ciertas zonas privilegiadas del centro serían la expresión de la modernidad, del desarrollo, el cosmopolitismo, la alta cultura y las grades artes, el conocimiento científico de vanguardia, cual otrora metrópoli romana.
En este contexto, uno de los actores de la sociedad civil y comunitaria que durante el ciclo 2001-2019 logró con éxito impugnar y reformar esta definición dominante de los territorios, fue el caso de los movimientos socioambientales en regiones, tanto mestizos como originarios, en torno a perspectivas y cosmovisiones asociadas al buen vivir, a la sustentabilidad medioambiental, la seguridad alimentaria, entre otras, y que desde el 2012 a la fecha registran más de 127 disputas activas, latentes y cerradas, según el mapa de conflictos socioambientales de INDH.
En este mismo sentido, el reciente proceso de elección democrática e instalación de gobernadores, muchos de los cuales provienen de las luchas socioambientales, conformó un nuevo actor a nivel de sistema político nacional y regional, y con ello la oportunidad para liderar un proceso de desarrollo territorial y comunitario desde lógicas autónomas a las que ha impuesto históricamente la capital, lo que sumado a la construcción de importantes consensos en materia de descentralización y equidad territorial en algunas comisiones de la Convención respecto a la creación de gobiernos comunales, capacidades legislativas regionales, de retención regional de impuestos, y la eliminación de los delegados presidenciales, entre otras iniciativas, constituye una oportunidad histórica para superar de forma deliberativa y democrática esta inequidad territorial que ha reafirmado históricamente la desigualdad en nuestro país.
Desde la perspectiva de las regiones, toda esta acumulación de fuerzas sociales, políticas y culturales, muchas de ellas sustentadas en otra concepción de territorio y que hoy derivan en la Convención, las próximas elecciones presidenciales del domingo 19 de diciembre no deben entenderse exclusivamente en clave izquierda o derecha, como si se tratará de una elección propia de la Guerra Fría, sino entre quien brinda las mejores garantías gubernamentales para que este proceso constituyente pueda derivar en la conformación de un Estado integral, que incluya a las regiones y comunidades en igualdad de condiciones territoriales, políticas, económicas, culturales, lingüísticas, nacionales y ambientales, frente a otras alternativas que procuran reafirmar la vieja hegemonía hacendal con el objeto retorcer a las regiones doscientos años de historia.
