Opinión
Desde la revolución pingüina del 2006 hasta el estallido del 2019 nos acostumbramos a concebir a los movimientos sociales como portadores de valores progresistas, estatistas, colectivistas, multiculturales o liberales de la sociedad civil, que hacían avanzar la historia a nuevos estadios culturales, políticos, éticos, como fuera el caso del movimiento estudiantil, feminista, ambientalista, contra la AFPs, por una nueva constitución, entre otros. En otras palabras, una nueva sociedad civil post neoliberal que llegó para quedarse, muy diferente a la conocida durante la primera década de transición a la democracia con sus características gerenciales.
Las recientes protestas contra la delincuencia y la crisis migratoria en la región de Tarapacá, que lograron articular a sectores urbanos, rurales y costeros, aislando por mar, cielo y tierra la ciudad de Iquique -en un fin de semana que en tiempos normales se caracterizaba por el periodo de mayor afluencia de turismo-, demostró la posibilidad de convocatoria de otra parte de la sociedad civil regional, y que no puede leerse con las mismas claves interpretativas con las que se entendieron las acciones colectivas anteriores.
El sociólogo Danilo Martucelli (2021) en su libro “El estallido social en clave latinoamericana” (Lom), concibió que el estallido de octubre no se caracterizó por la apelación a la idea de un grupo homogéneo -pueblo, masa, ciudadanía, clases medias, populares, etc.- sino por la concurrencia de un “gentío” urbano diverso, vinculado fundamentalmente a sectores populares y medios precarizados como sucediera en la concentración del 25 de octubre, a las que agrupó bajo el concepto de “clase populares-intermediarias”, producto de una “creciente similitud de experiencias” entre los sectores populares y medios tradicionales y emergentes precarizadas, en comparación a las condiciones de existencia de las clases altas en materia de “experiencias de vida, ingresos económicos, protecciones estatutarias y seguridad” (Martucelli, 2021,16).
A una escala regional, en las jornadas de protestas contra la delincuencia y la migración en la región de Tarapacá durante el 30 y 31 de enero pasado, a los tradicionales sectores de derecha, como es el caso de ex funcionarios de las fuerzas armadas y de orden, gremios de camioneros y de transporte colectivo, nuevas derechas populares de corte anarco-capitalistas, sensibilidades anti vacunas; también se sumaron organizaciones de pueblos originarios con sus respectivas autoridades comunales como el caso de Colchane, migrantes de nacionalidad boliviana, agrupaciones de motoqueros, sindicatos portuarios con una importante tradición de lucha gremial, así como vecinos de sectores populares y medios que han visto una degradación de los espacios públicos de alta valoración colectiva -balnearios, plazas, parques-, una permanente sensación de inseguridad, un aumento de la victimización y crisis de autoridad estatal, así como una serie frustraciones a la hora consolidar su movilidad social producto de la pandemia.
Este Mal-estar entre las posiciones sociales y las expectativas de los sectores populares y medios tradicionales y emergentes, en el caso tarapaqueño ha encontrado en el migrante un catalizador común que amenaza su añoranzas de seguridad, empleo, estabilidad, y que se encuentran disponibles para que ciertos sectores populistas nacionales y regionales con sus discursos de odio puedan ir desarrollando un tipo particular de hegemonía popular, capaz de ofrecer una débil pero efectiva matriz explicativa a partir de la asociación entre migración-narcotráfico-delincuencia. Algo por lo demás, nada nuevo en la historia ni propio de las realidades locales.
La sociedad civil, sus sentidos, contenidos y hegemonías están en disputa permanente, y no deben darse por sentada después de lograr un proceso constituyente y un nuevo gobierno vinculado a luchas sociales previas, para limitarse a etiquetar desde afuera a esta diversidad de sectores como proto-fascistas y terminar con ello por entregarlos a la bravata populista y su éxito demostrado en el caso de ciertas derechas europeas y hoy por hoy latinoamericanas. Para en cambio, continuar los esfuerzos por comprender el malestar profundo que está en las bases que estos liderazgos convocan, con el objeto de ofrecerles concepciones más elaboradas sobre las dificultades para garantizar un bienestar colectivo bajo un Estado mínimo -el que además ha abandonado la regiones fronterizas en un contexto de crisis migratoria-, haciendo competir a comunidades locales y migrantes por servicios precarizados. En este sentido, la querella de Gramsci contra el papel de los intelectuales tradicionales resulta oportuna para este momento histórico, al señalar que “El error del intelectual consiste en creer que puede saber sin comprender y, especialmente, sin sentir ni ser apasionado -no sólo del saber en sí, sino del objeto del saber— Es decir, sin sentir las pasiones del pueblo, comprendiéndolas y, por lo tanto, explicándolas por una situación histórica determinada; vinculándolas dialécticamente a la historia, a una superior concepción de mundo científica y coherentemente elaborada: el saber”.
