Opinión
El rol del Estado Social cambia drásticamente con respecto al Estado subsidiario, porque mientras en este último el acceso a los servicios básicos queda librado a la capacidad de compra de la persona en el mercado de los derechos sociales, en el marco del Estado social corresponde al Estado garantizar el acceso universal y equitativo a servicios básicos como salud, educación, vivienda y protección social. El Estado es responsable de crear políticas públicas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades y reduzcan las desigualdades socioeconómicas. Además, debe asegurar una red de protección social que brinde asistencia a aquellos en situaciones de vulnerabilidad o pobreza, en especial a la mujer trabajadora quien debe asumir un doble rol como productora y cuidadora no remunerada.
En reciente columna publicada en La Tercera, el diputado Diego Schalper, se refirió al Estado social democrático de derecho, definiéndolo como “una de las discusiones más relevantes del nuevo proceso constitucional”. El Diputado Schalper toma como ejemplo el caso alemán, omitiendo dos de los factores clave que explican su éxito.
A pesar de que el artículo destaca la importancia del Estado social y democrático de derecho en el proceso constitucional, hay una notable ausencia de discusión sobre la participación de los trabajadores en los directorios y sindicatos con poder para negociar salarios y condiciones laborales, factores clave en la construcción de un Estado verdaderamente democrático y social y es uno de los elementos que explica por qué en Alemania y los demás países que han seguido este modelo de sociedad además de progreso económico, han conseguido paz social.
Los Datos
Trabajadores en Directorios de Empresa. Al respecto, es preciso señalar que en el caso específico de Alemania, que el diputado Schalper pone como único ejemplo, el modelo de cogestión empezó a construirse en 1952 en respuesta a la destrucción y al caos en que el nazismo dejó a ese país. A partir de entonces, la legislación estableció la obligación de que las grandes empresas, de cualquier sector productivo, reservasen un tercio de los cupos disponibles en los directorios para representantes de trabajadores.
Posteriormente, la Ley de cogestión de 1976 establece que las empresas con más de 2,000 empleados deben tener un consejo de supervisión, en el que al menos la mitad de los miembros sean representantes de los trabajadores. Este consejo tiene la tarea de supervisar y tomar decisiones estratégicas junto con el consejo de administración. Por su parte, las empresas con más de 500 empleados también deben, por ley, tener un consejo de trabajadores, que se encarga de cuestiones laborales y sociales, como la jornada laboral, la seguridad en el trabajo y la formación.
Más radical que el modelo alemán es el modelo de participación de trabajadores en los países escandinavos. Así, la Ley de 1974 sueca prevé un tercio de los puestos en el consejo de Administración para representantes de trabajadores, en todas las empresas con más de 25 empleados. En tanto, en Dinamarca y Noruega, los empleados tienen derecho a un tercio de los puestos en los directorios de empresas con más de 35 y 50 empleados.
En cuanto a los sindicatos, en Alemania están activamente involucrados en la protección de los derechos laborales y la negociación colectiva. Negocian acuerdos salariales y condiciones laborales y a menudo participan en la toma de decisiones en las empresas a través de su representación en los consejos de supervisión. Los sindicatos también tienen un papel importante en la política nacional, y son miembros activos de los partidos políticos y del Consejo de Diálogo Social, que se encarga de la consulta y cooperación entre los empleadores, los sindicatos y el gobierno.
En Alemania y en los países que optaron por construir Estados de Bienestar, a diferencia de los países marcadamente neoliberales como el nuestro, debido a la negativa persistente del grupo político de pertenencia del diputado Schalper, existe una fuerte tradición de participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales y en la protección de los derechos laborales, a través de consejos de supervisión, así como de la negociación colectiva liderada por sindicatos con poder real de negociación. Esta participación ha sido clave para garantizar la paz social y la estabilidad laboral en el país.
El segundo elemento que omite el diputado Schalper es el rol del Estado. En efecto, cuando señala que “asumiendo que la garantía de prestaciones básicas en salud, educación, vivienda y pensiones exigen la cooperación entre servicios públicos e instituciones de la sociedad civil”, la evidencia existente es mucho más explícita ya que no se refiere a una simple “cooperación” sino al rol preponderante del Estado en la provisión de servicios públicos esenciales para la convivencia pacífica de la sociedad. El rol del Estado no es de acompañante sino rector, planteamiento que el diputado Schalper camufla bajo un poco disimulado anticomunismo.
Así, el rol del Estado Social cambia drásticamente con respecto al Estado subsidiario, porque mientras en este último el acceso a los servicios básicos queda librado a la capacidad de compra de la persona en el mercado de los derechos sociales, en el marco del Estado social corresponde al Estado garantizar el acceso universal y equitativo a servicios básicos como salud, educación, vivienda y protección social. El Estado es responsable de crear políticas públicas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades y reduzcan las desigualdades socioeconómicas.
Además, debe asegurar una red de protección social que brinde asistencia a aquellos en situaciones de vulnerabilidad o pobreza, en especial a la mujer trabajadora quien debe asumir un doble rol como productora y cuidadora no remunerada.
En resumen, al Estado social democrático de derecho le asiste la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de toda la población y fomentar un ambiente propicio para el desarrollo humano y social así como promover relaciones laborales justas y equitativas que protejan los derechos de los trabajadores.
Es, a todas luces, la salida política a las crisis que vivimos, porque es una solución cualitativamente superior al desastre al que nos ha conducido el Estado subsidiario de la dictadura.
