Este martes 31 de enero se publicaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción medido anualmente por Transparencia Internacional. Por sexto año consecutivo nuestro país mantiene la calificación de 67 de 100 puntos, entre los países con mejor desempeño, ubicándonos en el puesto 27 entre 180 países.

Así, si bien conservamos nuestra posición de liderazgo en la región junto a Uruguay, compartimos un desafío común a nivel global: alrededor del 90% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos en los últimos cinco años. Esto debe alentarnos a actuar con decisión y a utilizar nuevas herramientas en la difícil tarea de combatir la corrupción a través de respuestas colectivas y contundentes.

Conscientes de esta tarea, desde el Gobierno hemos trabajado de manera temprana junto a distintos actores del sector público, la empresa, la academia y la sociedad civil, en la creación de la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública. Un esfuerzo que recoge en su diagnóstico índices como el que se comenta, además de otros instrumentos de enorme relevancia, como los indicadores de integridad recientemente desarrollados por la OCDE y que dan cuenta de que existen espacios clave donde debemos mejorar y que el plan de acción de esta Estrategia considera.

Entre estos desafíos se contempla contar con un enfoque estratégico en el combate contra la corrupción; consagrar reglas tales como los periodos de enfriamiento y prohibiciones que prevengan los conflictos de intereses que conlleva el tránsito desde el sector público al privado y viceversa; además de establecer un registro de personas beneficiarias finales de empresas. Sobre este último punto, esperamos que en la tramitación de la Reforma Tributaria en actual discusión, puedan profundizarse los mecanismos que permitan que organismos clave en el combate de la corrupción y el crimen organizado, puedan acceder de forma oportuna a este registro.

Necesitamos seguir avanzando en esta materia y por eso la Estrategia Nacional de Integridad que presentaremos este año, es un esfuerzo y una oportunidad que tenemos como Estado. Junto a ello, esperamos seguir reuniendo voluntades en el Congreso Nacional para la aprobación de proyectos de ley en tramitación, como la reforma tributaria, los proyectos que establecen reglas de probidad y transparencia en municipios y el estatuto de protección a denunciantes, que en marzo reanudarán su discusión. No solo es necesario para mejorar nuestros puntajes en indicadores de percepción de corrupción, sino para generar condiciones para la sociedad más justa y libre de abusos que queremos para todos los habitantes de nuestro país.