Opinión
Luego de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Senado, el Congreso Nacional aprobó el último trámite del proyecto de ley que rebaja la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales, un cambio regulatorio que traerá enormes impactos sociales y económicos. En efecto, disponer de mayor tiempo libre aumenta el bienestar social, mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, ayuda a fortalecer los vínculos familiares, las interacciones sociales, y disminuye los niveles de estrés personal y conflictividad social. Los impactos en el mercado laboral, en términos de empleo y salarios, dependerán de la productividad y capacidad de absorción en los distintos sectores productivos para internalizar el cambio de los precios relativos. Algunos sectores podrán traspasar a precio todo o parte de la rebaja de jornada, otros deberán asumir el incremento del costo laboral, y habrá industrias en que se destruirán puestos de trabajo.
Ahora, más allá de la rebaja gradual de la jornada de trabajo (en 5 años) la ley contempla otros aspectos que conviene destacar: 1.- Incluye la opción que la jornada ordinaria de trabajo se pueda distribuir semanalmente (situación actual) o sobre la base de promedios semanales en períodos de hasta cuatro semanas (mensualización de la jornada); 2.- Autoriza que la jornada de trabajo se pueda distribuir entre 4 y 6 días semanales (hoy solo se puede distribuir entre 5 y 6 días); 3.- Los pactos de distribución de jornada en base a promedios semanales pueden acordarse individual o colectivamente. Si el trabajador es sindicalizado, opera la titularidad sindical y el sindicato puede pactar mayores niveles de flexibilidad (se genera un incentivo positivo para negociar con el sindicato); 4.- Introduce el pacto de compensación de horas extras por días adicionales de feriado legal (hasta 5 días en el año), y 5.- Flexibiliza los requisitos y mecanismos para autorizar jornadas excepcionales (en faenas alejadas de centros urbanos y con continuidad operativa, como la construcción o la minería).
Más allá del mérito técnico de esta reforma – que la tiene- y de los niveles de acuerdo con que fue aprobada – apoyo parlamentario unánime en el Senado- importa destacar la capacidad de los actores sociales y políticos de moverse desde sus posiciones tradicionales y concordar un marco regulatorio que avanza hacia un mercado del trabajo con mayor autonomía de los actores, más moderno y flexible, donde prevalecen relaciones laborales justas, colaborativas y simétricas.
Cuando la construcción de acuerdos se ha vuelto una tarea cada vez más compleja, a través de este proyecto de ley se han logrado aprobar todas aquellas reglas que, en su tiempo, fueron parte de los pactos de adaptabilidad de la reforma laboral impulsada durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y que fueron suprimidas del texto de la ley a través de un veto presidencial, producto de temores y desconfianzas que existían en algunos actores sociales (directiva de la CUT de la época). Un sexenio después, los pactos de adaptabilidad laboral – individuales y colectivos- al igual que el inicio del camino hacia una jornada de 40 horas semanales, empiezan a ser una realidad: ¡en buena hora!
