Opinión
¿Por qué en la mesa no cabemos todos? Hablemos de justicia territorial
Según datos del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, Vitacura tiene un presupuesto municipal anual cercano a $1.100.000 per cápita, mientras que, en Lo Espejo, sus vecinas y vecinos cuentan con solo $170.000 por persona. La diferencia es brutal.
El Estado se presenta a la ciudadanía a través de diferentes servicios: iluminación, seguridad, educación, áreas verdes, ayuda social, entre otros. Lamentablemente, la realidad demuestra que la cobertura de estos servicios fundamentales resulta ser todo un desafío para los municipios de comunas con menos recursos.
A pesar de que las municipalidades recaudan sus principales ingresos desde las patentes comerciales y de los impuestos territoriales, lo cierto es que la mayoría de las comunas dependen del Fondo Común Municipal, un mecanismo insuficiente a la hora de redistribuir recursos. Si bien es cierto que leyes como el royalty apuntan a reducir esta diferencia, hay un problema estructural pendiente a resolver en nuestro país.
En el nuevo proceso constituyente vemos una oportunidad de revertir esta enorme diferencia. La semana pasada presenté ante la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional la iniciativa de “justicia territorial”, la que, para mi sorpresa, fue bien recibida de manera transversal.
¿En qué consiste esta propuesta? En incluir en la nueva Constitución tres aspectos centrales: asignaciones diferenciadas para beneficiar a las comunas con mayores necesidades, apuntar a un ingreso equitativo per cápita y mandato estatal para que ciudadanos cuenten con los servicios públicos y/o privados que sean necesarios en sus territorios.
Según datos del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, Vitacura tiene un presupuesto municipal anual cercano a $1.100.000 per cápita, mientras que, en Lo Espejo, sus vecinas y vecinos cuentan con solo $170.000 por persona. La diferencia es brutal.
Y si a esto le sumamos que las comunas con mayores ingresos perciben más inversión al ser consideradas espacios seguros, atractivos y con proyección, las comunas populares quedan estancadas en el tiempo. El desafío es urgente: equiparar e igualar esta desigualdad entre comunas, dejando de lado la discriminación entre unas y otras.
Hoy estamos frente a una oportunidad que no podemos desaprovechar: la oportunidad de poner fin a las comunas de primera y segunda categoría, la oportunidad de que todos los municipios tengamos un espacio en la misma mesa.
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