Una batalla póstuma de Salvador Allende desde su museo: la democratización de la oposición cubana

A raíz del rechazo de Pablo Sepúlveda Allende a una exposición de la artista cubana Tania Bruguera en el museo de la solidaridad Salvador Allende, el sociólogo cubano-dominicano-chileno Haroldo Dilla ha criticado al nieto del presidente mártir de la democracia latinoamericana por usar adjetivos que califica de “extremistas”. Dilla aprovecha la polémica para declarar “condenable” el “argumentar que, a estas alturas, los problemas de Cuba se deben al bloqueo/embargo”.  Después de esta curiosa condena a un argumento del que hay sustancial evidencia, Dilla pontifica que “lo razonable” es oponerse a “la totalidad” del sistema cubano.

Los términos de la polémica Sepúlveda-Dilla reproducen una lógica binaria apoyo-oposición hacia el gobierno cubano. Esas visiones polares empobrecen el análisis sobre Cuba y de seguirse limitarían la capacidad de adoptar desde Chile una política constructiva de izquierda democrática hacia la isla. Esa política debe ser comprometida con la promoción de los Derechos Humanos pero sin concesión alguna a la derecha cubana, que tiene mucho que aprender en términos de compromiso democrático, respeto al multilateralismo y defensa del derecho internacional, incluidas las soberanías latinoamericanas.

Por fortuna, las premisas centrales de esa postura constructiva ya han sido enunciadas por el presidente Gabriel Boric en la cumbre CELAC-Unión Europea. El mandatario chileno ha declarado, con la jerarquía y secuencia adecuadas, que la lucha por los Derechos Humanos en Cuba empieza por la denuncia del bloqueo. Claro que no termina allí y es lógico denunciar las violaciones de estos derechos que cometa el gobierno cubano. Para ello, Boric se para en el más alto terreno moral y jurídico. Está bien acompañado.  La Asamblea General de la ONU y varios altos comisionados, como la expresidenta Bachelet, y numerosos relatores asociados al sistema de Naciones Unidas, concuerdan que la guerra económica contra Cuba constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los Derechos Humanos de cubanos, estadounidenses y por su extraterritorialidad de la soberanía de otros pueblos como el chileno.

El bloqueo no es la causa de “los problemas de Cuba” pero hay evidencias razonadas en las Naciones Unidas sobre los profundos daños que deja no solo en el plano material, sino en el ambiente político donde ocurren las decisiones de Derechos Humanos. Empezar por condenar al bloqueo, como lo ha hecho el presidente Boric es no solo ético (nada de “condenable”), sino también lo único consistente desde la doctrina internacional de Derechos Humanos, para criticar también los importantes desvíos del gobierno cubano del paradigma de la Declaración Universal. Acompañar a Cuba en sus aperturas y reformas, nunca el aislamiento, fue el primer pedido del Cardenal Jaime Ortega a la presidenta Bachelet cuando esta visitó la Habana.

Aquí entra en juego también lo que debe ser la relación de los gobiernos latinoamericanos, y particularmente el chileno con la oposición cubana, de la cual la “artivista” Bruguera se ha declarado parte.

Para empezar es importante distinguir entre anticastrismo y oposición democrática. En Chile debiera saberse. Fueron cubanos anticastristas, pero no demócratas, aquellos que asesinaron a Orlando Letelier y viajaron a Italia del brazo de la DINA para planificar con los fascistas locales el atentado contra el senador demócrata-cristiano Bernardo Leighton. Fueron anticastristas, no demócratas, los que festejaron en Miami, por muchos años el golpe de septiembre de 1973, o incluso en 2009, el golpe de estado contra el presidente Zelaya en Honduras.

La piedra angular del bloqueo contra Cuba es la llamada la ley Helms. Fue el senador, segregacionista racial, por Carolina del Norte, “amigo personal de Pinochet” -según sus propias palabras- quien la propuso y paso en el congreso de Estados Unidos. Es el mismo Jesse Helms, anticomunista que criticó al embajador del presidente Reagan en Chile, Harry Barnes por asistir al funeral de Rodrigo Rojas, quemado vivo en las calles de Santiago por la dictadura. Es el mismo Helms, que cada vez que el exmiembro de su staff John Bolton va a Miami sigue siendo reverenciado como un héroe.

La realidad es que Brugueras aunque se ha referido a la dictadura de Pinochet, no ha reflexionado sobre esa historia, ni ha pedido una disculpa al pueblo chileno por parte de las fuerzas dominantes, todavía llenas de macartismo, dentro del exilio cubano. De hecho, su posición ha sido generalmente la de abogar por una tienda grande, por una unidad, donde quepan todos los opuestos al gobierno de Cuba. No debería ser así. En una oposición democrática al gobierno de Cuba no debería caber nadie que se enorgullezca de cerrar filas con Pinochet y sus crímenes como parte del anticomunismo o de lo que fuese su causa.

La exposición de Bruguera en Chile ofrece una oportunidad para implementar una política hacia la oposición cubana que no olvide esa historia. La condena sin ambages, con nombres y apellidos de esos criminales, algunos de los cuales siguen tratados en Miami como héroes de una cruzada mundial anticomunista, sería una excelente contribución de la artivista a la memoria de Salvador Allende. El respeto a la soberanía por los grandes poderes, llámense Estados Unidos en Cuba y Chile, o Rusia en Ucrania, está en línea con los intereses y valores de Chile y un continente democrático y soberano. Desde la experiencia de la subversión financiada contra Allende en Chile, y el gasto de millones bajo la ley Helms para imponer una agenda confeccionada en Washington de transición en Cuba, Bruguera podría explicar la incompatibilidad de considerarse activista de Derechos Humanos y activista pro-bloqueo.

Chile debe respaldar, desde la ley internacional, una transición democrática en Cuba. Ser oposición al gobierno cubano no debe ser óbice para que Tania Bruguera o algún otro artista exponga su obra en sedes tan emblemáticas como el museo de la solidaridad.  A la vez, las instituciones democráticas chilenas deben dialogar, pedir y demandar que cada opositor cubano, como Tania Brugueras se proclama, empiece por condenar la historia infame de terror, tortura, crimen y sanciones unilaterales que representó la “guerra sucia” anticomunista contra Chile durante el gobierno de Allende y contra Cuba desde 1959 hasta hoy.

A quienes se seleccione para interactuar con la sociedad chilena debe exigírsele distancia explícita hacia el homenaje que el exilio y la oposición cubanas en su mayoría rinde todavía a Jesse Helms, a los asesinos de Letelier, a los que colaboraron con el atentado a Leighton, a los que apoyan que se imponga contra el derecho internacional un bloqueo criminal contra el pueblo de Cuba. Es la misma falta de ética que explica el bloqueo invisible y el deseo de que “la economía chille”, como se hizo contra Allende. Si eso divide la causa anticastrista, en demócratas y no demócratas, tal debe ser el precio del respaldo.

Chile le haría un flaco favor a Cuba, a los Derechos Humanos y a la política norteamericana si permite la normalización del pasado de colaboración criminal entre la dictadura de Pinochet y la oposición anticastrista cubana. Sin descalificar a priori a Bruguera, es tarea de la oposición cubana democrática repudiar la derecha fascista, que sigue habitando en su seno. Para botón de muestra sirva de ejemplo la notable sobrerrepresentación de cubano-americanos anticomunistas- como Enrique Tarrio- en el asalto al congreso norteamericano, la primera rama de la república, en apoyo a Donald Trump, el 6 de enero de 2021.

No sería tampoco democrático adoptar la oposición a la “totalidad” del sistema cubano- como reclama Dilla. Las revoluciones no se producen en las fiestas del Gran Gatsby. A pesar de sus rasgos totalitarios, la revolución cubana deja también un legado de políticas sociales, dignidad soberana, victoria en la lucha contra el apartheid reconocida por Nelson Mandela, solidaridad en materia de salud global, reconocida en la ONU por la entonces embajadora estadounidense Samantha Power, y políticas redistributivas que son loables. No tiene sentido procurar una rebelión totalitaria contra el totalitarismo. Se trata de promover un análisis matizado donde se levanten el diálogo, el pacto y la concertación entre demócratas, comprometidos con la soberanía, al interior del gobierno y la oposición.

En la víspera de la invasión de Bahía de Cochinos, el asesor del presidente Kennedy le sugirió no enviar una invasión anticomunista, sino actuar desde principios democráticos y demandar una elección multipartidista. “Castro puede ganar la primera y la segunda elección pero en algún momento tendrá que convivir con una oposición”.  Promoción democrática es revivir esa posibilidad. La transición chilena demuestra que las narrativas dicotómicas no sirven para entender el pasado, manejar los conflictos del presente y proyectar un mejor futuro.

El legado de Salvador Allende no debe ser reducido a defender “las miserias políticas de Caracas, Managua y la Habana”. Pero un escarnio mayor sería que el nombre del presidente mártir sirva para normalizar las miserias, incluso las miserias perpetradas contra Chile, desde una oposición que sigue sin hacerse la autocrítica.  El Museo de la solidaridad y Bruguera deben contribuir a ese cometido.