Opinión
Para zanjar esta discusión, el Serviu y el municipio decidieron contratar un estudio que explorará distintas alternativas para localizar a las familias. Este trabajo tomará cerca de un año. Luego habrá que sumar otro año para aprobar el plan regulador y seis años más para diseñar las viviendas y construirlas. Si sumamos todos los trámites, son 23 años desde que las dirigentas encontraron el terreno. Han pasado tres gobiernos donde se cambian las reglas del juego. Las familias han debido vivir allegadas o pagando arriendos carísimos para no moverse de la comuna donde nacieron y se criaron. Otros no pudieron hacerlo y se movieron a la periferia, rompiendo sus redes familiares.
En su Cuenta Pública, el Presidente anunció que se había fijado una meta ambiciosa al prometer 260 mil viviendas sociales en su mandato, pero para cumplirla enfrenta una gran amenaza: la enorme burocracia que existe al interior del Estado, que tiene larga data y que se ha agravado en los últimos años. Actualmente un proyecto de vivienda social demora 4 años en diseñarse y construirse. Más de la mitad se destina a trámites entre el Serviu y las Direcciones de Obras Municipales y, si el terreno requiere un cambio de uso de suelo, debes sumar varios años más.
Esta pesadilla han vivido 63 familias de allegados de Lo Barnechea agrupadas en el comité de vivienda “Movimiento por la Dignidad” (MPD). La historia se remonta al año 2008, cuando estas familias encontraron un terreno fiscal desocupado en un cerro que miraba al Valle La Dehesa. En el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, las dirigentas del MPD lograron que el Estado se comprometiera a traspasar el predio para construir sus viviendas. Pero el Gobierno cambió y todo volvió a fojas cero. Hubo que realizar nuevas reuniones con las recién asumidas autoridades, que al principio no estaban de acuerdo con entregar el terreno. En Atisba Pro Bono apoyamos a las familias y solicitamos audiencia con ministros y el Presidente Piñera y, junto al alcalde de Lo Barnechea, logramos revertir la decisión. Así, en febrero de 2022, y a pocos meses de entregar el mando, el Mandatario ordenó el traspaso del predio, lo que beneficiará al Movimiento por la Dignidad y a comités del Cerro 18.
Han pasado más de dos años y ni siquiera existe un proyecto. El plan regulador comunal de Lo Barnechea (PRC) no permite viviendas sociales, ya que la densidad está pensada para las grandes casas de La Dehesa, así que el terreno sigue vacío. Hay que cambiar el uso de suelo y las autoridades optaron por el camino más lento: modificar el PRC.
El proyecto comprometido en el Gobierno del Presidente Piñera contemplaba casas con patio, que es la misma solución que tienen las familias de La Dehesa, y ahora se ha informado que se harán departamentos, lo que ha generado una enorme frustración en las familias del MPD. Y razones tienen. El departamento no es una buena solución para las viviendas sociales, ya que impide ampliaciones, que siempre son necesarias en hogares vulnerables. Además los espacios comunes se deterioran rápidamente y, como la mayoría no tiene ascensor, se complica la accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad.
El municipio argumenta que las casas ocupan más espacio con menos habitantes en relación con los departamentos. Sin embargo, el nuevo plan regulador destina un 15% del terreno a un parque, lo que no tiene lógica, si consideramos que Lo Barnechea es la cuarta comuna de Santiago con más cobertura vegetal. Las áreas verdes sobran, pero los terrenos para vivienda social escasean, con un déficit que supera las 3 mil familias. En consecuencia, si existe un predio disponible, lo lógico sería destinarlo exclusivamente para casas, para evitar el riesgo de hacinamiento, dejando plazas vecinales en vez de un parque.
Para zanjar esta discusión, el Serviu y el municipio decidieron contratar un estudio que explorará distintas alternativas para localizar a las familias. Este trabajo tomará cerca de un año. Luego habrá que sumar otro año para aprobar el plan regulador y seis años más para diseñar las viviendas y construirlas. Si sumamos todos los trámites, son 23 años desde que las dirigentas encontraron el terreno.
Han pasado tres gobiernos donde se cambian las reglas del juego. Las familias han debido vivir allegadas o pagando arriendos carísimos para no moverse de la comuna donde nacieron y se criaron. Otros no pudieron hacerlo y se movieron a la periferia, rompiendo sus redes familiares. Han muerto dirigentes y otros están gravemente enfermos y angustiados. Este retraso se repite en cientos de casos, lo que refleja la indolencia de algunos funcionarios y autoridades que siempre encuentran explicaciones para tramitar, pero no para cumplir el sueño de la casa propia, que se ha transformado en una pesadilla para las familias más pobres de Chile por culpa de una burocracia indolente.
