Opinión
Luego de casi once años de tramitación, en enero pasado el Congreso Nacional (bicameral), aprobó por la unanimidad de sus integrantes la mayor reforma al Código de Aguas desde aquella aprobada en 2005. Once años se tardó en acordar, por unanimidad, una nueva regulación que pretende afrontar los desafíos del uso (y profunda escasez) del agua en el contexto de la mayor sequía que vive nuestro país.
Por su parte, la semana pasada, la Comisión de Medioambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, tras una discusión de uno pocos días (u horas) aprobó, por mayoría simple, la caducidad de los derechos de agua otorgados a partir de 1981 (fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas) y ha declarado que dicho código perderá validez y eficacia jurídica, tan pronto como entre en vigencia la nueva Constitución. Claramente algo no anda bien ¿Cómo un tema que demoró once años en el Congreso para su regulación, con todos los antecedentes y análisis técnicos y jurídicos necesarios, luego en la Comisión de la Convención se propone y aprueba adoptar un conjunto de normas que borran de un plumazo toda la legislación vigente?
De prosperar la iniciativa de los constituyentes -que caduca entre otros los derechos de agua de las empresas sanitarias- lo que ocurrirá es que al día siguiente de entrar en vigencia la nueva Constitución, las empresas no podrán contar con los derechos necesarios y por consiguiente será imposible abastecer a la población de más de 15 millones de chilenos con un suministro seguro y confiable, tal como ha sido hasta ahora, y podrían quedarse sin agua en sus hogares. ¿Será eso lo que buscan los convencionales? Yo vote apruebo y por la existencia de una Convención con esperanza, como todos y todas, de que se construyera un país mejor. Entonces, no creo que ese sea el ánimo de la Convención.
Entonces ¿Qué debería ocurrir? El derrotero es dejar el eslogan, la frase cliché, el discurso revolucionario vacío de propuestas y que desconoce la realidad y pone jaque el progreso del país y los chilenos. Dejar atrás el infantilismo de izquierda es lo que exigen los tiempos, y creo yo, la mayoría de la población. En efecto, la propuesta de norma refleja un tremendo desconocimiento de la realidad, del funcionamiento de la hidrología y de la vida en comunidad y las necesidades de real acceso al agua que tienen las zonas rurales que no cuentan con servicios sanitarios, pero principalmente de la regulación existente y de sus permanentes y recientes perfeccionamientos. Destruir lo existente, sin siquiera proponer un modelo alternativo pensado en el bienestar de la ciudadanía y su desarrollo, no conduce a nada. En tal caso, se dará la paradoja que no será la sequía la que nos deje sin agua, ni el cambio climático el que atente contra el derecho humano al agua. Sería la propia Convención.
